El juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, remitió nuevamente a juicio oral y público la causa que tiene como imputados por delitos de coacción a seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y al ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa.

En la audiencia del 26 de julio, el juez había tomado esa decisión, pero sobreseyó a Domínguez y Suárez por uno de los cargos en su contra, como lo había solicitado su abogado Marcos Rodríguez Allende. Los fiscales Gilberto Robledo, Laureano Dato y Gamal Taleb apelaron.

El vocal suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, el pasado 9 de agosto, revocó el sobreseimiento de las dos dirigentes y mandó a la fiscalía a corregir la imputación sobre ambas por uno de los hechos. Además, rechazó por inadmisible el recurso de apelación por “excepción por falta de acción” interpuesto por los abogados del ex ministro, que buscó ser sobreseído.

Este miércoles por la mañana se realizó una nueva audiencia en la que la fiscalía solicitó que Domínguez y Suárez también sean llevadas a juicio por el delito de coacción en coautoría, en el resonado caso que se abrió a principios de junio luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes gremiales y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles.

Fuentes judiciales indicaron a Entre Ríos Ahora que en la audiencia de ayer la defensa de las gremialistas no planteó objeciones a la acusación y sólo agregó como testigo para el juicio al Secretario General de UPCN y diputado provincial del PJ, José Allende.

Una causa con idas y vueltas
En agosto, cuando Cotorruelo resolvió sobre las apelaciones, el expediente completo fue girado nuevamente para que la fiscalía corrija el escrito de imputación contra las dirigentes Carina Domínguez y Zunilda Suárez, por los hechos del lunes 5 de junio.

En la primera imputación, el escrito de la fiscalía consignaba que ambas estuvieron en el nosocomio ese día, y que participaron de las presiones a la directora. Con el correr de la investigación se corroboró que no estuvieron pero que participaron en la organización del desembarco de otros sindicalistas que exigieron con violencia la reincorporación de la enfermera, a quien se le había cortado el contrato el 1° de junio.

Los gremialistas imputados por el supuesto delito de coacción agravada son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, ahora, a Domínguez y Suárez se le suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría. Las figuras penales que se les endilga a los siete imputados prevén penas que van de los 5 a 10 años de prisión.

Los gremialistas son representados por el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende, mientras que Leopoldo Lambruschini y Julio Federik asisten al exfuncionario del gobernador Gustavo Bordet.

La investigación de la fiscalía comprende un lapso de tiempo que va del lunes 5 de junio al miércoles 7, que fue el día cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes de público conocimiento. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria. Ese mismo día fue imputado De la Rosa, y este decidió renunciar a la cartera sanitaria.

Tras la dimisión, el gobernador designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa; y abrir una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprocha a la trabajadora.

Tras las idas y vueltas, ahora sólo resta conocer la fecha del juicio oral y público.