El abogado Gustavo Amílcar Vales renunció como abogado defensor del cura Marcelino Ricardo Moya en la causa por abusos que investiga la Unidad Fiscal de Villaguay.

La defensa del sacerdote –Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por  dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica—quedó a cargo ahora del abogado Néstor Fabián Nicolás Paulete, oriundo de Colón.

Paulete asumió la defensa técnica de Moya junto a su colega Rubén Darío Germanier, y lo primero que pidieron fue un aplazamiento de la audiencia de depuración de la prueba aportada por las partes. Será el miércoles 21 de junio, según contó el letrado a Entre Ríos Ahora. Ese trámite será previo a la audiencia de remisión que debe convocar en forma posterior el juez Carlos Ramón Zaburlín, del Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, para resolver la remisión a juicio de la causa por abusos.

A mediados de mayo último, la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay, dio por concluida la investigación penal preparatoria y elevó el caso al juez Zaburlín, con pedido de remisión a juicio oral.

Una vez que se resuelva la elevación a juico, el caso quedará en manos del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

De momento, el cura ha escogido el silencio más absoluto en los Tribunales de Villaguay.

Lo hizo el 21 de diciembre, cuando fue citado a prestar declaración indagatoria y prefirió no hablar.

La causa penal de Moya se abrió a finales de junio de 2015, cuando dos jóvenes se presentaron ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, en Paraná, y relataron los abusos que soportaron mientras fueron monaguillos y miembros de los grupos juveniles de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, en la década de 1990.

Se trata de  un estudiante de Derecho –cuya identidad se ha mantenido en reserva– y un médico, Pablo Huck, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, cuyos abogados querellantes son Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso.

Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan.

También ejerció en ese tiempo como capellán de la unidad del Ejército que tiene asiento en Villaguay.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.

La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.

Cuando el caso llegó a la Justicia, Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.

La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.

Ahora, el cura –junto a sus pares Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria—se encamina a una etapa clave: el juicio oral.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.