Los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, plantearon este lunes en la Justicia que se dicte la prescripción de la acción penal en la causa abierta en 2015 por supuesto enriquecimiento ilícito. No sólo dijeron que se excedió Fiscalía en el tiempo de investigación, y así el plazo razonable para investigar, sino que además el proceso superó el plazo máximo de pena que tiene el delito que se le imputaría a Urribarri en caso de ser hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, 6 años, y lleva ya 7 años y medio abierta la investigación.
Y referenciaron un período específico de tiempo, el 21 de agosto de 2019 al 11 de diciembre de 2020, lapso durante el cual, según los defensores, la Fiscalía no realizó ninguna actividad, no produjo evidencias y la causa se mantuvo paralizada. Esa aseveración fue refutada por el fiscal Gonzalo Badano –asistió a la audiencia junto a la fiscal Patricia Yedro- y listó una serie de medidas que se tomaron de ese período, entre otras, el inicio de la pericia contable que cerró, dijo, con un monto de 9 millones de dólares de crecimiento de patrimonio que el exgobernador no pudo justificar.
Badano citó que el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros –que fuera proveedor del Estado entrerriano mediante una de sus firmas, Relevamientos Catastrales SA- fue activo partícipe en maniobras de enriquecimiento del exgobernador.
La Procuración ventila datos de enriquecimiento de Urribarri
La petición de prescripción en la causa por enriquecimiento –en la que Urribarri está citado a indagatoria para el próximo 14 de junio- la formularon los defensores durante una audiencia que se desarrolló este lunes ante el juez de Garantías Julián Vergara, que reemplaza al magistrado natural de la causa, Mauricio Marcelo Mayer, promovido a juez de juicios. El defensor Candelario Pérez sostuvo que “son falsos” los datos que dan cuenta de un crecimiento patrimonial de Urribarri del orden de los 9 millones de dólares, tal como indica un informe pericial firmado por los peritos Romina Stepanic Pouey , técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte.
“Lleva 7 años y medio la investigación. Esta elongación, que nosotros consideramos injustificable, es demostrativa que a los fiscales no les interesó el tiempo que transcurrió la investigación”, planteó Pérez en alusión a los miembros del Ministerio Público Fiscal que llevan adelante la causa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Para la defensa, la nueva apertura de causa que realizó Fiscalía a finales de abril último y el monto de la imputación del enriquecimiento- no tienen sustento.
Un punto central de la alegación fue el plazo “excesivo” de tiempo en el que la Fiscalía supuestamente no movió la causa. El defensor Pérez refirió que entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020 la causa no tuvo movimientos, Y también reprochó el trabajo pericial hecho por el contador Héctor Enrique, del Ministerio Público Fiscal, y alertó que el nuevo informe pericial no está concluido. Dijo que Enrique concluyó en un aumento injustificado del patrimonio del exgobernador en 9 millones de dólares, per la nueva pericia estableció que la inconsistencia sería en realidad de 500 mil dólares. Y reprochó que el Ministerio Público Fiscal se apoye en el dictamen de Enrique.
“La pericia es un acopio de falsedades que se endilgan a nuestro defendido”, lanzó. “Es un proceso penoso y humillante esta investigación”, planteó. Argumentó que la pericia con perito de parte no está concluida, además, porque aguardan la respuesta a un exhorto diplomático hecho a Grecia para que informe cuánto dinero cobró Bruno Urribarri, hijo del exgobernador, cuando jugó en un equipo de fútbol de aquel país europeo. “En su corta trayectoria como jugador, se calcula una ganancia de entre 8 millones y 10 millones de dólares”, planteó. La fiscal Patricia Yedro le contestó que el hijo de Urribarri, Bruno, no está imputado en la causa, de modo que esa información que pretende la defensa no impactaría de ninguna manera en la investigación penal.
El defensor Pérez sostuvo que la investigación penal sobre el patrimonio de Urribarri tiene “ánimo de perjudicarlo”. Y entonces refirió a que “hubo un periodo 1 año y medio en el que estuvo paralizada la investigación”, y refirió que “entre el 21 de agosto de 2019 y el 11 de diciembre de 2020 la investigación estuvo paralizada”.
Raúl Barrandeguy se mostró “sorprendido” por la nueva apertura de la causa por enriquecimiento a Urribarri que tuvo lugar el 27 de abril último. Pero además mostró la suspicacia de que la causa se active “nuevamente en momento de elecciones internas en el que nuestro defendido pretende jugar”. Alegó que “no hay ninguna prueba, menos una prueba consistente, que permita sostener la conclusión de que Urribarri se enriqueció en 9 millones de dólares, que no tiene cómo justificar”.
“Sin ninguna razón se lo martiriza, se lo humilla a nuestro defendido, diciéndole al país que Urribarri se ha enriquecido en 9 millones de dólares”, planteó.
El defensor hizo un pedido: “Esto tiene que terminar. Esta persecución encarnizada y sanguinaria sobre Urribarri y su familia tiene que terminar. ¿Qué más quieren de Urribarri?”, preguntó. Consideró inexplicable la modificación de la apertura de causa cuando la pericia contable no está terminada porque se está a la espera de un exhorto remitido a Grecia. Y refirió que las medidas se conocen “en el momento de la presentación de listas para las elecciones primarias de agosto. Y es falso. Son noticias que atrasan 6 años”.
Después de repasar fechas y una supuesta inactividad en la causa durante un año y medio, Barrandeguy cerró: “Queremos plantear que se ha consolidado la prescripción”. Y agregó: “Es una desproporción que ofende el sentido común tener una investigación abierta 7 años y medio cuando la pena máximo para el delito que se le reprocha es de 6 años”.
Dijo que con esas medidas judiciales se lo pretende “freezar” a Urribarri, y realizó el petitorio: sostuvo que la apertura de causa “es nula por las falsedades explicitas que contiene. Y pensamos que es nula porque se lleva adelante una persecución penal con una acción que prescribió”.
Al final, el juez Vergara no adoptó una decisión concluida la audiencia: avisó que citará a las partes para anoticiarlas de la resolución una vez que la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) pueda ubicar esa investigación en el calendario para los próximos días.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora