Este miércoles,  a las 9, dará inicio el juicio oral al expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, acusado por el Ministerio Público Fiscal por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y para quien los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo han adelantado el pedido de pena en caso de ser hallados  culpables: 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los defensores de Canosa, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, buscaron apartar a uno de los jueces que lo juzgará, Alejandro Joel Cánepa, con el argumento de que antes de ser magistrado fue fiscal de coordinación, y desde esa función, ejerció la jefatura de los dos fiscales que llevan adelante la acusación. La Procuración rechazó ese planteo con el argumento de que Canepa nunca estuvo ligado a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, que se encarga de tramitar las causas por corrupción.

Pero agregaron un elemento más: la petición de apartamiento de Canepa fue hecha en forma extemporánea. La novedad sobre la conformación del tribunal -además del juez cuestionado, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel- fue comunicada el 8 de agosto, y la recusación se presentó el 17 de agosto, cuando debió hacerse a las 24 horas de conocida la novedad.

El tribunal que finalmente quedó conformado para tratar la recusación de Canepa -se excusó Rafael Cotorruelo, y fue suplantado por Pablo Vírgala, más Grippo y Pimentel- rechazó el recurso de la defensa del extitular de Sidecreer y actual asesor legal de la Cámara de Diputados. De ese modo, el juicio a Canosa arranca este miércoles, a las 9.

A esta instancia se llega luego de que el 14 de septiembre de 2017 se realizara la audiencia de remisión a juicio de la causa Canosa, y en la cual el fiscal Juan Malvasio dijo: “Se ha agotado la investigación penal preparatoria y existen elementos de convicción suficientes para dar por acreditados los hechos”.

No sólo acreditados los hechos: también la autoría del delito por parte de Canosa. “Se le atribuye que, como presidente de Sidecreer, desde el 21 de diciembre de 2007 y hasta el 10 de diciembre de 2015, vulneró el principio de imparcialidad, al contratar insumos informáticos” con la firma Excelcom SA, de la cual forman parte la esposa de su hermano, Carlos Canosa,Alicia Cuestas, la cuñada de su hermano, María José Cuestas, y el esposo de la cuñada de su hermano, Diego Urba. Y que contrató con la empresa de su hermano, Carlos Canosa, y la suegra de éste, Mirta Gueler, Texmer.

Con Excelcom contrató en “15 oportunidades”, por montos de 936.695 pesos, y 716.059 dólares.
Con la firma Texmer contrató Canosa desde Sidecreer “7 veces”, por un monto de $1.127.286.

Y con la constructora JDR, de José Daniel Romero, que está casado con María del Carmen Paul (hermana de la madre de Juan José Canosa, y por lo tanto su tío político), contrató “9 veces”, por 107.949 pesos.

“La Fiscalía entiende que estos hechos encuadran en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, evaluó Malvasio, y por eso consideró que a Canosa le correspondería, una vez concluido el juicio oral y hallado culpable, “la pena de 5 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.