La Unidad de Violencia de Género del Poder Judicial pidió hoy la realización de una pericia psiquiátrica y psicológica al diputado provincial peronista y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, en el marco de la causa por violencia de género que tiene como denunciante a la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Fue durante una audiencia ante el juez de Garantías Ricardo Bonzzola, de la que participó Allende junto a sus defensores, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que se realizó este viernes, y en la que los fiscales Leandro Dato y Fernanda Ruffatti pidieron la prórroga de las medidas de restricción que rigen hasta este domingo, y que suponen la imposibilidad de todo contacto entre el legislador y la funcionaria del gabinete del gobernador Gustavo Bordet. Pero la peculiaridad es que ahora los fiscales no solicitaron que se aplique una perimetral de 200 metros, sino la prohibición de contacto físico, por intermedio de terceras personas o a través de redes sociales.

La Justicia había aplicado esa perimetral por 90 días en noviembre último -medida que vence este domingo- como consecuencia de la denuncia por “coacciones graves” que le interpuso la ministra  Velázquez.

La medida fue pedida por el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, y autorizada por el juez de Garantías, Mauricio Mayer. Por 90 días, el legislador tuvo prohibido todo contacto con la ministra.

El incidente

El viernes 26 de octubre, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los “aprietes” de los que fue objeto de parte de Allende.

El hecho principal que motivó la denuncia fue reflejado por Entre Ríos Ahora, y de acuerdo a los testimonios recogidos habrían sido testigos las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? -preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

-Pero por qué no te vas a la mierda -contestó el diputado.

Allende había comenzado octubre con un fuerte entredicho con la ministra, que se materializó con la carpa que instaló la UPCN y  una manifestación que hizo frente a Casa de Gobierno, durante la primera semana de octubre, en la que pidió la cabeza de la ministra de Salud.

Prórroga

La prórroga por 60 días de la restricción de contacto –ya  no de acercamiento, por cuanto el legislador podría así seguir cumpliendo con sus labores en la Cámara de Diputados, que funciona en Casa de Gobierno al igual que el Ministerio de Salud-, dijo el fiscal Dato, es “una medida razonable” en razón de la “protección de la mujer víctima de violencia de género”.

El pedido de prórroga de la restricción para todo contacto entre Velázquez y Allende se funda, dijo el fiscal, en nuevas evidencias que han surgido en la investigación penal preparatoria que lleva adelante. Mencionó actos intimidatorias y frases pocos felices, como cuando dijo que la titular de la cartera sanitaria “tiene un problema en la cabeza”.

El Ministerio Público Fiscal desistió ahora de la perimetral y sólo pidió el impedimento de contacto personal –podrán, por caso, compartir un acto político, por ejemplo, o un compromiso de gobierno por cuanto Allende preside la Comisión de Salud de Diputados-, y arguyó que se trata de “medidas de mínima intervención respecto a la libertad ambulatoria” para el legislador, “pero que tienen un significado para la mujer”.

Al final, pidió que Allende sea sometido a una pericia psiquiátrica y psicológica.

El defensor Lambruschini se opuso a esa última petición. Aunque apoyó el pedido del fiscal de prorrogar por 60 días la prohibición de contacto físico y personal entre ambos, sin la perimetral de 200 metros, rechazó de plano la realización de la pericia.

“Se trata de una medida de prueba que requiere de modo necesario una colaboración activa por parte del imputado. Esta pericial requiere que el imputado se someta a entrevistas, y por tanto a un interrogatorio, cuyos dichos pueden ser utilizados como prueba de cargo en el proceso. No puede disponerse una medida de prueba sin el consentimiento del imputado. No puede ser dispuesta de modo coercitivo, por cuanto vulneraría la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo”, señaló.

En caso de que se haga lugar a esa pericia, adelantó Lambruschini, “nosotros aconsejaremos a nuestro asistido que se ampare en el derecho a no declarar contra sí mismo, con lo cual la pericia no podrá ser realizada”.

La posición fue compartida por el defensor Federik. “No podemos  ante el menor conflicto que suscita la discusión de las partes o que genera una situación como la de este caso, someter al imputado a una serie de pericias psicológicas, una serie de interrogantes, que en definitiva, podrán señalar algunos aspectos de su personalidad, pero eso no necesariamente tiene que ver con la acción”, arguyó.

No hubo resolución inmediata del juez ante los planteos, y abrió un cuarto intermedio hasta las 12.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.