El proceso de juicio político al suspendido presidente de la Sala Penal y de Acuerdos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Alberto Chiara Díaz, ingresa en una nueva fase. Este domingo venció el plazo para la presentación de pruebas.

El magistrado fue suspendido de su cargo el 13 de diciembre de 2016 por la Cámara de Diputados, cuando aprobó llevarlo al banquillo de acusados por supuesto mal desempeño. Lo próximo serán las audiencias donde desfilarán los testigos del juez y los propuestos por los diputados acusadores.

El Senado, convertido en Corte de Justicia, será quien defina el futuro del vocal suspendido del STJ.

 

Tanto la defensa del magistrado como parte acusadora, compuesta por cinco diputados de la comisión de juicio político, ya ofrecieron las pruebas que les fue admitida por el Tribunal el 30 de diciembre de 2016.

Los días 6, 7 y 8 de febrero serán las testimoniales.

 

En esos días se presentarán ante la Corte los testigos de las partes. La comisión acusadora de la Cámara de Diputados, pidió convocar a Marcos Solari, Sergio Da Silva, Ana Linares Quintana, Pablo Lico, todos de la Universidad de Belgrano; y a Elena Salomón, secretaria de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

 

En tanto, el abogado de Chiara Díaz, Guillermo Brunner, ofreció 20 testigos. Entre ellos, se encuentran jueces del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los nombres de “peso” está el de Germán Garavano, actual ministro de Justicia de la Nación; y Ricardo Gil Lavedra, ex legislador nacional y ex juez del tribunal de que juzgó a la Junta Militar en 1985. El suspendido magistrado también solicitó que se cite a declarar a sus colegas del STJ, Daniel Carubia, Leonor Pañeda y Germán Carlomagno.

 

 

La Corte fijó las próximas audiencias de vista de causa para los días 6, 7 y 8 de febrero a partir de las 9 el primer día señalado, y a partir de las 8 de los dos días subsiguientes. Luego de las testimoniales se clausurará el período probatorio para dar lugar a los alegatos de las partes, fecha aún no confirmada por el Tribunal.

 

Según se informó, los testigos de los diputados declararán en el siguiente orden: Elena Salomón lo hará el 6 de febrero a las 9; mientras que los demás concurrirán a declarar a partir de las 10 de ese mismo día. En tanto, los testigos de Chiara Díaz se presentarán ante el Tribunal el 6 de febrero a la hora 16; el 7 a las 20 y el 8 también a partir de las 20.

 

Los testigos de Chiara Díaz, son: Germán Garavano (Ministro de Justicia de la Nación), Ricardo Gil Lavedra (abogado y ex diputado radical), María Luisa Lucas (integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chaco), Miguel Piedecasas (vice presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación), Ricardo Li Rossi (juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal), Daniel Erbetta (presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe), Rafael Gutiérrez (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe), Luis Lozano (actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Enzo Finocchiaro (defensor oficial del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires), Carlos María Folco (juez Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Capital Federal), Cristina Elisabeth González (secretaria general de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Alberto Balladini (ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro), Héctor Granillo Fernández (titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados), Alejandro Slokar (juez de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal), Julio De Olazábal (Fiscal General de la provincia de Santa Fe), Federico Domínguez (Presidente de la cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires), Julio César Báez (juez de Cámara en el Poder Judicial de Nación por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4), Daniel Carubia (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos), Leonor Pañeda (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos) y Germán Carlomagno (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos).

 

 

La acusación

 

El dictamen acusatorio contra Chiara Díaz, aprobado el 13 de diciembre del 2016, dice que se demostró que entre 2006 y 2016 el magistrado “tuvo como práctica habitual solicitar autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción requiriendo, en la inmensa mayoría de los casos, la liquidación de viáticos por cada día que se encontraba fuera de la ciudad de Paraná y gastos de traslado (ida y vuelta)”.

 

“Esta práctica se ha mantenido casi regularmente y de manera invariable en los últimos 10 años. Por otro lado, del estudio de esa documentación se advierte que en la mayoría de los casos el destino del juez ha sido la ciudad de Buenos Aires, mientras que los días en los que ha percibido esos viáticos se corresponden preferentemente a los jueves y viernes”, señala otro párrafo del extenso dictamen acusatorio.

Según los diputados, a Chiara Díaz se le liquidaron viáticos (y en numerosos casos pasajes aéreos) por un total de 516 días en el período de 2006 a 2016. En ese período, el vocal se ausentó un total de 948 días. Valorizaron que el juez percibió $1.290.000 en concepto de viáticos.

 

En un escrito presentado ante la Corte de Justicia a fines de diciembre, Chiara Díaz apuntó directamente al ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri y a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak: “En el presente juicio político hay una velada pero concreta intromisión del poder legislativo bajo la dirección del presidente de la Cámara de Diputados, que institucionalmente resulta insoportable porque pretende controlar aspectos de su funcionamiento, trámites, características de los desempeños de cada uno de los magistrados, que al parecer y a pesar de ser intolerable institucionalmente ha contado con la aquiescencia fundamentalmente de la titular del STJ, Dra (Claudia) Mizawak, quien ha permitido que desde la Comisión Investigadora se pida informes directos a la Contaduría General o a las Secretarías de Superintendencia, presentándose también una recepción sin control de pedidos de la llamada Comisión Investigadora que fueron derivados a la Sala de Amparos con premura, sabiendo de la ausencia por licencia otorgada al denunciado”.

 

Además, en su descargo afirmó que durante los últimos diez años “nunca” efectuó un viaje, comisión o licencia o actividad dentro o fuera de la provincia “utilizando pasajes aéreos, auto particular y/o auto oficial sin contar con la previa autorización” de parte de al “menos cinco miembros” del máximo tribunal de justicia.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.