La Multisectorial de Derechos Humanos concluyó la marcha de este domingo por el Día de la Memoria con la lectura de un documento que recordó un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, 43 años atrás, “que instauró en nuestro país el más terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino”.
“Hoy, a más de 4 décadas de aquellos sucesos, atravesamos un presente difícil en toda América Latina y en nuestro país. Hoy tenemos un gobierno nacional, electo por una exigua mayoría y respaldado por las grandes corporaciones económicas y mediáticas y por el imperialismo norteamericano”, describió al actual momento del país.
Y trazó un paralelismo con la dictadura y el actual gobierno de Mauricio Macri y destacó que “este gobierno llegó por las urnas para implementar el mismo programa económico de Martínez de Hoz. Un programa neoliberal que produce hambre y saqueo a la mayoría de la sociedad. La devaluación permanente de nuestra moneda y las altísimas tasas de interés destruyen el aparato productivo argentino y promueven un modelo de valorización financiera que sólo favorece a un pequeño grupo de multinacionales agroexportadoras y bancos nacionales e internacionales”.
“Este modelo es el mismo que promueve el avance de un nuevo genocidio bajo la modalidad silenciosa (ecocidio), patrocinada por el modelo agroindustrial y promovida por Monsanto, la Bolsa de Cereales, la Sociedad Rural Argentina, entre otras. Por eso exigimos la transición urgente y necesaria hacia un modelo de producción agro ecológico que prime la vida por sobre la ganancia”, demandaron los organizadores.
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Bordet y las fumigaciones
El documento del Día de la Memoria se centra en un análisis crítico del macrismo, aunque destina unas líneas hacia el gobierno provincial de Gustavo Bordet, en lo relativo al discutido fallo de la Justicia en torno a las limitaciones a las fumigaciones en zonas rurales, y el decreto del Poder Ejecutivo que cambia los parámetros que fijó el juez Oscar Benedetto.
“Apoyamos el fallo del juez Benedetto y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto resguarda a las escuelas rurales de la fumigación y la salud socio-ambiental de la comunidad educativa y nuestros gurises”, dice el texto, y agrega: ”Exigimos al Gobierno provincial dar marcha atrás con el decreto que autoriza las fumigaciones a los establecimientos rurales a una distancia de 100 mts. Y que el fiscal de Estado, (Julio) Rodríguez Signes, defienda a la población entrerriana y no a las corporaciones”.
Celebró “el fallo que absolvió a la comunidad Pu Lof en la Patagonia, causa armada entre grandes terratenientes” y exigió justicia “por la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos compañeros que hoy ya no están con nosotros por haber enfrentado a los terratenientes de la Patagonia, a los Benetton, a los Lewis. A los amigos de Macri”. Además, exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “porque no solo es la responsable política del violento accionar de las fuerzas de seguridad sino también porque desde su función pública abona la teoría del enemigo interno, la misma que se utilizó para legitimar los crímenes de la dictadura genocida”.
“Patria contratista”
De vuelta a las críticas al Gobierno nacional, el documento afirma que el gobierno de Cambiemos “es el más fiel representante de lo que llamamos la burguesía intermediaria, aquella que está ligada directamente a los imperialismos. Este gobierno representa a los enemigos del pueblo. Macri y su familia forman parte de la llamada patria contratista”.
“Son parte de una clase rastrera que no duda en valerse de cualquier método de enriquecimiento, como ocurrió en el caso paradigmático de la mega estafa del Correo Argentino y la maniobra de contrabando con la empresa Sevel”, agrega.
Y apunta: “Hoy estamos en condiciones de manifestar que no existen errores o equivocaciones en el accionar del macrismo y sus socios, la embestida contra el pueblo es su verdadero plan de acción. Se trata de ricos gobernando para ricos, resolviendo sus contradicciones en aras de garantizar el sostenimiento de sus privilegios de clase, que resultan cada vez más escandalosos en un país donde la miseria, la desocupación, la exclusión y la pérdida de derechos son pretensiones de quienes hoy detentan la suma del poder”.
El plan de ajuste, subraya el documento, es posible por “el blindaje de los medios hegemónicos de comunicación, grandes aliados del gobierno, que tienen el poder de influir en la opinión pública y tergiversar las verdaderas causas de los problemas nacionales. Además, cuentan con un sector importante del Poder Judicial que, bajo la fachada de ser una justicia independiente, operan para favorecer al gobierno en las causas de corrupción que los comprometen. Así los medios hegemónicos de comunicación y el poder judicial son en la actualidad los bastiones en los que el gobierno se apoya para ejecutar su proyecto político en contra del Estado de Derecho, transformándolo en un estado de excepción en donde los agentes de los servicios de inteligencia se entreveran con los periodistas mercenarios de esos mismos medios”.
“Desde este poder judicial y mediático se vienen implementando un conjunto de prácticas extorsivas y persecutorias que han mutado en el tiempo en sus formas pero no en su objetivo: destruir moral, subjetiva y políticamente al adversario. Las nuevas prácticas consisten en difundir noticias falsas, manipulando a la sociedad y demonizando a organizaciones o dirigentes políticos que se oponen a este proyecto neoliberal. Para luego abrirles causas judiciales llevadas adelante por jueces o fiscales que responden a la embajada estadounidense, causas que posteriormente son fogoneadas y justificadas nuevamente por los mismo medios. Pero esta trama oscura no es exclusiva de nuestro país. También se evidencia que en Latinoamérica los oponentes políticos a este régimen son perseguidos y encarcelados sin el respeto de las garantías constitucionales”, indica.
Luego, hacer notar la insistencia en exigir “memoria, verdad y justicia por los 30.000. Y damos esa batalla también en los juzgados federales de nuestro país. En nuestra provincia en los últimos años ha habido importantes avances, obteniendo sentencias de condenas significativas, a contramano del retroceso que los cómplices civiles de la dictadura quisieron imponer con el 2×1 y que no pudieron por la resistencia de un pueblo comprometido con la memoria”.
“Es un año más que nos seguimos preguntando, ¿dónde está el Melli Valenzuela Negro? ¿Dónde están los casi 400 nietos y nietas que aún nos faltan encontrar? Y también nos seguimos preguntando ¿Dónde están los restos óseos de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos? Todavía se nos sigue negando a los familiares de las víctimas poder terminar un proceso de duelo de más de 40 años”, agrega.
Mirada feminista
“Hoy es también nuestro compromiso reconstruir la memoria desde una perspectiva feminista. Esto no solo es una urgencia, sino una responsabilidad política que nos involucra a todos, todas y todes como sociedad. La dictadura intentó reinstalar o reforzar un imaginario social que concebía roles de género dicotómicos. Hubo una exaltación del rol de la mujer-madre en la casa, su función reproductiva y doméstica. La mujer no era competente para el ámbito público, y por eso las denominadas subversivas representaban no solo la ruptura de un orden social desigual y capitalista, sino un quiebre con el modelo de familia patriarcal”, dice más adelante el documento.
Y destaca: “Las mujeres, lesbianas, travestis y trans, somos protagonistas de una revolución que viene a romper con los mandatos políticos y culturales establecidos”.
Agrega además la exigencia por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo “para que las personas gestantes –mujeres y varones trans– de nuestro país podamos decidir sobre nuestros cuerpos y abortar seguras y de manera gratuita. El aborto es una problemática de salud pública y un derecho humano que ha venido siendo sistemáticamente negado. El aborto no puede ser un privilegio al que acceden algunas porque pueden pagarlo, mientras otras mueren”.
Y en esa misma línea de pensamiento exigió “la ejecución de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todo el país y en nuestra provincia en particular, para que sea efectivamente implementada, con presupuesto suficiente y esencialmente laica”.
Contra Varisco
Planteó también la política punitivista hacia los jóvenes en Entre Ríos y la persistencia de la falta de respuesta en las desapariciones ocurridas en democracia. “En este contexto represivo –agrega- se incorpora la ley de narcomenudeo en nuestra provincia, que busca desviar la atención de los grandes narcotraficantes y se dedica a perseguir a nuestros jóvenes. Esta ley no solo es inconstitucional ya que la provincia se arroga facultades de competencia federal, sino que además vuelca todo el aparato represivo del estado en la persecución y estigmatización de los más vulnerables, llevando a una saturación policial y judicial en materia de prevención y dejando indemne a las corporaciones criminales y por ello pedimos su derogación”.
“La Alianza Cambiemos llegó al gobierno con la consigna de luchar contra el Narcotráfico y tiene en la ciudad de Paraná a un Intendente de su fuerza política procesado por la justicia federal por los negocios con el narcotráfico local que le permitieron llegar a la Municipalidad de Paraná. Estamos hablando de Sergio Varisco, el intendente que manda a romper los afiches de convocatoria a esta marcha, el intendente que con la desidia que caracteriza su gestión ha obstaculizado la realización de este acto, el intendente que ha llevado la Municipalidad a un lugar de absoluta ausencia en la resolución de las necesidades de la ciudad, el intendente que tiene más intervenciones en el ámbito judicial que en los barrios de Paraná”, puntualizó.
Y agrega: “No tenemos dudas de que Sergio Varisco es Mauricio Macri, son parte del mismo pasado y expresan el mismo desprecio por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. En este sentido, denunciamos el retroceso en políticas de memoria por parte de la gestión de Varisco, lo que se observa en el lamentable descuido y deterioro que muestran los espacios públicos conmemorativos de las víctimas del terrorismo de Estado, la ausencia de una política de mantenimiento de los mismos y la falta de continuidad de iniciativas que la Municipalidad, como máxima institución de la ciudad, supo diseñar y ejecutar en gestiones anteriores, como el programa Jóvenes por la Memoria y los eventos de Teatro x la Identidad y Música x la Identidad”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.