Un grupo de 70 empleados de la Secretaría de Energía, organismo que está al mando de Raúl Arroyo, vienen reclamando, todavía sin respuestas, que el Estado los reconozca como trabajadores de la rama eléctrica, y por eso mismo los ubique bajo los beneficios del convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza.
Ese tratamiento, empleados de la rama electricidad, tienen los agentes de la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) y también del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Incluso, el titular del EPRE, el abogado Marcos Rodríguez Allende, tiene sueldo de convenio de Luz y Fuerza.
Y es, el del interventor del Ente Regulador, uno de los sueldos más altos que paga el Estado entrerriano.
Pero los trabadores de la Secretaría de Energía, que cumplen labores en terreno, en obras de electrificación rural, son considerados como empleados del escalafón general, y por eso mismo, perciben un salario sustancialmente más bajo que si estuvieran encuadrados como trabajadores de la rama energética.
Electrificación rural, el área «menos rentable» que maneja la Secretaría de Energía.
Miguel Ángel Zapata, vocero de los trabajadores de la Secretaría de Energía, dice que no han tenido ningún tipo de eco ante los numerosos reclamos hechos ante el titular del área, Raúl Arroyo, ni tampoco lo han logrado luego de haber acudido a la vía legal. Y por eso han resuelto hacer público un planteo que viene de años.
“Esta situación arrancó cuando se privatizó el servicio”, cuenta. “Cuando asumió el privado, se quedó con la parte más rentable. Lo menos rentable, la electrificación rural, quedó a cargo de la Secretaría de Energía, o sea del Estado. Pero sucedió que la electrificación rural creció mucho estos últimos años. Se pasó de dar energía a cuatro casas a instalaciones monstruosas. Y nosotros, trabajamos en terreno, algo que no hace, por ejemplo, el EPRE”, asevera.
“Nos pusieron bajo la órbita del empleado público. Pero nosotros hacemos el mismo trabajo que un empleado de Enersa, pero cobramos muchísimo menos”, añade. Y da un ejemplo: una telefonista en la distribuidora eléctrica provincial percibe de bolsillo aproximadamente $25 mil; en la Secretaría de Energía, $11 mil.
Claro, ahora el servicio eléctrico ya no es privado, sino estatal. Lo estatizó en 2005 el exgobernador Jorge Busti, cerrando así la etapa de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), manejada por capitales norteamericanos.
Edeersa había nacido el 8 de abril de 1996 cuando, en su primera gestión al frente del Ejecutivo provincial, el mismo Busti dispuso el traspaso a manos privadas de Epeer, la ex eléctrica estatal.
Cuando se privatizó el servicio eléctrico, hubo una feroz reducción de personal en la planta de empleados de la distribuidora eléctrica. Ocurrió primero con retiros voluntarios durante la etapa del Estado y el achique siguió durante la gestión de los privados, cuando la distribución de energía todavía estaba en manos del Estado entrerriano, la ex EPEER contaba con una plantilla de 1.208 trabajadores.
Al ser traspasada a manos privadas, en 1996, ese número ya se había reducido a 967 por aplicación de un plan de retiros voluntarios. Pero cuando Edeersa empezó a funcionar produjo una nueva merma, y la planta de personal se redujo a 400 trabajadores.
Los que no se fueron por retiro voluntario o no fueron incorporados a los microemprendimientos tercerizados que todavía sobreviven en la distribuidora estatal –una rémora de los años de la desregulación eléctrica—fueron absorbidos por el Estado, en la Secretaría de Energía, y por una decisión que todavía no encuentra explicación, fueron sacados del escalafón de trabajadores de Luz y Fuerza, y puestos en el escalafón general.
Pero en una situación muy desventajosa salarialmente. Y esa situación, que data de veinte años después, no se ha corregido.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.