El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, explicó que la designación de los integrantes para la Cámara de Casación Penal en Concordia se postergó para dar lugar a que intervenga el Consejo de la Magistratura y el gobernador Gustavo Bordet.

El trámite, según se había anunciado, iba a ser resuelto en el acuerdo del martes; luego se postergó para el miércoles, pero ese día no hubo consenso para poner a andar un tribunal que fue creado por ley 2011 pero que desde entonces hasta acá no se ha podido concretar.

El titular del STJ dijo que la decisión tomada en la reunión de acuerdos de este miércoles se debió a que se escucharon las diferentes posturas que aparecieron en el ámbito judicial, como los planteados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Concordia. Y, también, para respetar los mecanismos constitucionales para designación de jueces.

Desde la Asociación de Magistrados pidieron que la conformación de forma interina de la Cámara de Casación Penal de Concordia seas con candidatos que se hayan presentado al proceso de selección en el Consejo de la Magistratura. Ese requisito dejaría fuera de carrera a dos de los candidatos que más sonaron mediáticamente: los abogados Guillermo Mulet y Julio Federik.

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, Castrillón explicó por qué se aplazó la definición de los integrantes del organismo judicial: “En realidad no hay un solo motivo, existen varios. En los últimos días existieron posiciones del Colegio de Abogados de Concordia, de la Asociación de Magistrados ayer –por este martes-, sobre la necesidad de que hayan pasado por el Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados de Concordia planteaba que sea gente de la zona –los que integren- la Sala de Casación que se iba a abrir”.

En esa línea, señaló que los miembros del alto cuerpo decidieron aplazar el tratamiento a la espera de la intervención del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de evaluar a aspirantes a cargos en el Poder Judicial y que cumple el rol de asesor del Gobernador.

Esa situación, arguyó, «obligó a un replanteo del análisis de estas cosas, que lo debemos resolver. Lo importante sería que cuanto antes el Gobernador le dé instrucciones a su ministra (Rosario Romero, de Gobierno y Justicia) para que le pida a su órgano asesor (el Consejo de la Magistratura) que ponga en marcha el procedimiento”.

Castrillón remarcó que estará en la voluntad de los actuales aspirantes, es decir, los que llegaron propuestos por la Sala Penal del STJ, inscribirse a la convocatoria que eventualmente realice el Consejo de la Magistratura. “Tiene que ponerse en marcha el Consejo de la Magistratura”, planteó y señaló que “si no se inscriben los nombres que están en danza sería un absurdo designar en forma transitoria al que no va a rendir para ser definitivo”.

Enseguida, el titular del STJ recordó que para la puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación Penal en Concordia ya hay un inmueble en la localidad, cedida por el intendente Enrique Cresto; y destacó que la integración  del Tribunal fue impulsada por el senador por Concordia Ángel Giano (PJ). En cuanto al Poder Judicial, dijo que se realizó una inversión para poner en marcha el nuevo organismo.

Al ser consultado si la decisión de postergar las designaciones fue compartida de forma unánime por todos los vocales del STJ, Castrillón dijo que  se hizo “lo que corresponde”.

En ese marco, deslizó una crítica al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa General, encabezados, respectivamente, por el Procurador Jorge Amilcar García y Maximiliano Benítez,  por las designaciones informales que realizan.  “Un órgano importantísimo de la costa del Uruguay en materia penal no lo van a tener siete años como el fiscal y el Defensor de La Paz, sin concurso. Tenemos que darle seriedad a la Justicia”, dijo.

“Sabemos que los que están adentro son probos, sabemos que muchos abogados de afuera son buenos abogados. Nosotros tenemos que darle la seguridad de un servicio de justicia. Somos responsable nosotros. Cuando designa el gobernador con previo acuerdo del Senado, es responsable de lo que designa. En el caso nuestro si es necesario hacer diez reuniones, haremos diez reuniones. No queremos dilatar sine die (sin plazo) la puesta en marcha; hemos hecho todas las inversiones necesarias con los fondos del pueblo para que esta Sala de Casación funcione”, completó luego.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.