Se realizó hoy la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y que tiene como imputado al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) y actual asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa.

La audiencia, presidida por la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo, contó con la presencia, por primera vez, del propio Canosa, asistido por sus defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, más los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo. En un plazo de cinco días, informó la magistrada, se conocerá la resolución que dispone la elevación a juicio oral de la causa que investiga de qué modo el extitular de Canosa (entre 2007 y 2015) benefició a parientes y amigos, a través de empresas ligados a éstos y con las cuales la tarjeta oficial hacía negocios.

“Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos”, resumió el fiscal Malvasio durante la audiencia. No sólo acreditados los hechos: también la autoría del delito por parte de Canosa. “Se le atribuye que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano, Carlos Canosa,Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano, Carlos Canosa, y la suegra de éste, Mirta Gueler, Texmer.

Con Excelcom contrató en “15 oportunidades”, por montos de 936.695 pesos, y 716.059 dólares.
Con la firma Texmer contrató Canosa desde Sidecreer “7 veces”, por un monto de $1.127.286.

Y con la constructora JDR, de José Daniel Romero, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa, y por lo tanto su tío político), contrató “9 veces”, por 107.949 pesos.

“La Fiscalía entiendo que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, evaluó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

Dijo que hubo plena conciencia del proceder por parte de Canosa, quien es abogado, lo que consideró como un “agravante”, y como “atenuante”, señaló la carencia de antecedentes penales.
El defensor Barrandeguy no se opuso a la elevación de la causa a juicio, aunque previno que “estos hechos han sido todos negados. Las pruebas las vamos a arrimar en el juicio, y refutan sin ninguna clase de duda el pedido de juicio”.

Testigos

En el listado de testigos que presentó el fiscal Malvasio se destacan el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), cuya denuncia contra Canosa, presentada el 19 de diciembre de 2016, abrió dos causas penales: una por negociaciones incompatibles, y otra por enriquecimiento ilícito contra el funcionario.

La delegada judicial Constanza Bessa, que fue quien encabezó el allanamiento a la casa del extitular de Secreer, Carlos Canosa, en el barrio privado Santa Cándida; Fernando Ferrari, del gabinete de informática forense; Silvia Kupervaser, actual vicepresidenta de Sidecreer; Federico Tomas, presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos; Horacio Bechara, extitular de Sidecreer; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; Aurelio Miraglio, contador general de la provincia; Alberto Fernández, director de Ceremonial; el actual presidente de Sidecreer, Tomás Proske; y los periodistas Martín Carboni, Horacio Barrionuevo y Ricardo David.

Hubo bastante coincidencia entre Fiscalía y defensa respecto del listado de testigos y la prueba aportada. Sólo se generó un debate que debió zanjar la jueza Firpo y que se relacionó con la declaración de Diego Urba como testigo de la defensa. Barrandeguy pretendió que declarase sin el juramento de decir verdad, a lo que se opuso el fiscal Malvasio. Como tiene suspensión de juicio a prueba por un año –plazo que se cumple el 25 de agosto de 2018–, la magistrada aceptó con condiciones su declaración: si el juicio oral a Canosa se hace después de esa fecha, podrá hacerlo, pero con juramento de decir verdad. Si es antes, no, porque está coimputado.

La defensa pidió que se citen como testigos a Pedro Raiteri, exgerente general de Sidecreer; Luis César Sonnaillón y Alfredo Muzachiodi, síndicos de la tarjeta; y, entre otros, María Gabriela Vergara, gerente general de Sidecreer.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.