La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, será notificada en las próximas horas que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados decidió comenzar a investigarla a raíz de la solicitud de enjuiciamiento presentada por un grupo de dirigentes y abogados. El expediente de la denuncia es el Nº 2898.

El presidente de la comisión, el oficialista Diego Lara, destacó que ni bien ingresó la denuncia el pasado lunes 12, de forma inmediata los legisladores comenzaron a analizar la petición. En ese marco, resaltó el hecho de que la presidenta del STJ se haya puesto a disposición de la comisión investigadora el viernes último, cuando presentó un escrito solicitando que se abra la investigación. Luego de ser notificada, Mizawak tendrá seis días para ampliar su descargo y luego la comisión fijará una fecha para que ejerza el derecho de defensa.

“Me parece que, en orden a ese escrito, hay una voluntad de todos de que podamos abrir la investigación”, dijo Lara y señaló que seguirán el mismo tratamiento que tuvieron con el pedido de juicio político al suspendido juez Carlos Chiara Díaz.

Tras la introducción de Lara, los diputados acordaron producir la prueba que consideran pertinente para la investigación. La primera diligencia en ese sentido se llevará a cabo este miércoles, cuando el presidente de la comisión viaje a la ciudad de Buenos Aires para recolectar información sobre sociedades comerciales vinculadas al apellido Mizawak. En esa misión será acompañado por otros legisladores oficialistas y de Cambiemos. La Inspección General de Justicia, es uno de los organismos a los que concurrirán.

¿Qué buscarán? Documentación sobre empresas en las que aparezca Mizawak. Concretamente, el oficialismo sólo consideró que debe consultarse si la presidenta del STJ integra o integró una sociedad comercial con domicilio social, legal y fiscal en Capital Federal. Pero se opusieron a la recomendación de la oposición, que quieren recabar datos sobre dos firmas: Residential SA y Construyendo SA, donde una de las hijas de la jueza, Eugenia Ormache y su padre, Jorge Mizawak, integran el directorio junto a Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech y Claudio Tórtul.

En uno de los momentos más discutidos de la reunión, el diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador/Unión Popular) defendió la postura de requerir informes sobre las sociedades comerciales que integran los familiares de la magistrada. Bahler leyó que los domicilios societarios de ambas empresas están en Junín 658, piso 6, departamento A, Torre B de la Capital Federal. Cabe señalar que el periodista Daniel Enz, director de la revista “Análisis”, reveló que en el mismo domicilio se encuentran las empresas Kriptax y Agro Premiun, del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

La diputada Rosario Romero (FPV) planteó su oposición a habilitar esa medida de prueba: “No lo estamos investigando al padre”, afirmó. Más tarde, explicó que su postura tiene un inconveniente de “corte formal” ya que considera que estarían investigando cuestiones que no fueron denunciadas concretamente. “Si nos salimos de la denuncia nos puede hacer un planteo. Estamos saliéndonos de lo denunciado”, advirtió en varias de sus intervenciones. Lara también se manifestó en contra de habilitar esa medida de prueba.

La diputada Gabriela Lena (Cambiemos) intentó convencer a los diputados oficialistas de que se incluya el pedido de información sobre las sociedades comerciales de la familia Mizawak: “Hay mucha sospecha de que eran testaferros. Si la hija no es solvente, cómo va a integrar una sociedad comercial”, señaló la diputada oriunda de Chajarí. El asunto no obtuvo consenso para incorporarlo entre las medidas de prueba.

En Entre Ríos, en tanto, librarán un oficio a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, para que informe si desde el mes de enero de 2008 a la fecha Mizawak integró o integra algún tipo de sociedad comercial. En la denuncia se cita un artículo periodístico que señala que hasta agosto de 2008 la magistrada integró la firma AyM S.A. con quien es su actual esposo y secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo.

La empresa está vinculada al rubro de la construcción y se sospecha que la jueza recayó en una incompatibilidad, porque habría ejercido como vocal del STJ durante nueves meses mientras integraba dicha empresa violando la ley orgánica del Poder Judicial que en su artículo cuarto dice que “es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial o profesional (…)”.

Finalmente, se acordó enviar oficios al Superior Tribunal de Justicia, a la Contaduría General de la provincia, al Tribunal de Cuentas, y a la contaduría del STJ, entre otros organismos.

Testimoniales, otro punto de diferencias

Los diputados oficialistas, mayoría en la comisión, comunicaron que en esta etapa no se convocaría a prestar declaración en calidad de testigos a los magistrados que intervinieron en la causa Smaldone. Ellos son: Bernardo Salduna, Daniel Carubia, Susana Medina De Rizzo, Leonor Pañeda, Emilio Castrillón, Hugo Daniel Perotti, Miguel Angel Giorgio y Julio Perez Ducasse. Y tampoco al suspendido Carlos Chiara Díaz.

Cambiemos solicitó que sean convocados, incluso el magistrado que enfrentará el juicio político ya que fue quien denunció una supuesta maniobra de Mizawak para que la designación irregular en el Tribunal de Cuentas de Guillermo Smaldone sea declarada en abstracto. Este martes por la tarde continuaban las negociaciones entre los bloques para alcanzar un acuerdo sobre las testimoniales. El FpV se mostró cerrado en la postura de no convocar testigos.

Denuncia

Los abogados que denunciaron a Mizawak consideran que los siguientes hechos son constitutivos de causal de mal desempeño: a) viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias; b) Participación en sociedades comerciales con el Sergio Urribarri y Daniel Arroyo. Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura; c) Manipulación del trámite de la causa “Arralde” y tráfico de información; d) Percepción de sobresueldos – enriquecimiento sin causa; e) Grave negligencia, inidoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia. Robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.

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