La Justicia avanza tras los pasos del exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez en una causa por supuesto enriquecimiento, y ahora apunta a un supuesto testaferro, el empresario pizzero Germán Buffa, procesado ya en otra causa por el desvío de publicidad oficial durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri.

El juez de Transición Gustavo Garzón dictó el procesamiento de Buffa, en su calidad de titular de la firma Global Means SA, de Báez y de Urribarri al dar por probado la adjudicación de contrato de publicidad para el Estado, «que por sus particulares deficiencias puede considerarse sospechosamente discrecional en razón de haberse visto afectado el procedimiento reglamentado a tal efecto por la normativa específica”.

Como contó Entre Ríos Ahora, Buffa fundó Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma.  El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano.  El juez Maldonado hizo notar que la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1 de julio de 2011; mientras que la firma presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

Buffa, que también tiene la franquicia de la firma Planeta Pizza, está también sospechado como testaferro de Báez en una causa por enriquecimiento que se le sigue al exfuncionario del gabinete de Urribarri, y por eso el jueves 1° de marzo se allanó una propiedad en Aldea María Luisa, de la que se secuestró documental que se incorporó a la causa.

En una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Paraná se ventiló la conexión entre el diputado  Báez y el empresario Buffa, a quien la fiscalía señala como testaferro del legislador.

La audiencia ante el juez Elvio Garzón fue solicitada por el abogado José Velázquez, defensor del empresario, en el marco del legajo 42.302 en el que se investiga al exministro por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En dicha causa, la fiscalía considera que “existen elementos de convicción suficiente que permiten sostener como probable que esta persona –por Buffa- sería testaferro u hombre de paja de Pedro Ángel Báez”.

En la audiencia de este lunes, la defensa del empresario pidió decretar inválidos los allanamientos –y con ellos las pruebas colectadas- realizados el pasado 1° de marzo en domicilios que frecuenta Buffa. En tanto, el fiscal Juan Malvasio solicitó rechazar dicha pretensión y refirió que la Fiscalía “dio en la tecla” con las actuaciones llevadas a cabo. En ese marco, mencionó los vínculos de Buffa con Sofía Riquelme, pareja del exministro y actual diputado Báez.

Malvasio apeló al refranero popular para dar cuenta del nexo que uniría a Báez con Buffa: «Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño».

Para la defensa el allanamiento es inválido

La audiencia comenzó con el pedido del abogado de Buffa, José Velázquez, quien recordó que su defendido, junto al exgobernador Sergio Urribarri y el exministro Báez fueron denunciados en el año 2013 por presuntas contrataciones direccionadas. Indicó que dicha causa se encuentra  en el Juzgado a cargo del juez Gustavo Maldonado y  que en febrero de este año los imputados se presentaron a declaración indagatoria.

Recordó que Urribarri y Báez presentaron sendos escritos al juez, mientras que su cliente respondió preguntas sobre los contratos de publicidad que recibió su empresa Global Means SA.

En ese marco, Velázquez dijo que recién en noviembre de 2016 la fiscalía comienza a investigar el supuesto enriquecimiento de Báez y que a fines de 2017 la defensa del exministro, a cargo de Ignacio Díaz, presentó una pericia contable en la que se explicaba su patrimonio.

El letrado manifestó que su cliente declaró el 27 de febrero –en la causa por contrato de publicidad- y fue procesado “en tiempo récord” por el juez Maldonado. Sobre esa decisión, dijo que se enteró a través de los portales de noticias.

Luego sostuvo que días después, el 2º de marzo, se realizan los allanamientos en los lugares donde frecuenta Buffa y que también se enteró por los medios. Llegado a ese punto, el letrado solicitó invalidar el allanamiento y declarar nula la prueba colectada en ese acto procesal.

“La fiscalía no tenía potestad de iniciar una investigación sobre Germán Buffa porque no se modificó la apertura de causa”, afirmó Velázquez y agregó que tampoco obra en el expediente “las diligencias o tareas de inteligencia practicadas por la Policía Federal”.

Velazaquez insistió en que el allanamiento es una “actividad procesal invalida” ya que la fiscalía “tiene el imperativo obligatorio de ante un nuevo hecho modificar la apertura de causa”. Además, sostuvo que los fiscales aportan elementos que “no coinciden con el expediente”.

Para el letrado, la fiscalía no presentó fundamentos suficientes para requerir el allanamientos sobre los domicilios que frecuenta Buffa. Se remitió al artículo 268 del Código Procesal Penal en el que se especifican los requisitos para solicitar el procedimiento e intentó presentar que esa acción sólo se fundó en la indagatoria ante el juez Maldonado y las noticias de portales que siguen el caso.

“No se logró conformar un estado de sospecha objetivo, que sea procesalmente válido para dictar una orden de allanamiento a la morada de Germán Buffa”, señaló el letrado y solicitó delcarar inadmisible el acto procesal más todos los elementos secuestrados.

Por último, peticionó que se requiera al juzgado de Transición a cargo del juez Maldonado que remita la declaración indagatoria de Buffa; y que se oficie a la delegación de la Policía Federal que envíe los informes de inteligencia y los nombres de los agentes que intervinieron en la causa que llevó al allanamiento de las propiedades vinculadas al empresario.

La conexión de Buffa con Báez

A su tiempo, el fiscal Juan Malvasio consideró que la defensa no logró fundar en derecho su pretensión de excluir prueba y calificó a la petición como “prematura y notoriamente improcedente”.

“Entendemos que no le asiste razón cuando pretende cuestionar que el Ministerio Público Fiscal no haya modificado la apertura de causa”, dijo el fiscal y resaltó que el allanamiento se realizó en función de la causa en la que se investiga a Pedro Báez por enriquecimiento ilícito, y no en la que Buffa está procesado por supuestos contratos amañados.

En ese marco, Malvasio advirtió que el pedido de invalidar el allanamiento fue presentado por la defensa de Buffa y también por el abogado del exministro Báez, que no se presentó a la audiencia.

“Acá vale destacar el refrán popular: hay que pegarle al chanco para que aparezca el dueño. Hoy estamos convencidos que con la solicitud de allanamiento hemos dado en la tecla. Y esa es la preocupación de la defensa, que la fiscalía haya incautado elementos que acrediten la teoría del caso”, señaló el fiscal y remarcó que se pretende anular una medida probatoria “porque hemos dado en la tecla”.

Enseguida, sostuvo que la defensa de Buffa realizó una valoración “fragmentaria” de lo actuado, y se refirió a la prueba que demostrarían que el empresario tiene vínculos con el diputado provincial.

“La defensa no destacó la nota de Afip 82/2017 donde se informa que Buffa figura como apoderado de la firma Innova Turismo SRL, firma donde la señora Sofía Riquelme, conyugue de Pedro Báez, fue socia”, subrayó el acusador público.

Asimismo, remarcó que tienen en su poder un documento certificado por la escribana Cristina Bértora en el que Buffa autoriza a Sofía Riquelme y Francisco Nicolás Báez –hijo del exministro- a conducir un vehículo a nombre de la sociedad Global Means SA.

En cuanto al planteo de la defensa de que no existen elementos objetivos para pedir un allanamiento, Malvasio informó al juez que la investigación ocupa cuatro carpetas y señaló, que el 4 de diciembre de 2017, junto al fiscal Gonzalo Badano, solicitaron al jefe de la delegación Paraná de la Policía Federal  que lleve adelante tareas de investigación necesarios para precisar los domicilios que frecuenta el empresario Buffa.

Por último, manifestó que la pretensión de la defensa debe ser rechazada ya que el allanamiento y el secuestro autorizados se ajustan al artículo 268 del Código Procesal Penal.

Tras las exposiciones, el juez Garzón aceptó incluir impresiones de las noticias donde se informó del allanamiento de las propiedades vinculadas a Buffa  y resolvió pedir a la Policía Federal que remita los informes sobre las tareas de investigación. En cuanto al pedido de decretar inadmisible el procesamiento y excluir la prueba, dijo que la resolución será dictada en una única audiencia junto al pedido interpuesto por la defensa del exministro Báez.

De la Redacción de Entre Ríos ahora.