En la Legislatura avanza un proyecto de ley que establece el arancelamiento para participar en concursos e interponer reclamos en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección de los funcionarios del Poder Judicial.

El proyecto dispone que para inscribirse a los concursos y cuestionar decisiones del cuerpo se deba pagar entre $ 1.590 y $ 2.650. Lo recaudado, dice la iniciativa, irá a parar a la creación de un fondo de fortalecimiento institucional. Además de ese cambio, el texto elimina la prueba oral de las evaluaciones a postulantes.

El proyecto fue presentado por el diputado justicialista Juan Reynaldo Navarro, y consiguió la media sanción en la Cámara Baja el 4 de diciembre de 2018.

El arancelamiento para acceder a los concursos suma adherentes, pero también opositores. El abogado concordiense Jesús Penayo Amaya es uno de los críticos del proyecto de ley.

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En diálogo con el programa Puro Cuento que se emite por Radio Costa Paraná 88.1, el letrado, que es docente universitario, constitucionalista, administrativista, coordinador legal y técnico de la presidencia del Concejo Deliberante de Concordia y asesor del viceintendente Armando Gay, candidato a senador, consideró que la iniciativa “privatiza el acceso a la justicia” y beneficia a la “familia judicial”. Y por eso pidió  que el gobernador Gustavo Bordet vete el proyecto si llega a convertirse en ley.

“No dudo de las buenas intenciones de los que elaboraron el proyecto de ley, pero no me cabe duda que el resultado va a ser trágico, porque en realidad se termina favoreciendo a la misma estirpe del Poder Judicial, a la familia judicial”, dijo.

En esa dirección, Penayo Amaya remarcó que el arancelamiento que establece el proyecto de ley se convierte en una especie de “peaje” judicial.  “Tengamos en cuenta que el valor de una inscripción seria 2500 pesos, por cada reclamo que uno quiera hacer, son otros 1200 pesos. Lógicamente que uno puede pensar que no es mucho. Pero si le agregamos que uno se puede presentar a más de un concurso, estamos hablando que un profesional que quiera presentarse a 10 concursos deberá pagar un monto de 25 mil pesos en inscripciones. Si lo comparamos con el ingreso de un juez de primera instancia, con 10 años de antigüedad, que cobra 200 mil pesos lógicamente que le cobremos 25 mil pesos es el 10% de su sueldo. Para el resto de los abogados de la matrícula es un impedimento”, indicó.

“Lo que buscamos es la idoneidad, no cerrar la puerta. Sino parece que se pone una casilla de peaje en el Consejo de la Magistratura. La barrera tendría que ser un jurado ecuánime y objetivo. Que pongan una cuestión económica me parece que no es razonable, y menos en un contexto económico complejo. Lo grave es que con este fundamento mañana le vamos a cobrar a los docentes para concursar por un cargo”, agregó el abogado.

Enseguida, sostuvo que le llama la atención que el proyecto haya sido impulsado por un legislador peronista: “Me hace ruido esta falta de sensibilidad social en el proyecto”.

Finalmente, pidió que si el texto se convierte en ley sea vetado por el gobernador Gustavo Bordet: “Apelo a la sensibilidad del gobernador para que vete un proyecto de estas características. Si se ponen a pensar en los abogados, en un proceso de democratización de la justicia, me parece que algunos de legisladores tienen contradicciones entre el concepto de democratización y tarifación de la justicia. No creo que haya mala voluntad, me parece que falta ampliar la mirada y sensibilidad social  en un momento donde todos coinciden que estamos pasando un mal momento económico”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.