En la Cámara de Senadores de la provincia ingresó un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 37° de la Constitución provincial, promoviendo una Ley de Ética Pública, que establece, entre otras cosas, un régimen de declaraciones juradas “semi-públicas”, ya que mantiene una declaración “detallada” en forma secreta y habilita hacer pública sólo una “síntesis”.

La iniciativa ingresó el 14 de diciembre de 2016 a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta y su autor es el senador por el departamento Diamante, Omar Schild (Cambiemos). El legislador basa su proyecto en el que recibió media sanción de la Cámara de Diputados en julio de ese año.

Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de Entre Ríos llevan un buen tiempo bajo siete llaves. Son secretas y, por tanto, los ciudadanos no pueden conocer cómo se compone el patrimonio de quienes toman decisiones en los tres poderes del Estado. El carácter secreto de las declaraciones juradas de los funcionarios fue establecido hace 64 años, en 1953, bajo la Ley 3.886.

¿Cuál es el patrimonio del gobernador, el vicegobernador, los legisladores, los jueces y demás funcionarios del Estado entrerriano? Toda esa información actualmente se encuentra “en un sobre cerrado y lacrado” y, según el artículo 9º de la vetusta ley 3.886, sólo se puede acceder a su contenido por dos vías: por orden de un juez o con el permiso del declarante, es decir, el funcionario. Esta historia podría cambiar, sólo un poco y a medias.

El año pasado hubo tres proyectos de ley que buscaban avanzar en la reglamentación del artículo 37° de la Constitución provincial: uno de Rosario Romero (Frente para la Victoria, FPV), otro de Gustavo Zavallo (Frente Renovador) y un tercero de Fuad Sosa (Cambiemos), que lo venía impulsando desde 2013. Todos establecen el carácter secreto de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y, con ese consenso, se decidió unificar los tres proyectos. Así, el 6 de julio de 2016, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto unificado y fue girado al Senado.

En los argumentos de su proyecto, Schild señala que tomó como base el aprobado por Diputados y que realizó modificaciones parciales “con la intención de profundizar de manera clara e integral la regulación de la ética pública provincial”.

A nivel nacional las declaraciones juradas de los funcionarios están a un “clic” de distancia. Y es que se encuentran a disposición de los ciudadanos en el sitio http://www.datos.gob.ar/ en la sección “Administración Pública”. La Ley de Ética Pública 25.188, sancionada en 1999, y modificada por la Ley 26.857, de 2013, dispone el acceso Web de las declaraciones juradas de los funcionarios, legisladores y jueces. Estos últimos todavía no cumplen con esta obligación. A pesar de esas disposiciones en el plano nacional, Entre Ríos sigue siendo una de las pocas provincias sin una Ley de Ética Pública.

El proyecto

El proyecto de Ley de Ética Pública que ahora ingresó en el Senado entrerriano hace referencia a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los centrales son los primeros cuatro mencionados.

El artículo 6º establece el régimen de declaraciones juradas, en donde se indica que los funcionarios de los tres poderes deberán presentar “una declaración jurada patrimonial en forma previa o simultánea a la toma de posesión del cargo”. Además se señala que
deberán actualizar esa información anualmente.

El artículo 7º detalla qué funcionarios deberán presentar la declaración jurada patrimonial: en el Poder Ejecutivo deben hacerlo el gobernador, su vice, los ministros, secretarios, subsecretarios, el Fiscal de Estado, entre otros. También están sujetos a presentar su informe patrimonial los Legisladores provinciales y secretarios de las Cámaras, y los jueces y funcionarios del Poder Judicial. (ver infografía).

El artículo 8º indica qué contenido debe informar el funcionario: “Deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores en el país o en el extranjero. En el caso del cónyuge, el conviviente y los hijos menores que tuvieren ingresos, se indicarán
profesión y medios de vida de los mismos”.

En especial se le pide que detalle: “bienes inmuebles, bienes muebles registrables, determinando su valor en conjunto, capital invertido en títulos, acciones, fideicomisos y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias; monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión, nacionales o extranjeras, con indicación del país de radicación de las cuentas, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. Las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y débito y las extensiones que posea; créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes; ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales”, entre otros.

El artículo 9º señala que la declaración patrimonial deberá presentarse “en sobre cerrado y lacrado” y se especifica que habrá una «declaración jurada detallada” que tendrá carácter de secreta y una “síntesis” que será pública. Además, se menciona que esa información sólo podrá ser abierta por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores; por decisión de un juez; o por requerimiento de la Autoridad de Aplicación.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.