El Ministerio Público Fiscal solicitó elevar a juicio la causa en la que están imputados el ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; su cuñado Juan Pablo Aguilera; el ex ministro y hoy diputado Pedro Báez; y otras ocho personas en una causa por supuesto desvío de publicidad entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69. Los delitos que se les imputan van desde negociaciones incompatibles con la función pública, a fraude, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, más falsificación de documentos públicos.

Esta causa, conocida en ámbito tribunalicios como “la causa de la vaca”, fue abierta en septiembre de 2016, cuando la fiscal Patricia Yedro firmó el auto de imputación contra los funcionarios y empresarios. El legajo está caratulado “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La pesquisa judicial arrancó sobre un puñado de 46 las órdenes de publicidad emitidas por la gestión Báez-Urribarri y que, se sospecha, habrían sido “direccionadas” a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno “simulando” que la empresa contratada cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye “falsedad ideológica”.

Según supo Entre Ríos Ahora, además de Urribarri, Aguilera, Báez y Gustavo Tamay (responsable de certificación de publicidad en la vía pública), fueron imputados los empresarios de la empresa Tep SRL: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, y Luciana Belén Almada (pareja de Aguilera) y Alejando Almada (a quien recientemente le incautaron $374 mil en un procedimiento de la Policía Federal); además, se imputó a la contadora de la firma, Corina Cargnel; y más tarde quedaron bajo la lupa los empresarios José María Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay). La firma Tep SRL es la que se le adjudica como propia a Aguilera. El 28 de diciembre, cuando se presentó a declarar ante los fiscales Yedro y Gonzalo Badano, el cuñado de Urribarri negó que sea de su propiedad.

Las penas solicitadas por la fiscalía son: para Urribarri, Aguilera y Báez, 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; para Cargnel, Bustamante y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; y para los hermanos Almada, Giacopuzzi, Sena, solicitaron 4 de prisión de cumplimiento efectivo.

La imputación
El escrito de imputación que entonces redactó la fiscal Yedro, arrancaba así: “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

En otro párrafo, agregaba que “así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. En varias fotos, descubrió el fiscal Santiago Brugo -que ya no participa de la investigación- aparecía la misma vaca.

El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La terea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.