«Pedimos humildemente perdón», dijo hoy la Iglesia de Paraná tras conocer el fallo condenatorio al cura Juan Diego Escobar Gaviria, a quien el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay le impuso la pena de 25 años de prisión al encontrarlo penalmente responsable de los delitos de corrupción agravada y abuso sexual en perjuicio de niños que cumplían las funciones de monaguillos en la Parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González.

La Justicia, además, le impuso la continuidad de la prisión preventiva al sacerdote, que cumple desde el 21 de abril último en la Unidad Penal de Victoria, medida que se mantendrá hasta que la sentencia, cuyo adelanto se conoció hoy, quede firme. De ese modo, Escobar Gaviria se convierte en el primer sacerdote diocesano en ir a dar a la cárcel acusado de graves delitos de abuso de menores. Aunque no es el único. El 13 de noviembre comenzará el proceso contra el cura Justo José Ilarraz, y resta definir la causa de otro sacerdote salpicado por un escándalo similar, Marcelino Ricardo Moya.

Al conocer la resolución del Tribunal de Gualeguay –la causa se había iniciado el 28 de marzo de 2016, en la Unidad Fiscal de Nogoyá, que el 26 de abril último elevó la causa a juicio– la Iglesia de Paraná dijo enfrentarse a «un hecho muy doloroso: la condena de un ministro por uno de los delitos que, con justicia, sacuden la conciencia humana». El jefe de la Iglesia local, Juan Alberto Puiggari, había ya resuelto apartarlo a Escobar Gaviria del servicio activo no bien se presentó la primera denuncia por abuso, el 28 de octubre de 2016. Y ordenó iniciarle, además, un proceso interno canónico, cuyos resultados no se han dado a conocer.

«Rechazamos con energía este grave delito, y nos llenamos de vergüenza y de dolor cada vez que uno de nuestros sacerdotes es acusado de perpetrarlo», dijo Puiggari en un comunicado que difundió la curia esta tarde.

«Pedimos humildemente perdón por el dolor que situaciones como ésta causan al Pueblo de Dios y a toda la sociedad humana», añadió, aunque no dedicó ni una línea a las víctimas ni a sus familias. «Al mismo tiempo, y más allá del ulterior resultado de otras instancias del proceso que hoy está transcurriendo, renovamos nuestra disposición a colaborar en cuanto nos sea posible con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la sanación de las heridas provocadas, así como en un cuidado siempre mayor sobre la calidad de nuestros ambientes, en bien sobre todo de las personas más vulnerables», agregó.

El 31 de octubre último, la curia había dado a conocer un pronunciamiento en similares términos:

“Ante las versiones que involucran a un sacerdote que cumple tareas pastorales en nuestra Arquidiócesis, en relación al trato con menores, este arzobispado manifiesta:
1.- Apenas se conocieron dichas versiones, el pasado 27 de octubre, el arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis.-
2.- Como medida cautelar, el sacerdote involucrado, fue separado en esa fecha de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que el proceso investigatorio culmine.-
3.- Expresamos nuestra cercanía y disposición para acompañar a todos aquellos que podrían sentirse afectados por esta dolorosa situación, quienes cuentan con nuestra disponibilidad de escucha, oración, comprensión y afecto.-
4.-Manifestamos nuestra determinación de actuar con firmeza ante situaciones similares que puedan afectar la integridad física y moral de los fieles en general, pero especialmente de los menores.
5.- Con esperanza, pedimos al Dios misericordioso el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas y dolores ocasionados.”

Lo de la «cercanía» a las víctimas fue una expresión de deseos. En este segundo comunicado que se conoce hoy ni siquiera las menciona.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.