En la segunda jornada del juicio al empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, la fiscalía solicitó que se lo declare autor material del delito de falsificación ideológica de documento público y se le imponga la pena de dos años y tres meses de prisión condicional, más la inhabilitación por el doble de dicho plazo para ejercer cargos públicos. En tanto, la defensa del empresario kirchnerista pidió la absolución.
Este martes se desarrollaron los alegatos en el juicio al “Jardinero K” por haber insertado, en octubre de 2012, en la declaración jurada sobre incompatibilidad del formulario de inscripción del Registro de Proveedores del Estado, la aseveración de que no era funcionario o empleado en la Administración Pública de Entre Ríos, a pesar de conocer que mediante el decreto provincial Nº 2693, del 15 de agosto de 2012, había sido designado en el cargo de coordinador ad honorem, de Relaciones institucionales en el Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer).
Para la fiscalía, la omisión le permitió a Barreiro ser incorporado al Registro de Proveedores y luego presentarse a una licitación que ganó y se le adjudicó un contrato –mediante su empresa RP Transportes- por el cual se le pagó $220 mil.
En la audiencia de este martes las partes expusieron las dos teorías en debate: por el lado de la fiscalía se argumentó que Barreiro conocía que había sido designado funcionario y que por lo tanto no podía haber participado de una licitación pública; mientras que la defensa negó que el empresario santacruceño haya estado enterado de su nombramiento, afirmando que nunca fue notificado sobre el cargo que se le había dado.
Para la fiscalía, Barreiro sabía que era funcionario
En su alegato, el fiscal Alejandro Joel Cánepa repasó la versión de Barreiro y las de los tres testigos que pasaron este lunes ante el juez Pablo Vírgala: Pedro Báez, ex ministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial; Sebastián Lorenzo, ex titular del Ceicer; y Hugo Marsó, ex ministro de Turismo y actualmente representante de Entre Ríos en Buenos Aires.
El fiscal resaltó que las versiones dadas este lunes son una “ofensa a la lógica”. Refirió que en su declaración Barreiro admitió que con Sebastián Lorenzo, ex titular del Ceicer, los une una amistad y la militancia política, que por ello comenzó a colaborar acercando artistas y programas para la provincia; y que todo lo hacía en “nombre de ellos”.
“`Ellos`, eran las autoridades de Cultura de la provincia de Entre Ríos”, remarcó Cánepa.
Recordó que a Barreiro “se le ofreció una «chapa» para que vean que estaba colaborando con la provincia, pero que se negó porque dijo que él era empresario,» pero cuando Lorenzo le dijo que iba a ser algo ad honorem entonces aceptó”.
Cánepa señaló que Barreiro se reunió varias veces con Lorenzo en Entre Ríos y que dijo que nadie lo notificó sobre su designación. Sobre la declaración testimonial del diputado Báez, Cánepa indicó que fue más explícito ya que “la designación de Barreiro fue la formalización de la relación de éste con Lorenzo, que era el coordinador del Ceicer, para darle institucionalidad al rol de colaborador que este tenía con la provincia ante la Nación”. Indicó que Báez reconoció que gestionó la designación de Barreiro que se plasmó en agosto de 2012.
Citó palabras de Báez en las que habló de las dificultades para entablar relaciones con el gobierno nacional y como Barreiro tenía cercanía a la entonces presidenta Kirchner y a algunos de sus ministros, lo veía como “determinante” para designarlo. “Al diputado no le interesó conocer ninguna otra cualidad de Barreiro, lo determinante eran las relaciones de Barreiro a nivel nacional para realizar las gestiones que la Provincia necesitaba”, dijo el fiscal.
Asimismo, Cánepa resaltó que Báez contó que se reunía con Barreiro en el marco de las gestiones que se les iban a encomendar y que el nombramiento estuvo vigente hasta el final de la gestión del entonces gobernador Sergio Urribarri, es decir, hasta 2015.
El representante del Ministerio Público Fiscal puso énfasis en el decreto de designación: “El decreto formaliza aquello que tanto Lorenzo y Báez decían que Barreiro realizaba”, afirmó.
A raíz de ese decreto, el fiscal sostuvo que “esto lo convierte en funcionario” y que el nombramiento tuvo la publicidad respectiva a través del Boletín Oficial de la provincia del 26 de septiembre de 2012. Más adelante resaltó un detalle que consideró que no pudo haberse pasado por alto: en la página 5 de aquel Boletín se informó de la designación de Barreiro y en la 21 aparece el llamado a licitación de la Dirección de Turismo, dependiente del Ministerio de Turismo.
Sobre este punto, el fiscal detalló que la provincia contrató dos unidades de Barreiro para hacer 40 viajes en 30 días, pero que en realidad se hicieron 33 viajes: 31 a Tecnópolis, uno (1) a Temaikèn y otro a Rosario. Por ese servicio la empresa de transporte de Barreiro cobró 220 mil pesos.
Sobre la discusión de si Barreiro conocía su situación de funcionario, Cánepa consideró que las versiones dadas por el imputado y los testigos fueron una “ofensa a la lógica”. La versión es, en resumen, que Lorenzo le propuso una cargo ad honorem a Barreiro, que aceptó y que luego Lorenzo le transmitió la idea al entonces ministro de Cultura Báez. Luego Báez motorizó la firma del decreto, pero Lorenzo, según su versión, nunca supo que la misma se había concretado y por lo tanto nunca le dijo del nombramiento a su amigo de militancia, el “Jardinero K”.
En relación a la licitación pública, el fiscal destacó que Báez admitió que conocía de la licitación para los viajes a Tecnópolis porque muchas escuelas le agradecieron la iniciativa. Cánepa marcó que Báez sabía que Barreiro ganó la licitación pero aun así no le contó a su colega ministro de Turismo, Hugo Marsó y a Lorenzo. “Qué pasa con esta gente que no habla entre ellos. Esto es un matrimonio desavenido que perdió la conversación cuando acá estamos hablando de colaboración, de solidaridad, de trabajo febril, de codo a codo, mano a mano, de compañerismo, de militancia, sin embargo nadie menciona el tema a Barreiro. Eso es ilógico”, sentenció Cánepa.
Las mentiras de Marsó y Lorenzo
En otro tramo de su extenso alegato, el fiscal Cánepa planteó que por lo menos dos ex funcionarios mintieron ante el Tribunal: el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó y el ex titular del Ceicer, Sebastián Lorenzo. “No es cierto lo que dijo Marsó, esto no era una contratación de colectivos para ver donde se podía llevar a los chicos. El objeto de la contratación fue claramente llevar alumnos a Tecnópolis”, dijo Cánepa y citó un informe de la Dirección de Turismo Social en la que se detalló que hubo 33 viajes, de los cuales 31 fueron a Tecnópolis , uno a Temaiken y otro a la ciudad de Rosario. Por esos viajes Barreiro cobró $220 mil.
Cánepa precisó que no hubo 40 viajes ni 30 días de contratación, ya que el 18 de octubre de 2012 se hizo el primer viaje y Tecnópolis había cerrado el 11 de noviembre de 2012. En ese lapso de tiempo hay 24 días.
El pliego de Beorda
Otro punto en el que puso énfasis el fiscal fue en el hecho de que el pliego licitatorio de Barreiro fue comprado por Aníbal Beorda, que trabajaba con Lorenzo en el Ceicer. En aquel entonces era director del Departamento de Competitividad del Ceicer, y hoy es el titular del organismo. “No sólo le compró el pliego, se notificó de la resolución y la adjudicación de la licitación. Beorda se notificó el 16 de octubre, y el mismo día Barreiro firma el contrato con el director de Turismo Social, sin que nadie sepa que Barreiro cumplía funciones para el Estado provincial”, dijo el acusador y agregó que en la ampliación de declaración, el empresario santacruceño se refirió a un “Anibalito” que hacía trámites en la provincia pero que nunca supo su apellido.
“No sé si Anibalito es Aníbal Beorda, pero lo cierto es que acá hay un funcionario de la provincia que trabaja con una persona que tenía la relación con Barreiro, que era Lorenzo”, expuso Cánepa. Al mismo tiempo planteó sin rodeos que el ex titular del Ceicer mintió este lunes: “Claramente no puede ser cierto lo que dice Lorenzo, y es que no sólo conocía de la licitación sino que también conocía que –Barreiro- era funcionario público. Y Lorenzo era amigo de Beorda, y Lorenzo era amigo de Barreiro y por esos sus dichos no pueden ser analizados con objetividad, no es veraz”.
Al culminar su alegato, el fiscal subrayó que el empresario al momento de inscribirse como proveedor del Estado entrerriano lo hizo con el conocimiento de que era funcionario provincial y que ello encuadra en el delito de falsificación ideológica de documento público. “Es evidente el perjuicio ocasionado a la fe pública y también un perjuicio moral a la administración pública, Barreiro participó de una licitación en la cual estaba vedado participar. El Estado contrató a una persona que tenía vedad contratar”, expresó el fiscal.
Cánepa resaltó que también hubo un perjuicio económico para el Estado provincial pero que será evaluado por la fiscalía, y se remitió al informe de la Dirección de Turismo Social, en el cual se informa que se pagó de más una contratación que no alcanzó a ejecutarse en su totalidad. Ya que de 40 viajes acordados sólo se hicieron 33.
Por todo lo expuesto, el fiscal solicitó que se declare a Barreiro autor material del delito de falsificación ideológica de documento público y se le imponga la pena de dos años y tres meses de prisión condicional, más la inhabilitación por el doble de dicho plazo para ejercer cargos públicos.
La defensa pidió la absolución
A su tiempo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional peronista y ex convencional constituyente, Raúl Barrandeguy, se quejó por el rol de la prensa y el mote que se le dio a su cliente –el Jardinero K-. Mencionó especialmente al periodista Jorge Lanata, quien hizo un programa en 2013 donde se dio a conocer los vínculos de Barreiro con la familia Kirchner. El letrado también cuestionó al denunciante Guillermo Mulet, a quien, si bien reconoció que tenía derecho a presentar una denuncia como cualquier ciudadano, sostuvo que la denuncia menciona “casi como de rondón la imputación que terminó trayéndolo a mi defendido a este lugar. El denunciante, en primer lugar, habla de negociaciones incompatibles con la función pública”, dijo Barrandeguy y planteó que “algunos operadores del sistema deberían leer el Código Penal”.
Luego Barrandeguy se quejó por una vista fiscal que corrió el juez Humberto Franchi en 2014 en la que sugirió investigar las negociaciones incompatibles. Acto seguido, el letrado leyó la respuesta de la fiscal Viviana Ferreyra, quien rechazó en noviembre de 2015 ampliar la imputación a negociaciones incompatibles.
Además, el abogado defensor dijo que la fiscal elogió la licitación en la que participó Barreiro. “Lo que aquí ha venido ocurriendo es que todo el mundo cree que se está juzgando a un José López, que puede haber millones de dólares comprometidos. Todo el mundo cree que Barreiro se ha llevado a Buenos Aires y su domicilio media provincia”, afirmó enseguida.
En relación a los viáticos, el abogado destacó que Barreiro no cobró viáticos pudiendo haberlo hecho: “Esto es objetivo, podemos tener simpatía por un gobierno o una gran antipatía o podemos ser extremadamente críticos de los ministros Báez y Marsó pero esto en definitiva es una cuestión secundaria. Lo que es relevante son los hechos probados, que nos libran del papelón de las conjeturas en el año 2017. De pedir la restricción de la libertad basado en conjeturas”.
“La denuncia para mí es una denuncia más, el hecho de que haya una persona vinculada a determinados sectores políticos del gobierno es un detalle”, planteó Barrandeguy, y agregó que “acá claramente aparece por allí sorpresivamente este hecho”. “Sugiere la idea de que hay un impulso, no importa de dónde viene, hay un impulso”, dijo el abogado en relación a la imputación por falsificación ideológica de documentos públicos.
Tras cuestionar a los periodistas que informaron sobre el caso, el letrado aseguró que no existe falsificación ideológica porque no hay pruebas de ello. En ese sentido, el abogado de “El Jardinero K” subrayó que “a la falsedad no se la ha probado, se puede decir, yo lo admito, que llama la atención que una persona educada, con antecedentes universitario no haya leído lo que firmaba, pero no es suficiente. Prueba es demostración, no es sospecha”.
En ese marco, Barrandeguy dijo que no hay una sola prueba de la falsedad, y que si la misma se va a probar por la persona que retiró el pliego “estamos yendo por un mal camino”. Asimismo, reiteró que Barreiro no sabía que era funcionario y que “no se ha probado que sabía”.
Más adelante, Barrandeguy afirmó que “yo creo que la falsedad se la han producido a Barreiro” porque aseguró que los colectivos que alquiló al Estado entrerriano volvieron con destrozos.
Enseguida remarcó que su defendido no sabía que era funcionario. Citó informes de julio de 2012, mayo y septiembre de 2013 en los que se da cuenta del listado de funcionarios provinciales en los que no se encuentra Barreiro.
Casi al final de su alegato, planteó que la designación de Barreiro posiblemente fue un “error”. “El decreto de designación nadie sabía bien qué era. Probablemente estos procedimientos para un entendido en Ciencias de la Administración pueda ser tomado como ejemplo de cómo no se debe proceder”, dijo.
Luego tomó la palabra su socio, Candelario Pérez, quien afirmó que Barreiro debía ser informado cuando fue designado. El abogado enfatizó que en la administración pública hay actos que se notifican de forma general y otros de manera particular, el caso de Barreiro, según Pérez, debía hacerse de este último modo.
Asimismo, Pérez señaló que “Barreiro nunca ejerció funciones, habrá hecho contacto con funcionarios del orden nacional, pero es no es función pública. No podemos basarnos en conjeturas y suposiciones”.
El cierre fue para Barrangeguy, quien pidió justicia y la absolución para Barreiro. “Aún en un supuesto de condena él no puede irse a la calle como condenado por haberse llevado a su casa fondos del Estado. No ha cobrado un viático, ni sueldo, y el único negocio en el que intervino fue considerado inobjetable por el Ministerio Público Fiscal”.
El martes, a las 8, se conocerá la sentencia del juez Pablo Vírgala.
Especial para Entre Ríos Ahora.