En seis días, el Senado provincial, constituido en Corte de Justicia, tomará declaración testimonial a 25 testigos en el marco del juicio político al suspendido presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, acusado de mal desempeño en el ejercicio de su magistratura. El juez ofreció 20 testimoniales, mientras que la comisión acusadora de diputados propuso cinco. Los testigos ofrecidos por ambas partes deberán declarar los días 6, 7 y 8 de febrero.

En tanto, se confirmó que la Corte podrá recepcionar prueba informativa hasta poco antes de emitir su veredicto. Esa instancia, en un primero momento, se previó que finalizara el domingo 29, pero ahora se ha resuelto extenderla hasta el 6, según anunció el diputado Diego Lara.

En cuanto a las testimoniales, por el momento sólo los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Carubia, Leonor Pañeda y Germán Carlomagno solicitaron declarar por escrito.  “Ya lo pidieron y se les hizo lugar y ya hoy (por este martes) se les entregó el oficio comunicándoles la decisión y se le enviaron los pliegos de preguntas que tienen que contestar por escrito a la Corte”, confirmó Ladislao Uzín Olleros, abogado asesor de la Cámara de Senadores, constituida en Tribunal.

Ese beneficio está contemplado en el Código Procesal Penal de la Nación, en su capítulo IV,  artículo 250, que señala que en un juicio “no estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales”.

Esa prerrogativa, declarar por escrito, ha sido un camino que han seguido los arzobispo Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari cuando testimoniaron en la causa por abusos a menores contra el cura Justo José Ilarraz.

Los jueces supremos fueron citados a declarar por Chiara Díaz, acusado por uso indebido de viáticos y abandono excesivo de su magistratura, entre otras imputaciones. El suspendido juez busca que sus colegas del STJ informen a la Corte cómo es el sistema de autorización, control y rendición de viáticos, mecanismo recientemente cuestionado por el vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna.

Consultado Uzin Olleros si el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, también declarará por escrito como testigo de Chiara Díaz, señaló que aún no hay ninguna presentación al respecto: “No ha presentado ningún escrito para solicitar que su declaración sea recibida por escrito. Tiene que pedirlo él, el Tribunal no puede suplir la voluntad del testigo. Él (por Garavano) está ofrecido como testigo y es carga de cada una de las partes producir la prueba, en este caso la defensa que es la que lo propone a Garavano tiene que encargarse de citarlo”.

El letrado recordó que las audiencias de recepción de testimoniales se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero y que en esos días “se van a agregar los informes y toda prueba que se haya armado” por las partes. “El día 8, culminado la recepción de la prueba testimonial, la presidencia va a fijar la fecha y hora de los alegatos que estimo que serán a las 24 o 48 horas siguientes”, informó Uzín Olleros.

Sobre este punto existen dos versiones en la Cámara Alta: una indica que los alegatos de las partes se realizarán el 9 o 10 de febrero; y otra señala que los senadores se inclinarían por convocar a las partes para el lunes 13 del actual.

Consultado al respecto, el abogado asesor de la Corte reiteró que es el Senado quien debe fijar la fecha y hora de la celebración de los alegatos. “Un alegato lo hará la comisión de acusadora de Diputados que la preside Diego Lara, y a continuación expondrá la defensa. Una vez que se hacen los alegatos se declara clausurado el debate y se fija fecha y hora para dar a conocer el veredicto”, afirmó.

Enseguida, el abogado subrayó que la prueba que produzcan las partes incluso podrá ser recepcionada antes de que los senadores dicten sentencia: “El Senado hasta antes de reunirse para deliberar y dictar el veredicto puede recepcionar todas las pruebas. Por ejemplo las pruebas de informes que se habían mandado a la Universidad de Belgrano, a la Universidad de Buenos Aires y a la Conadu, se puede recibir hasta antes de reunirse la Corte para meritar esas pruebas y emitir el veredicto”.

Finalmente, Uzín Olleros recordó que de acuerdo al artículo 149 de la Constitución provincial, que establece la figura del juicio político, no hay posibilidad de prórroga en el proceso: “los plazos son corridos, perentorios e improrrogables y acá no hay ni inhábil, ni feriados, ni sábado ni domingos, todos los plazos son corridos porque dentro de los 90 días de iniciado el juicio político tienen que pronunciarse la sentencia”.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.