Finalmente, el Ministerio Público Fiscal encontró colaboración institucional para peritar el patrimonio del diputado peronista y jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, quien es investigado -junto a su familia- hace seis años por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Se trata de un paso fundamental en la causa N° 49.956 caratulada “Allende José Ángel- Sattler A. Guadalupe-Traverso Diana y otros/enriquecimiento ilícito” y que se tramita en el Juzgado de Transición N°3 de Paraná, a cargo del juez Gustavo Maldonado.

Una de las últimas novedades en la causa fue la controversia que entablaron el Procurador General Jorge Amilcar García y el titular interino del Tribunal de Cuentas de la provincia, Federico Tomás.

La discusión surgió cuando el organismo no hizo lugar a la petición del jefe de fiscales, quien había solicitado, por intermedio del juez de Garantías, que se designe un contador para que realice una pericia sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los ingresos y bienes declarados por el diputado Allende.

Ahora, fuentes judiciales confirmaron a Entre Ríos Ahora que la pericia sobre el patrimonio de Allende será elaborada por un profesional de la División de Delitos Económicos de la Policía Federal.

La investigación sobre Allende se abrió en 2012, tras una publicación de la revista Análisis en la que se daba cuenta de su crecimiento patrimonial. En aquel artículo se detalló que el legislador es dueño de caballos de competición, camionetas, casa quinta, y un yate, entre otras propiedades.

La revista también informó que el diputado benefició de modo irregular a la Fundación Esperanza, que presidía Adriana Satler, su esposa, hoy funcionaria del Ministerio de Salud.

¿Una controversia saldada?

La polémica entre el Ministerio Publico Fiscal y el Tribunal de Cuentas se dio en los últimos meses de 2017, pero recién se supo de ella en febrero, cuando Entre Ríos Ahora difundió la posición de las partes.

Para la tarea de peritar el patrimonio de Allende, el jefe de los fiscales invocó un convenio de colaboración firmado el 15 de julio de 1996 entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal de Cuentas. Aquel fue rubricado por Miguel Augusto Carlín, entonces presidente del STJ; y por el entonces titular del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina.

La respuesta que encendió la chispa de la discusión, decía: “No hacer lugar a la designación de Perito Contable”.

El titular interino del organismo de control, Federico Tomas, se remitió a la letra chica de aquel convenio para fundamentar su postura opuesta. En su respuesta al oficio N°235, remitido por el Juzgado de Transición N° 3, destacó que el Convenio de colaboración con el STJ establece en su artículo 2° que “la colaboración de los profesionales del organismo, debe ser requerida por el Superior Tribunal de Justicia, a pedido de los Jueces interesados en la intervención contable”.

Y agregó que el convenio de 1996 también “establece que la intervención a solicitarse es para aquellos asuntos que exijan una idoneidad especial del profesional, adquirida por su desempeño en el Tribunal de Cuentas, y con una de las especialidades enunciadas en el artículo 1°”.

Además, remarcó que en dicho convenio se fijó en su artículo 3° que “la actuación de los Contadores lo será principalmente para el fuero penal, y por designaciones de oficio, agregando que podrán ser solicitados por jueces de otros fueros, aunque no lo harán en calidad de peritos de parte en ninguno de ellos”.

De manera que concluyó que “surge en primer lugar que lo peticionado no encuadra dentro del artículo 2°, segunda parte, del convenio de marras, ya que estos actuados han provenido directamente del Juzgado de Transición oficiante, sin pasar previamente por el STJ”; y que tampoco encuadra en la primera parte del artículo por cuanto señala que “para determinar un presunto enriquecimiento ilícito, conforme se desprende de la carátula, no se requiere de una idoneidad especial adquirida por su desempeño en el organismo, ya que para peritar un ilícito como el referenciado, basta basarse en ingresos, consumos y situación patrimonial, y menos aún, de las especialidades enunciadas en el artículo 1°”.

El 19 de septiembre de 2017, el Procurador García hizo notar su enojo por la negativa de colaboración del organismo control. Entonces, el jefe de los fiscales consideró que la entidad pública “ha procedido de una manera institucionalmente desdeñosa al rescindir unilateralmente, -de manera implícita-, el convenio”.

Su consternación, explicó, “obedece a la gravedad institucional que significa que el organismo constitucional de contralor externo, -art.233 de la Carta Provincial-, decline su colaboración de experticia económico-contable pese al Convenio con V.E., en un caso como el que nos ocupa en que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de un legislador y dirigente sindical ,-José Angel Allende y su familia-, de notoria exposición pública y vasta trayectoria política, con pseudo argumentos que en su puerilidad significan una implícita rescisión unilateral de lo acordado”.

Y agregó que a su entender el Tribunal de Cuentas “desconoce que el Ministerio Público Fiscal es un órgano autónomo pero que integra el Poder Judicial, -art.207 de la Constitución y ley 10.407-, es decir representa al colectivo social afectado por el quebranto intolerable a la convivencia que prescribe la Norma penal, es decir no es parte en el sentido de persona privada sino institucional”.

Para sostener que “las razones para la no colaboración son infundadas”, adjuntó copias de otras actuaciones en las que el Tribunal de Cuentas prestó contadores para realizar una pericia contable en el marco del convenio mencionado.

Tras la negativa y la polémica, el Ministerio Público Fiscal encontró quien hurgue en el patrimonio del diputado y gremialista José Allende. Será la Policía Federal, por medio de la División de Delitos Económicos.

La Federal también intervino en la causa Cumbre

Según se supo, no será la primera vez que la División Delitos Económicos de la Policía Federal intervenga en un caso en el que el Ministerio Público Fiscal investiga un presunto delito de corrupción. Meses atrás, el área especializada de la fuerza participó en una pericia contable en la causa que investiga los supuestos sobreprecios e irregularidades en las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, que se llevó a cabo en Paraná a fines de 2014.

En este legajo están imputados por el supuesto delito de fraude a la Administración Pública los empresarios Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA; Néstor Iván Szczech, presidente de la firma Szczech & Szczech; Rubén Grasso, presidente de la firma Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc); y Daniel Hereñú, presidente la firma Organización Integral Constructora SA (OICSA); y Alicia de Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Cabe recordar que la causa Cumbre está dividida en dos partes: una pone la lupa sobre los empresarios; mientras que otra investiga la contratación de la productora Nelly Entertainment SA de Jorge “Corcho” Rodríguez, para la difusión de cuatro spots televisivos de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. El servicio costó $28 millones. En esta última están imputados el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; el diputado provincial peronista y exministro de Comunicación, Pedro Báez; el excoordinador general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), Hugo Félix Céspedes; y el excoordinador contable de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.

A Urribarri y Báez se les imputan dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, y peculado, una figura que refiere al uso de dineros públicos para fines particulares. En tanto, al empresario Rodríguez se lo acusa de haber sido partícipe necesario de dichos delitos. Este año se esperan importantes novedades en ambas causas.

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.