La Justicia rechazó este lunes, por tercera vez, un pedido para dictar el sobreseimiento del exvicegobernador y exintendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi (PJ), a quien en diciembre de 2016 la abrieron una investigación penal por supuesto enriquecimiento ilícito.

El juez de Garantías José Eduardo Ruhl dictó esa medida, aunque admitió la preocupación de Rossi en torno a la dilación en la resolución de esa investigación. «Comparto eso. Pero debe decirle por el momento no podemos dictar el auto de desincriminatorio que interesa la defensa -sostuvo el magistrado en su disposición-. En anteriores pronunciamientos sobre este mismo pedido ya lo dije,  y lo advierto ahora: los fundamentos para pedir el sobreseimiento no difieren de los anteriores. Son los mismos fundamentos».

Ruhl ya se pronunció sobre la misma petición de Rossi el 15 de septiembre de 2017 y el 14 de marzo de 2018. Hoy, 17 de diciembre de 2018, fue la tercera intervención del magistrado sobre el mismo asunto. «Para que proceda el sobreseimiento, se requiere certeza negativa, que no está configurada en el presente caso», señaló Ruhl en relación a los sucesivos pedidos hechos a la República Oriental del Uruguay para que oficialmente certifique la existencia, o no, de un depósito bancario a nombre de Rossi o de su mujer, Patricia Díaz.

«No advierto dilaciones o quebrantamientos al plazo razonable», puntualizó. «Entiendo que Rossi es un hombre político, que el año que viene es político y que a él le interesa que se resuelva esto, que sería lo ideal, pero hasta tanto no tengamos esa información desde Uruguay, no podemos dictar ninguna medida como la que se interesa», agregó el juez.
Al final, el juez Ruhl mantuvo un cruce con los defensores, Marciano Martínez y Caros Reggiardo. Martínez fue el más duro al sostener que los jueces de Garantías jamás dictaban medidas distintas a las que pide el Ministerio Público Fiscal, planteo que obligó al magistrado a responderle, aún cuando ya la audiencia había concluido.

 

Planteos

Fue la  tercera vez en la que el vicegobernador Domingo Daniel Rossi acude a la Justicia para solicitar su sobreseimiento en la causa abierta por enriquecimiento ilícito el 22 de diciembre de 2016 a raíz de una nota publicada en la revista “Análisis”, y en la que se dio cuenta que tanto el extitular del Senado entrerriano como su esposa, la exdiputada provincial Patricia Díaz, tendrían una cuenta bancaria abierta en la República Oriental del Uruguay.

La audiencia que se realizó este lunes ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl transitó en torno a los cuestionamientos de los defensores de Rossi, Carlos Reggiardo y Marciano Martínez, hacia la postura de la Fiscalía de sostener la causa aun cuando hayan pasado dos años sin que se hayan producido avances significativos. “Pasa el tiempo  y seguimos en la misma situación, no hemos avanzado un centímetro”, reprochó el defensor Reggiardo.

La causa se abrió por resolución del Procurador General Jorge Amílcar García el 22 de diciembre de 2016, un día después de que la revista “Análisis” publicara que Rossi y su esposa tendrían un depósito por 1.160.000 dólares en el Discount Bank, de Montevideo, Uruguay. “Con esa publicación de Análisis, que es la vocera del Ministerio Público Fiscal, se ordena la apertura de la causa”, ironizó Reggiardo, que calificó como “una cuestión antojadiza del Procurador” la causa judicial.

“Para nosotros, la causa está resuelta”, dijo después, al dar cuenta de la aportación de documentación que daría cuenta de la inexistencia de esa cuenta en el Uruguay. Pero frente a esas “pruebas”, agregó, el fiscal de la causa, Álvaro Piérola, le contestó que lo que habían entrado eran meros “papelitos”. Entonces, sostuvo que volvieron a viajar a Uruguay, y ante escribano, hicieron certificar que ni Rossi ni su esposa tienen depósitos en el extranjero. “Es suficiente lo que hemos aportado como para que el fiscal nos acompañe en el pedido de sobreseimiento”, completó.

Y tomó palabras del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, quien viene cuestionando las dilaciones en las causas por corrupción, al sostener que se tiene a los investigados “en la parrilla”, sin que las  causas se resuelvan. “Dos años pasaron. La causa sigue en el mismo estado, no avanzó ni un centímetro. El oficio que se envió a la Afip no dio resultado. El exhorto que se envió ahora tampoco aportará nada distinto”, concluyó.

En tanto, Marciano Martínez habló de una “caza de brujas” de parte de la Justicia. Y cuestionó la violación de una garantía constitucional, como es la del plazo razonable para resolver una causa. Esa dilación, sostuvo, se enmarca en una postura “decisionista” de la Fiscalía. “El decisionismo es autoritario, arbitrario, todo lo contrario a un Estado de Derecho. Se maneja con criterios abstractos, pero fundamentalmente con conjeturas. Esta es una conjetura clara. Es un periodista que dice que conoce que en Uruguay Rossi tiene plata. No dice nada. Eso es una conjetura, es una suposición inicial, todavía no investigada. No hay hecho. Hay conjetura. Y el Ministerio Público Fiscal es un gran conjeturante”, apuntó.

“Esto es una caza de brujas, porque viene del Poder Judicial. A Rossi lo condenan. Terminada la condena, se presenta como candidato a intendente de Santa Elena, y es elegido por el 63% de los votos. Esa es la debilidad de la Justicia. La ciudadanía no le cree a la Justicia. Cómo le van a creer, con todo lo que hace. Ahora, Rossi es candidato a  gobernador, nuestra víctima de la caza de brujas. Tenemos que reconquistar la credibilidad en la Justicia, pero así no vamos a reconquistarla”, planteó Martínez.

El fiscal Álvaro Piérola cuestionó que el tercer pedido de sobreseimiento que plantea Rossi se haga “sin ningún nuevo argumento”.

 

 

“A la Fiscalía se nos sigue enrostrando, se nos sigue atribuyendo una dilación en la tramitación, extremo que consideramos absolutamente errado, incorrecto. Y tenemos que aclarar que contra Rossi no hay nada personal. Se nos pone en un lugar como que con Rossi hay algo que no tenga que ver con lo que sucede con todos los ciudadanos, la posibilidad de ser investigado. Sigo lamentando que a esta causa se la lleve para ese lugar. Se le está dando un contenido político del cual después se quejan. Pero a ese lugar lleva esta investigación la defensa, nunca la Fiscalía”, puntiualizó.

Piérola dijo que la demora se basa en la dilación en responder los informes pedidos al Uruguay, un país usualmente reticente a brindar información sobre depósitos en su sistema bancario. “Los fiscales tenemos un mandato concreto en la Constitución, que es la investigación. Tenemos que llegar al hueso. Cómo voy a aceptar lo que se propone desde la defensa, que es darle certeza negativa  a un hecho que no podemos dárselo. Más allá de la documentación que aportaron, que ya se discutió en dos audiencias anteriores, debemos decir que falta la información que nos debe enviar, por los canales oficiales, la República Oriental del Uruguay. Incurriría en mal desempeño si aceptara la documentación que aporta la defensa, y luego llegara información oficial y dijera que hay fondos de Rossi y de Díaz en Uruguay”, sostuvo.

“El deber de Fiscalía –afirmó- es investigar y es lo que estamos haciendo”. Y descartó que desde la Justicia se haya iniciado una “persecución” sobre Rossi.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.