En 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de una ley que autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet, con la obligación de las empresas de preservar durante 10 años la información sobre las comunicaciones de los usuarios. La Ley Nº 25.873 establecía que los prestadores de telecomunicaciones debían «disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones», a su propio costo y para que el servicio estuviera «disponible en todo momento». La encargada de realizar esta tarea es la Dirección de Observaciones Judiciales, que depende de la Secretaría de Inteligencia, por lo que el Gobierno podía acceder a dicha información. La causa había sido iniciada por el abogado Ernesto Halabi.
Este miércoles, el fiscal Ramírez Montrull defendió la incorporación del cruce de llamadas como prueba en el megajuicio y que resultó clave en la acusación por la causa Parador. También defendió la intervención de los bioingenieros del Gabinete de Informática Forense, que analizaron esas llamadas, que según la defensa no están preparados para realizar esa tarea.
Ese cruce de llamadas analizado por el Ministerio Público Fiscal permitió conocer la existencia de comunicaciones previas al montaje del Parador en Mar del Plata en 2015 para, según la acusación, promover la precandidatura a Presidente del exgobernador Sergio Urribarri. El intercambio telefónico también se dio con el cuñado Juan Pablo Aguilera, Franco Urribarri, hijo del exgobernador, y Hugo Marsó, exministro de Turismo.
Durante el megajuicio, la Fiscalía alegó respecto del montaje de un parador playero en Mar del Plata en 2015, que este miércoles Ramírez Montrull citó nuevamente para hablar de una serie de delitos cometidos.
El cuñado Juan Pablo Aguilera .
Gerardo Caruso, titular de la empresa «El juego en que andamos».
Hugo Marsó, exministro de Turismo.
Corina Cargnel, contadora de las empresas que se adjudican a Aguilera.
En el trámite de contratación de “El Juego en que Andamos”, la firma elegida para montar ese parador que costó $14 millones, se observaron “las mismas irregularidades que con la contratación de Nelly Entertainment, y este es un modus operandi de una organización delictiva”, señaló durante las audiencias del megajuicio el fiscal Ramírez Montrull. La contratación y la selección del adjudicatario se dio de forma “clandestina” y luego se dio inicio a un expediente administrativo en el Estado para darle “apariencia de legalidad”.
El dato de color es que «El juego en que andamos» es el título de un poema del poeta Juan Gelman, escritor admirado por el dueño de la firma, Gerardo Caruso
Para probar el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, el fiscal aportó un dato: la adjudicación de la instalación y armado del parador de Mar del Plata a la firma “El juego en que andamos” ocurrió el 29 de diciembre de 2014, y el 3 de diciembre de 2015 se inauguró. “Ese dato es suficiente para probar las negociaciones incompatibles”, señaló.
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Otro elemento que resaltó el fiscal fueron las 181 llamadas que hubo entre Urribarri y el empresario Caruso, comunicaciones que empezaron mucho antes de que se haya resuelto la adjudicación, el 20 de octubre de 2014. “Hubo seis llamadas entre ambos, antes de que Caruso resulte adjudicado, y 2 llamadas el día de la adjudicación. Urribarri fue el que negoció todo”, planteó.
Aunque también hubo llamadas entre Caruso y el cuñado Juan Pablo Aguilera, Franco Urribarri, hijo del exgobernador, y Hugo Marsó, exministro de Turismo.
«Esta suma de irregularidades tiene su beneficio, el beneficio es la promoción de la imagen de Urribarri», y que configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dijo. Y agregó que también se suma el delito de peculado. «Tiene un plus esta causa respecto de la causa Mercosur. Acá hay un retorno de dinero. No solo que el beneficio es la publicitación de la imagen, sino que hay retorno», afirmó. «Este esquema de retornos fue en forma clandestina», ilustró.
Ramírez Montrull detalló tres pagos de «retornos», por una suma total de $4,7 millones.
El montaje
La contratación con la empresa de Gerardo «Foia» Caruso para instalar aquel parador se tramitó a través del expediente Nº 1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo.
El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.
El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.
La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El Juego en que Andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”. En su alegato de este jueves, el fiscal Ramírez Montrull dijo que se trató de una «competencia simulada», porque de antemano se sabía quién sería el adjudicatario.
Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.
Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, Gerardo Caruso, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
Los condenados
No todos los mencionados por Fiscalía terminaron finalmente condenados por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Al exgobernador Sergio Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo condenó a 8 años de cárcel.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue de 6 años y 6 meses de prisión.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de culpa y cargo.
De las 14 personas que se sentaron en el banquillo, 5 fueron absueltas (una falleció en octubre de 2021).
El fiscal Ramírez Montrull pidió al tribunal la confirmación de las condenas.
Al cierre de la primera parte del alegato fiscal, el defensor Ignacio Díaz, representa al exministro Pedro Báez, reprochó que Ramírez Montrull haya leído su alegato. La presidenta del tribunal, Marcela Davite, aclaró que no hubo lectura, y por eso rechazó la observación.
Luego de un cuarto intermedio, seguirá el alegato de la fiscal Patricia Yedro, y mañana, jueves, el fiscal Gonzalo Badano.
Foto de portada: Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora