El ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Antonio Daniel Vitali, se sentará en el banquillo de acusados este año, acusado de haber sustraído armas del Depósito de Efectos Secuestrados del Poder Judicial, para su venta ilegal; y por haber amenazado a una funcionaria policial en un contexto de violencia de género. La fiscalía ya tiene  en mente la pena para el hombre que supo ganarse la confianza en las oficinas de Tribunales: serán 11 años de prisión efectiva.

La novedad que se conoció en estos días es que fueron sorteados los jueces que lo juzgarán. Entre Ríos Ahora supo que los encargados de definir  si es condenado o absuelto, son los vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gustavo Román Pimentel, María Carolina Castagno y Gervasio Pablo Labriola. Estos dos últimos venían desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal: Castagno fue Fiscal de Coordinación; y Labriola, fiscal. Ambos asumieron como camaristas en diciembre.

En tanto, desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se confirmó que aún no hay fecha de juicio y argumentaron que se debe a que la agenda en Tribunales está cargada de audiencias de debate durante los próximos meses. No obstante, fuentes judiciales estiman que el experito podría ser llevado al banquillo en abril.

Vitali tiene actualmente 55 años, y se encuentra detenido desde el 23 de octubre de 2017 en la Unidad Penal N°1 de Paraná, por resolución del juez de Garantías Eduardo Ruhl. A través de sus abogados defensores, Iván Vernengo y Damián Petenatti –también intervino en algunas audiencias Rubén Pagliotto- buscó la excarcelación en diferentes oportunidades.

En lo últimos meses, Vitali sufrió varios reveses judiciales: el 9 de noviembre el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafael Cotorruelo, confirmó la prisión preventiva por 90 días dictada por Ruhl en octubre. Al cumplirse ese plazo, el 22 de enero de este año, en plena feria judicial, el vocal de feria del STJ, Bernardo Salduna, le dio la razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal y mantuvo al profesional en el Penal por 45 días más. Esa decisión también fue recurrida por la defensa técnica de Vitali, pero la suerte volvió a serle esquiva el pasado 8 de febrero cuando  el Tribunal de Casación integrado por los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Pablo Vírgala, confirmó la prisión preventiva.

¿Por qué quedó preso Vitali? Hasta octubre de 2017, el experito se encontraba con restricciones en su casa en calle Fraternidad Nº1617, en Paraná.  Su situación cambió cuando una funcionaria policial lo denunció por amenazas, lo que motivó un operativo en su vivienda el 20 de octubre. Los fiscales Ignacio Aramberry y Fernanda Rufatti (De la Unidad Fiscal de Violencia de  Género) se encontraron con varias irregularidades: además de las amenazas, supieron que  Vitali había contactado a un testigo de la causa armas judicializadas; y también le encontraron un arma que tenía la numeración limada. Días después el juez Ruhl lo envió a la Unidad Penal al entender que existían riesgos procesales.

En la audiencia de remisión de la causa a juicio, que se celebró el 7 de noviembre de 2017, la fiscalía precisó, además de la pena que solicitará, que al debate convocará a 60 testigos; mientras que la defensa citará a 15.

Un arma que descubrió las maniobras del experito

La causa por el robo de armas se abrió a principios de 2016, cuando personal de la Comisaría Cuarta secuestró un arma que debía estar en el depósito judicial, ya que había sido incautada en otra oportunidad. Esa fue la punta del hilo que llamó la atención a los investigadores, que finalmente llegó hasta el experito.

En diciembre de 2016 tres imputados acordaron con la fiscalía penas de prisión condicional acusados de vender las armas judicializadas. Ellos fueron Mauro Maximiliano Bertoni (35 años), empleado judicial; Mario Alberto López Alonso, (29 años), y Eduardo Ramón Borgogno (45).

El 23 de agosto de 2017, el entonces juez de Transición N2°, Pablo Zoff,  procesó a Vitali en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011. Le endilgó los delitos de peculado y falsificación de documento privado en concurso real. El procesamiento se encuentra actualmente apelado por la defensa del experito.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.