El juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado rechazó el planteo de los abogados defensores de Sergio Urribarri y Pedro Báez, que se opusieron a que sus defendidos sean llevados a juicio aún sin que la Cámara de Diputados les haya quitado los fueros.

La novedad ocurrió en el marco de la causa en la que el exgobernador y su exministro de Comunicación y Cultura, ambos hoy diputados, están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, de Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.

Para los fiscales de la causa, Viviana Ferreyra y  Gonzalo Badano, -y también para el juez Maldonado- la contratación fue irregular.

En el expediente, se le atribuye a Urribarri que, siendo gobernador, y Báez, como director general de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011, “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nº 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nº 1057 de fecha 18/04/2012”.

“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales  para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, agrega la acusación.

La causa tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, puesto que la investigación es anterior a 2014, año en que la Provincia cambió a un nuevo sistema acusatorio. Esa investigación se inició tras la denuncia, en 2013, del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino (UCR).

La causa tuvo importantes avances este año. El 28 de febrero, el juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa. Al poco tiempo, el 27 de abril, la Cámara de Juicios y Apelaciones, conformada por los jueces Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel, confirmó los procesamientos.

Más tarde, el 14 de mayo el juez solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez.

A raíz de esta decisión, la Fiscalía dispuso avanzar sobre el empresario Buffa y pidió que sea llevado a juicio por separado, ya que Urribarri y Báez cuentan con fueros.

El panorama cambió cuando a mediados de octubre un tribunal compuesto por José María Chemez, María Carolina Castagno y Pablo Andrés Vírgala anuló la elevación a juicio sólo de Buffa, y agregó que los legisladores podían ser juzgados a pesar de la inmunidad parlamentaria que les otorgan los fueros.

Tras esa resolución, la Fiscalía pidió al juez Maldonado que eleve a juicio a los tres acusados. Pero esa pretensión fue rechazada por los abogados defensores de Urribarri y Báez. Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy, por el primero; e Ignacio Díaz por el segundo.

Los letrados plantearon que sus defendidos tenían fueros y que estaba aún pendiente la resolución de la Cámara de Diputados respecto del pedido de desafuero formulado por el juez.

Finalmente, este miércoles se supo que el juez Maldonado rechazó el planteo de los defensores y elevó a juicio a los tres, Urribarri, Báez y Buffa, tal como lo solicitó la Fiscalía.

Ante esta nueva decisión, el abogado de Urribarri, Raúl Barrandeguy, confirmó que fueron en apelación ante un nuevo tribunal, que deberá definir si los diputados pueden ser llevados al banquillo de acusados aún con fueros.

Los jueces que deberán analizar el planteo de los defensores son Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, el mismo tribunal que en abril pasado había confirmado el procesamiento del trío conformado por Urribarri, Báez y Buffa.

Cabe mencionar que esta causa es de la de menor importancia en el abanico de expedientes que pesan sobre Urribarri y Báez.

Una de los legajos de relevancia es en el que se investigó la presunta distribución de $24 millones de pesos de publicidad callejera a empresas ligadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Este caso ya tiene fecha de juicio: julio y agosto de 2019.

 

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.