Viven en la misma ciudad, Lucas González, a 135 kilómetros de Paraná, en el departamento Nogoyá, y en esa geografía que los contiene comparten una misma historia oscurecida por el flagelo del abuso infantil.

Santiago Tavares, ahora papá, sentó en el banquillo de los acusados y logró que lo condenen por segunda vez al cura Juan Diego Escobar Gaviria, que fue párroco de su pueblo, en la parroquia San Lucas Evangelista, entre 2005 y 2016.

A los 12 se integró a los grupos juveniles de la parroquia de Lucas González.  Fue su madre Sandra Mujica -nunca se perdonó ese gesto Sandra- quien lo empujó a ir a la parroquia del pueblo, San Lucas Evangelista. La mamá pensó que en la Iglesia lo iban a ayudar: que ahí lo contendrían. Un grupo de amigos con quienes compartía partidos de fútbol lo invitó a sumarse como monaguillo. Santiago Tavares fue entonces monaguillo. Cada lunes, faltaba a la escuela para irse de ayudante del cura Juan Diego Escobar Gaviria en sus giras de sanación por distintas ciudades. Casi siempre a Paraná.En la parroquia  San Lucas Evangelista, siendo monaguillo, Santiago Tavares fue abusado. Lo abusó el cura Escobar Gaviria, ese mismo cura al que había elegido como padre: para que lo contuviera.Cómo pasó.

-Yo llegué como monaguillo porque me gustaba. Al principio, iba todo bien. Pero con el pasar de los meses ahí adentro empezaron a cambiar las cosas. Ya no era el Juan Diego que yo conocí. Tenía actitudes que eran diferentes. No era la persona seria que yo había conocido. Un día yo estaba jugando junto a otros chicos en el comedor y me llama Juan Diego. Me pide que lo acompañe a la pieza. Cuando entro, cierra la puerta con llave y me empieza a hablar. En la pieza tenía una computadora donde preparaba la predicación de la misa de la tarde, así que nosotros íbamos y jugábamos en esa computadora. Pero ese día me empezó a tocar. No me gustó. Me levanté y me fui. Fui a la otra computadora, y no dije nada. No le conté a nadie. Fui como si nada. Después me empezó a hablar, a explicar con chamuyos lo que había pasado. Entonces, vinieron hechos más graves.

Escobar Gaviria fue doblemente condenado. En un primer juicio fue condenado en 2017 a 25 años de cárcel; en un segundo proceso, con Santiago Tavares como única víctima denunciante, le aplicaron otros 11 años. Luego, ambas condenas fueron unificadas, se anuló un caso y se fijó la pena en 23 años de cárcel.

Lo resolvió en junio último el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, aunque la medida fue apelada ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, que de momento no se expidió.

Se trata de una reducción de dos años de la pena impuesta el 6 de septiembre 2017 por el mismo Tribunal -con otra integración de jueces-. Entonces, el cura había sido condenado a 25 años de cárcel por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.

Sin embargo, en octubre de 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por los defensores del cura y revocó parcialmente el fallo.

El caso Escobar Gaviria tiene por delante otras instancias de apelación.

Santiago Tavares ya no es un niño, ni monaguillo. Salió de aquella oscuridad y venció, como pudo, el infierno de los abusos. Ahora es papá.

Alejandro Negri es papá de tres niñas, las dos mayores, de una pareja anterior a la actual. En 2020, denunció a su cuñado por haber abusado de esas dos menores.

El martes 13 de septiembre último, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, firmó la resolución de remisión a juicio oral de la causa por abusos a menores que involucra a César Cepeda. Los hechos, según denunciaron en 2020 los papás de dos niñas, de 4 y 6 años, sucedieron en la vivienda de Cepeda, en Lucas González: allí las niñas permanecían al cuidado de sus tíos mientras la mamá -separada del padre- cumplía con su horario laboral.

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Cepeda es la pareja de la hermana de la mamá de las dos niñas. Según la imputación fiscal en la apertura de la causa, se lo acusó de que, «durante el transcurso del período de aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional (cuarentena), aprovechando la circunstancia de que la denunciante dejaba a sus hijas menores de edad (G y C, de tres y seis años respectivamente) al cuidado tanto de su hermana SS como del encartado Cepeda, en el domicilio que éstos habitan en calle Eduardo Mongeloz (…)de la ciudad de Lucas González, en el horario de 13 a 16 hs. o 20 a 22 hs., dependiendo la demanda laboral de la madre de las menores, como así también en otros horarios donde la menor se quedaba en la casa de ellos en virtud de la relación de parentesco que los une, el incurso, valiéndose de la relación de confianza y rol que tenía respecto de la menor de tres años GN, en reiteradas oportunidades le dio besos en la boca y tocó por debajo de la ropa”.

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Los fiscales Maite Burruchaga y Rodrigo Molina, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, y el querellante particular, Mariano Navarro, pidieron 19 años de cárcel para Cepeda. Pero además, Navarro pidió que, hasta que se realice el juicio, se le aplique prisión preventiva en una unidad carcelaria ante los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y eventual peligro de fuga. El juez Acosta receptó el pedido de una medida cautelar sobre Cepeda, pero no accedió a la prisión preventiva, pero sí al arresto domiciliario con tobillera electrónica. El trámite de la tobillera no parece menor: el Servicio Penitenciario de Entre Ríos comunicó a la Justicia que ese proceso tardará unos 45 días. Es decir: tardarían 45 días en conseguir la tobillera.De momento, la Justicia no puso fecha para ese juicio oral de Cepeda.

Los dos, Santiago y Alejandro, se encontraron al término de la segunda ultramaratón contra el abuso sexual infantil, que unió General Ramírez con Lucas González. Y se tomaron una foto que es un símbolo de la lucha de ambos. Santiago sentó a un cura abusador en el banquillo de los acusados y logró su condena; Alejandro inició una incansable lucha para que los abusos a los niños sean un tema de agenda, que no prescriban en la Justicia y que los culpables encuentren, más temprano que tarde, una condena.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora