Su denuncia fue el puntapié para el proceso de juicio político contra Carlos Alberto Chiara Díaz, el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) que terminó renunciando en febrero de este año; luego, volvió a estar en el centro de la escena con una nueva presentación en la Justicia: puso en apuros al viceintendente de Victoria, José Alcides Risso, que fue apartado por el Concejo Deliberante, acusado de haber falsificado una firma del intendente Domingo Maiocco (Cambiemos); también, denunció al intendente de Santa Elena y extitular del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Silvio Moreyra (FPV); y, más cerca en el tiempo, denunció al secretario de Obras Públicas de Victoria, César Zucotti, por haberlo golpeado en un supermercado; su última presentación de alto impacto fue contra la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Stratta, por una compra millonaria de telas.
En política, Carlos Guillermo Reggiardo, de él se trata, es un referente de un sector del massismo entrerriano que hizo filas con algunos dirigentes del PJ de los 90, como Augusto Alasino, Héctor Maya, y Domingo Daniel Rossi. De este último, Rossi, es su abogado. En 2011, fue candidato a diputado provincial por el peronismo disidente; y en las elecciones legislativas de 2013 fue en la lista de diputados nacionales de Bastión Socio Político de los Trabajadores Argentinos (Basta), que encabezó Maya. En 2015, se anotó en el primer lugar de la lista de concejales del Frente Renovador.
Ese es, en apretada síntesis, el legajo con el que podría presentarse al abogado Reggiardo, nacido en Victoria, de 33 años, que ahora es noticia, y no por una nueva de sus presentaciones judiciales, sino porque ahora el denunciado fue él. El abogado fue denunciado por su pareja, de 19 años, por violencia de género. La demanda se radicó el pasado 31 de julio ante la jefatura de Policía de la Ciudad de las Siete Colinas, y rápidamente se informó del hecho al Juzgado de Familias y Penal de Niños y Adolescentes, a cargo del juez Juan Eduardo Lloveras.
Este miércoles se viralizó una foto que muestra el informe de “novedades” elevado a la Jefatura Departamental de Victoria en la que se informa de las últimas denuncias recibidas. En una de sus páginas, aparece el relato descarnado de Micaela Alva Sol, de 19 años, madre de un nena de 1 año, y pareja de Reggiardo. Allí, la joven cuenta que hace tres meses que convive con el letrado, luego de un noviazgo de tres años, pero que el lunes 31 de julio, cerca de las 17, tuvieron una discusión en la que Reggiardo “se torna violento y comienza a empujarme y golpearme”.
La joven relató que todo comenzó cuando le pidió a su pareja que le entregue las contraseñas de sus redes sociales y gmail –que controla, al parecer de forma obsesiva-, pero la negativa llegó al extremo de la violencia física: “A raíz de esta discusión comienza a golpearme y empujarme, tomándome del cuello y dándome golpes de puño en el rostro y el cuerpo”. Todo, frente a su hija de 1 año.
En su denuncia, Alva, señaló que el abogado también tomó a la niña en brazos y siguió azotándola, y especificó que fue golpeada con un cinto y con un picaporte. La brutal golpiza, siempre según la denuncia de la joven, terminó como suele ocurrir en estos casos: con el agresor arrepentido y pidiendo perdón.
Con el fin de obtener su versión de los hechos, Entre Ríos Ahora llamó en reiteradas ocasiones a Reggiardo pero no obtuvo respuestas.
Actúa el Juzgado de Familias
Desde el Juzgado de Familia de Victoria, el juez Lloveras confirmó a Entre Ríos Ahora que la denuncia llegó a su juzgado pero se abstuvo de dar información sobre el caso puntual, ya que los procedimientos son reservados.
“En principio es carácter reservado la cuestión de familia y no podemos dar información, lo que sí puedo decir es que nosotros le damos el trámite por la Ley de Violencia Familiar N°9198 o la Ley de Violencia de Género, la N° 26485”, señaló el magistrado.
En ese sentido, dijo que en casos similares, el Juzgado “si hay una cuestión urgente se toman las medidas enseguida y se hacen los diagnósticos que prevé la ley”.
El juez Llovera dijo que tanto en la Ley N° 9198 o la N° 26485 se especifica que los jueces tienen amplias facultades para tomar medidas: “Puede ser una prohibición de acercamiento al hogar, restricciones de todo tipo. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la persona víctima de violencia”.
En relación a cómo es el proceso que se inicia luego de haber recibido una denuncia, el magistrado indicó que el procedimiento indica que se convoque a las partes a audiencia, que se realizan por separado como lo establece la Ley.
“Las audiencias -explicó el juez- se hacen por separado, la ley de Violencia de Género prohíbe las audiencias en conjunto porque la violencia no se media. Por ejemplo, citamos a una de las personas a las 8 y a la otra a las 11, para que no se junten; y tratamos de ver las posibilidades que hay de llegar a un régimen de comunicación de los hijos, o una cuota alimentaria. Acuerdos que duren mientras dure la medida de restricción”.
Por último, el juez del Juzgado de Familias de Victoria comentó que cuentan con un equipo técnico compuesto por especialistas para abordar los casos de violencia, y que de los diagnósticos que de allí surjan se toman las medidas adecuadas para cada caso.
“Tenemos un equipo técnico que está integrado por una asistente social, una psicóloga y una psiquiatra. Cuando nosotros seguimos el procedimiento de violencia familiar, es decir con conviviente, hacemos un diagnóstico que es obligatorio porque la ley lo dice. Y ahí podemos derivar a tratamientos psicológicos, y si hay niños damos aviso al Copnaf para que tome intervención y vea si hay vulneración de derechos de los niños”, concluyó.
Desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia se confirmó a Entre Ríos Ahora que aún el Juzgado no le dio intervención en el caso, en el que aparece involucrado un niño de 1 año. No obstante, señalaron que están a la espera del informe del equipo técnico que determinará si debe intervenir el organismo provincial que resguarda los derechos de los niños.
Especial para Entre Ríos Ahora