El Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) deberá resolver un planteo formulado por el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, que reprocha el modo de actuación del juez de Transición José Eduardo Ruhl, y en particular le achaca que dicta resoluciones «sin fundamento».
El asunto no es nuevo. La presentación ingresó el 10 de abril último, y es parte de la estrategia del exgobernador Urribarri, acorralado en la Justicia por varias causas por corrupción durante su administración, entre 2008 y 2015. En particular, la que lo tiene a las puertas del juicio oral: la contratación de publicidad por $24 millones con empresas ligadas al cuñado Juan Pablo Aguilera, en la que está involucrado también el exministro de Cultura y actual diputado provincial peronista Pedro Báez.
El embargo lo dictaminó un juez de Transición; lo confirmó un tribunal de alzada, pero no conformes con eso, los defensores de Urribarri -Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende- ahora llevaron el pleito hasta la Cámara de Casación Penal. Pero por fuera del trámite de la causa penal, ahora se planteó un incidente de tipo administrativo contra el primer magistrado que resolvió acoger favorablemente el pedido de embargo sobre las cuentas de Urribarri, Báez y Aguilera
El 12 de abril último, el juez Daniel Julián Antonio Malatesta confirmó el embargo por $26 millones dispuesto sobre los bienes del exgobernador Urribarri. La medida también alcanza Báez, y al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a quien se sindica como “socio oculto” de las firmas Tep SRL y Next SRL, beneficiarias del direccionamiento de órdenes de publicidad oficial por un valor de $24 millones.
Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, adoptó esa decisión y de ese modo rechazó los argumentos de la defensa, y además no hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción, que no había tenido eco favorable ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, decisión que fue apelada. Los defensores técnicos plantearon que esas órdenes de publicidad fueron aprobadas, sin observaciones, por la Tesorería, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, y que por tanto es “cosa juzgada” y no se puede investigar delito alguno.
En esa audienica del 12 de abril hubo un cruce evidente entre Malatesta y el defensor de Urribarri, Raúl Barrandeguy.
Barrandeguy primero molestó al juez Malatesta, después cargó contra el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl –lo acusó de que dictó una sentencia sin fundamentos, en la que “cortó y pegó”- y también repartió críticas a los fiscales.
Le llamó la atención la celeridad con la que Ruhl resolvió los embargos: “en menos de 24 horas”, entre el 1° y el 2 de febrero.
Reprochó ese embargo, que, dijo, esconde la presunción de que Urribarri se pueda deshacer de sus bienes antes de una eventual condena. El apuro de resolver la situación de Urribarri lo ligó a los cambios políticos. “Sorprendentemente, cambian los mapas institucionales en Entre Ríos a fines del año pasado. Y cambian algunas configuraciones fiscales funcionales. Hasta noviembre de 2016 la investigación penal preparatoria era correcta. De hoy para mañana, deciden pedir el cierre de la investigación penal, y la apertura de la causa a juicio,y un embargo de $26 millones, sin fundar”, apuntó.
El “apuro” también se lo reprochó a Ruhl que, dijo, emitió un dictamen a punto de volar a Europa, a inicios de febrero. “Lo que decimos es que hay que tomar en serio los tribunales. No puede un funcionario que expresa un acreditado soporte técnico, hacer ese tipo cosas. Qué se espera que digamos los defensores, cuando vemos que el doctor Ruhl no tuvo la menor posibilidad de fundar una resolución. No pudo hacerlo”, lanzó el defensor.
Criticó que la resolución de los embargos “no tiene fundamento”. Y habló de que Ruhl lo que hizo fue “cortar y pegar” en relación al fallo que dictó. En ese momento, Malatesta le llamó la atención a Barrandeguy. “No voy a permitir ningún tipo de consideración respecto de personas que no se encuentren presentes, y que lo haga en términos despectivos. Le pido que haga su planteo de forma institucional. No puedo aceptar que diga que un juez cortó y pegó al redactar un fallo”, le enrostró.
Ahora, esos reproches que hizo públicos ante el camarista Malatesta, ahora Barrandeguy, con la firma de Urribarri, los lleva al Tribunal de Superintendencia del STJ, que integran los vocales Emilio Castrillón, Daniel Carubia, Leonor Pañeda y Susana Medina de Rizzo.
En ese incidente, ya hay dictamen del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, que entiende que el juez Ruhl actuó de forma correcta, y que respetó el ejercicio del derecho de defensa de Urribarri. El escrito fue elevado al Tribunal de Superintendencia, que deberá ahora resolver si aplica o no una medida disciplinaria a Ruhl.
La causa en la que Báez y Urribarri -presidente de la Cámara de Diputados, uno; legislador oficialista, el otro- están embargados ya tiene pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. El jueves 1° de febrero, los fiscales a cargo ahora de la causa penal, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa, y también los embargos. Primero se hizo lugar a los embargos; pero todavía no se convocó a audiencia de remisión a juicio porque antes debían resolverse los planteos de la defensa.
La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.