Hernán Héctor Quijano Guesalaga es cura y es comisario mayor de la Policía de Entre Ríos. En realidad, lo fue hasta el 30 de noviembre, cuando se acogió al retiro.

Ahora, ya retirado de la fuerza, y con rango jerárquico, accedió a una jubilación de $50 mil, que paga el Estado.

A decir verdad, lo paga la Caja de Jubilaciones y Pensiones, donde Quijano Guesalaga inició tres trámites: el 15 de julio de 2003 pidió un “reconocimiento extraprovincial”; el 1º de octubre de 2015 peticionó un “retiro voluntario”; y el 31 de marzo de 2016, otra vez “reconocimiento extraprovincial”.

El “reconocimiento extraprovincial” es un trámite corriente en la Caja: tiene que ver con la gestión que hace un trabajador par que se les reconozcan los años aportados en otras jurisdicciones. Antes de llegar a Paraná, el cura Quijano  ejerció en la provincia de Buenos Aires.

Todos esos pedidos se resumieron en uno.

El decreto Nº 3.645, emitido el 30 de noviembre de 2016 y publicado el 17 de mayo último en el Boletín Oficial, dispuso “el pase a retiro voluntario, con goce de haberes del comisario mayor de la Policía Hernán Héctor Ramón Quijano Guesalaga”.

Quijano no es un cura más en la Iglesia de Paraná: alcanzó el máximo rango como capellán de la Policía, comisario mayor, y además es el canciller de la curia, cargo que ha ejercido con los últimos tres arzobispo: Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari.

Quienes conocen el paño, y saben de los empleos que acumula Quijano –un sacerdote que no ejercer funciones pastorales en ninguna parroquia— cuentan que, sumando jubilación en la Policía más sus horas cátedra, reunirá al mes una cifra cercana a los $100 mil.

Quijano es una figura clave dentro de la estructura de la Iglesia Católica de Paraná: desembarcó en Paraná con la oleada que trajo el finado arzobispo Adolfo Servando Tortolo, que dirigió durante dos décadas la curia, ocupó la presidencia del Episcopado y manejó el vicariato castrense durante los años duros de la dictadura.

Nació en Buenos, en 1950, se ordenó como cura en Luján, provincia de Buenos Aires, en 1976. Después, se mudó a Paraná.

Este año, Puiggari confirmó la designación como miembros natos del consejo presbiteral para el trienio 2017-2019 del vicario general Eduardo Tanger, de Quijano Guesalaga y el rector del Seminario Arquidiocesano, Cristian Torres.

Pero aunque cuando tuvo que declarar en la Justicia se mostró desmemoriado, conoció de cerca al cura Justo José Ilarraz, a punto de ir a juicio por siete denuncias por abusos a menores.

Formó parte del equipo de formadores del Seminario en el tiempo que ocurrieron los abusos del cura.

Cuando ocurrieron los hechos, Puiggari era prefecto de disciplina del Menor-Mayor, los últimos dos años del colegio secundario con internado que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Ilarraz, a su vez, era prefecto de disciplina del Menor-Menor, de primero a tercer años, el ciclo básico. Precisamente, los alumnos del Menor-Menor fueron quienes denunciaron los abusos.

La estructura funcional del Seminario, entonces, estaba conformada así: el rector, cabeza máxima y superior del cura Ilarraz, era el sacerdote Luis Alberto Jacob; por debajo, y como directores espirituales, estaban el ya fallecido cura Andrés Emilio Senger, y el ahora arzobispo Puiggari; y como prefecto de estudios, el canciller Quijano Guesalaga.

En una escala inferior, y como responsable de Teología, César Raúl Molaro, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz del Opus Dei; y como prefecto de disciplina del curso propedéutico, Silvio Fariña Vaccarezza, también designado oficial de justicia, y encargado de llevar adelante, en 1995, la investigación diocesana que encomendó Karlic sobre Ilarraz, después de escuchar a las víctimas de los abusos.

Quijano entró en la Policía en 1984 y se mantuvo hasta 2016, que pidió el retiro de la fuerza.

Se fue habiendo accedido a uno de los cargos más altos que llegó jamás nunca un miembro del clero: comisario mayor.

Pero como además del sueldo de jefe policial también desarrolla labor académica, ha debido inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El cura tiene clave única de identificación tributaria (CUIT). Desde enero de 2011 está inscripto en el Impuesto a las Ganancias, aunque alguna vez, más precisamente el 13 de noviembre de 1976, el año de inicio de la última dictadura militar, cuando se ordenó cura en la ciudad bonaerense de Luján, hizo votos de castidad, de obediencia y de pobreza.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.