El exintendente de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, sufrió un nuevo revés judicial este miércoles al mediodía cuando el juez de Garantías Nº2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, comunicó su rechazo al pedido de sobreseimiento que interpuso por segunda vez en el marco de una causa en la que está siendo investigado, junto a su esposa Patricia Díaz, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Los abogados defensores adelantaron que apelarán la decisión.

El pasado 7 de marzo se realizó la audiencia en la que los abogados defensores, Marciano Martínez y Guillermo Reggiardo, solicitaron al juez Ruhl el cierre de la causa que se abrió en 2016 tras una publicación de la revista “Análisis”, que dio cuenta de la existencia de cuentas bancarias en la República del Uruguay. El artículo decía que la esposa del exvicegobernador tendría en el Scotia Bank de Montevideo una cifra de u$s 1.160.000, como así también inversiones en bonos en Chile, Brasil, Estados Unidos, México y el Uruguay por 886.148 dólares.

El año pasado y ahora, la defensa presentó un documento que certifica que los encausados no tienen cuenta en el banco mencionado. Sin embargo, la Fiscalía solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que busque datos en todas las entidades bancarias del país vecino y por ello la investigación sigue abierta.

Los defensores de Rossi y su esposa consideran que el artículo periodístico fue un “carpetazo” luego de que dieran a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado Argentino precisiones sobre la condena por enriquecimiento ilícito que tuvo Rossi en 2006.

En la audiencia pasada, el fiscal a cargo de la causa, Álvaro Piérola, se opuso al planteo de sobreseimiento y recordó que este puede solicitarse una vez que los investigados hayan sido imputados, cuestión que todavía no llegó a concretarse. Y es que el acusador público está a la espera de la respuesta de un oficio que elevó a la Afip, en la que pide se le informe si Rossi y Díaz tienen cuentas en algún banco de Uruguay. El organismo, a través de la División de Fiscalización Internacional, requirió esa información a su par del país vecino pero aún no obtuvo respuestas.

En la audiencia de este miércoles, ante la presencia del fiscal, los defensores y Rossi, el juez Ruhl dio los fundamentos en rechazo al pedido de sobreseimiento. En primer lugar hizo notar que el planteo no es procedente por cuanto aún los dirigentes no fueron imputados y porque no verifica dilación en los plazos por parte de la Fiscalía. En definitiva, los argumentos fueron similares a los vertidos en septiembre del año pasado cuando se pronunció por primera vez sobre el tema y le dio la razón al fiscal.

El magistrado señaló que el artículo Nº 395 del Código Procesal Penal especifica que el pedido de sobreseimiento “sólo puede ser propuesto una vez percibida la declaración indagatoria de los imputados” y que también “dicha petición se podrá hacer en el caso de que la acción penal se haya extinguido, que no es el caso”.

Explicó que para que proceda el sobreseimiento se “debe tener certeza negativa acerca de que el hecho no fue cometido por el imputado o que el hecho imputado resulta atípico” o si la acción penal se encuentra extinguida. “Ninguno de estos extremos se verifica en autos”, resaltó Ruhl.

Más adelante, remarcó que la investigación “tiene pocos meses de inicio” y en la que “restan producir pruebas dispuestas por el fiscal, fundamentalmente la que se debe diligenciar en extraña jurisdicción”.

El juez recordó también que la Fiscalía requirió información a la Afip y que dicho organismo respondió que “el trámite demandará un tiempo prudencial”. “Esa información es de vital importancia para la investigación del Ministerio Público Fiscal y de ninguna manera puede ser suplida por una evacuación de informe de un banco que da cuenta que las personas donde se direcciona la investigación no registran apertura de cuentas”, sostuvo el magistrado.

Ante esa situación, entendió que “no es la oportunidad y que no se verifican los extremos requeridos” para dictar el sobreseimiento. A la vez, dijo que “no se advierten dilaciones” por parte de la Fiscalía.

Al término de la audiencia, el abogado de Rossi, Guillermo Reggiardo, confirmó que apelará la resolución dictada por Ruhl.

Rossi y las 20 cuadras

En la causa en la que sí está imputado el dirigente peronista es la que se tramita en la Unidad Fiscal de La Paz, donde se investiga el supuesto sobreprecio en la obra de pavimentación de 20 cuadras en la localidad del Santa Elena, durante 2014 -cuando era intendente-.La causa se abrió por una denuncia presentada por el actual intendente Silvio Moreyra (PJ). El exjefe comunal declaró el pasado 8 de marzo ante el fiscal Santiago Alfieri.

Además de Rossi, también fueron imputados ex funcionarios de su gestión, técnicos de la firma constructora y el empresario de L&C, Néstor Juan Szczech. La fiscalía considera que para lograr esa operación hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora.

La imputación dice que Rossi pagó a la empresa L&C más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones.

El monto del perjuicio al erario público, calcula la fiscalía, tiene un monto máximo superior a los $5 millones y un mínimo de más de $1 millón.

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.