El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, su cuñado, Alejandro Almada, y el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, se enfrentan este sábado a un duro pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal en el marco de la escandalosa causa de los contratos truchos en la Legislatura.

La Fiscalía pidió prisión preventiva hasta que la causa sea remitida a juicio oral.

Aguilera es actualmente secretario del bloque de senadores del justicialismo en la provincia, y Almada es empleado de la Legislatura. Ellos tres fueron señalados como «el eslabón más alto de la pirámide» de la «organización delictiva» que sustrajo aproximadamente $2.000 millones de los fondos de la Legislatura entrerriana mediante la maniobra de contratataciones truchas, según el desarrollo de la exposición de la fiscal Patricia Yedro, que lleva adelante la acusación junto a Ignacio Aramberry.

La audiencia está presidida por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, y participan los tres imputados, más sus abogados defensores. Almada es asistido por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli asisten a Almada; Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen, asisten a Aguilera; y Emilio Fouces, que asiste a Cardoso.

 

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y llevó a prisión primero  a cuatro personas, que son considerados los eslabones que estarían en la base de una «organización criminal» encargada de defraudar al Estado. Esos primeros detenidos, con prisión preventiva por cuatro meses, son  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao. A ellos se sumaron luego los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Roberto Ariel Faure, a quienes se envió a la cárcel por un plazo de 90 días.

Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

 

La fiscal Patricia Yedro ratificó en la audiencia de este sábado que “estamos frente a una organización” dedicada a defraudar al Estado y consideró que Aguilera, Cardoso y Almada resultan ser “los eslabones más altos de la pirámide”.

“La Fiscalía cuenta con evidencia para sostener que Cardoso junto a su par de Senadores, Gustavo Pérez, ya detenido, actuaban con plena connivencia y conocimiento para sustraer dineros públicos”, afirmó. “Esta afirmación –completó- no es antojadiza, porque la evidencia que contamos sustenta la teoría del caso de la Fiscalía”.

Para eso, citó intercambio de mensajes, correos electrónicos y chats entre los distintos involucrados en esa “organización”. De Almada dijo que contaba con “un rol preponderante en la organización, con directa vinculación con Cardoso. Se desempeña en el Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, bajo las órdenes de Cardoso. No caben dudas de que tenía acceso directo a las contrataciones”.

Yedro exhibió un informe proporcionado por el Banco Bersa sobre las operaciones financieras del cuñado de Aguilera, en particular el cobro de cheques librados contra la cuenta de la Cámara de Diputados. Y agregó que entre marzo de 2016 y septiembre de 2018 percibió una suma de $112 millones. Aunque esbozó que la suma podría ser superior por cuanto mucha de la documentación que avalarían esas transferencias desapareció producto de la destrucción de pruebas por parte de los sindicatos como integrantes de esa organización.

Y recordó que Almada fue detenido a comienzos de 2018 en el Acceso Norte llevando consigo más de $371 mil cuya procedencia no se pudo justificar. Esa situación motivó la apertura de una causa en la Justicia Federal. Ese hecho ocurrió el 18 de enero, y la fiscal Yedro hizo notar que “en días previos, el 15, el 16 y el 17 de enero, hay entregas de dinero registradas al señor Alejandro Almada” provenientes de los contratos truchos.

 

Respecto de Aguilera, dijo que “de la evidencia con la que cuenta la Fiscalía, podemos decir que el señor Aguilera era el destinatario final, o representaba al destinatario final de la recaudación. Así surge de las planillas”.

“Aguilera –sostuvo Yedro- tenía poder decisorio fundamental respecto a quién contratar y los montos de los contratos. Además, Aguilera tenía influencia sobre ambas Cámaras, Diputados y Senadores”.

El Número 1

El fiscal Ignacio Aramberry planteó la “desconfianza” que genera en la Fiscalía mantener la libertad de los imputados por la eventual obstaculización que pudieran representar para la investigación, y por eso planteó el pedido de que se los mantega en prisión preventiva hasta el momento de la elevación de la causa a juicio.

La jueza Barbagelata consultó qué plazos maneja la Fiscalía para cerrar la investigación: finales de marzo o principios de abril, indicaron los fiscales.

Aramberry dijo que en los chats y en los correos electrónicos entre los distintos imputados en la causa de los contratos truchos “siempre se hace alusión al Número 1. Lo que pone en evidencia que existió una cabeza. Esa cabeza podrían ser los imputados que hoy tenemos aquí”.

“Estamos ante quienes recibían el dinero, el producto de todo lo recaudado. Estamos ante los escalones superiores de la estructura organizativa”, completó.

 

Rechazo

Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera, pidió que se reformulara el hecho imputado a su defendido. “Este relato de la imputación es violatorio del principio de defensa. Resulta muy poco entendible la participación criminal que tuvo Aguilera. Debe especificarse claramente el rol que le atribuye la Fiscalía para denominarlo como ubicado en el escalón más alto de la organización para justificar nada más ni nada menos que la prisión preventiva”, sostuvo.

Dijo que el pedido de encarcelamiento en forma preventiva de su cliente “es desmedido y doloroso”. “Los argumentos para la imputación de Aguilera están forzados, están fuera de toda lógica. ¿Bajo qué concepto lógico quieren mandar a Aguilera a la Unidad Penal? No hay nada que pueda vincular a Aguilera con estas personas mencionadas”, dijo.

En forma alternativa, pidió que si se requiere restringir su libertad para no entorpecer la investigación, que se le aplique prisión domiciliaria.

Guillermo Vartorelli, defensor de Almada, dijo que su cliente jamás hubiera podido alzarse con los $112 millones que dice la Fiscalía por cuanto “alquila vivienda en un barrio”, y que además no se lo puede enviar a prisión por una situación personal: está a horas de convertirse en papá. “Enviándolo a prisión se deja desprotegidos a sus seres más próximos”, planteó.

Emilio Fouces sostuvo la defensa de Cardoso. “Con la detención de ayer, pensé que había aparecido algo. Pero no apareció nada. Cardoso es un empleado de planta de la Cámara de Diputados que ingresó en 1988. La función de Cardoso es vital y va mucho más allá de los contratos. Hay que desmitificar. Esto no es una bandita que hizo lo que la Fiscalía dice que hizo. A Cardoso se le pide prisión porque sí”, aseguró.

Introdujo Fouces un pedido: que se solicite un informe para conocer si el Servicio Penitenciario “está preparado para recibir a estas personas, si van a poder vivir en la selva que es la Unidad Penal”.

Miguel Cullen, en su calidad de codefensor de los tres, consideró fuera de lógica el pedido de la prisión preventiva. “Pongamos un manto de racionalidad, volvamos al eje constitucional. Sólo por la desconfianza no se puede privar a una persona de la libertad. Así estamos fulminando la Constitución”, aseguró.

El caso no se resolvió en la audiencia que empezó cerca de las 9,30 y concluyó pasadas las 12,30. La jueza Barbagelata anunció un cuarto intermedio hasta las 18 de este sábado, cuando dará a conocer su resolución.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.