La Fiscalía de Estado, organismo encargado de defender el patrimonio del Estado entrerriano, se incorporó a la causa de los contratos apócrifos de la Legislatura.

Concretamente, el organismo a cargo de Julio Rodríguez Signes se presentó en los Tribunales de Paraná y pidió a la Justicia formar parte en el legajo en el que la Fiscalía asegura que entre 2008 y 2018 se sustrajeron $2 mil millones a través de contratos truchos legislativos.

Tras esa presentación, la Fiscalía de Estado fue admitida como actor civil en la discusión en torno a los embargos trabados contra un numeroso grupo de imputados, y sus cónyuges, entre los cuales se destaca el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y los exdirectores administrativos contables del Senado y Diputados, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso, respectivamente.

El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso un embargo por $3 mil millones para cada uno de los imputados en la causa de los contratos truchos. Esa cifra fue propuesta por la Procuración. Pero esa medida cautelar no está firme. La misma fue apelada por los abogados defensores y el tema está pendiente de discusión ante la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno.

La continuidad o no de los embargos iba a discutirse este jueves, pero la audiencia se suspendió porque el abogado Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, se encuentra en pleno proceso de recuperación por una operación.

Tras suspender la audiencia, la jueza Castagno también admitió la incorporación de la Fiscalía de Estado como actor civil.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó el motivo por el cual el organismo se suma a la causa.

“Cuando se producen este tipo de hechos se disparan distintas opciones jurídicas. Una de ellas es la acción penal, cuyo titular de la acción es el Ministerio Publico Fiscal, que persigue la sanción que establece el Código Penal. Pero no tiene atribuciones para perseguir la acción civil, es decir, resarcitoria. A partir de un delito se produce un daño al patrimonio y esa acción le corresponde a la Fiscalía de Estado. Una de las posibilidades es incorporarse como actor civil en los procesos penales”, sostuvo.

Consultado si está de acuerdo con la cifra de $2 mil millones de perjuicio al Estado que estima la Fiscalía, Rodríguez Signes afirmó que no está en condiciones de asegurar cuál es la suma de dinero sustraída del Estado mediante contratos truchos.

No obstante, refirió que “revisaremos contratos por contrato para ver cuáles son las irregularidades. Los que sean irregulares serán nulos y, por lo tanto, quienes fueron parte de un contrato nulo deben restituir lo que cobraron”.

En ese sentido, diferenció el criterio de la Procuración y la Fiscalía de Estado en cuanto a la persecución de aquellas personas que “prestaron” su nombre para los contratos ficticios. La Fiscalía definió no perseguir a los actores más vulnerables de la investigación, y es que según su tesis muchas personas de sectores humildes fueron “utilizadas” para la maniobra defraudatoria.

En el caso de la Fiscalía de Estado, Rodríguez Signes sostuvo que su criterio será reclamar el dinero que se fugó de las arcas públicas irregularmente.

 “Yo hago abstracción de si hay delito o no. Para mi hay contratos irregulares desde el punto de vista administrativo, y no importa si están en una posición favorable o más desfavorable. Yo ejerzo la acción contra todo el que perjudicó”, dijo.

Consultado sobre qué piensa de la causa que puso en vilo a la Legislatura, sostuvo: “Para mí es una causa sencilla desde el punto de vista administrativo. Lo que voy a hacer es examinar la regularidad o irregularidad de los contratos. Si los contratos no tienen vicios, son válidos, pero si tienen vicios se anulan y por lo tanto hay que restituir. Es un análisis muy frío lo mío”, puntualizó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.