En 2012, el Gobierno firmó un acuerdo paritario con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) -los dos gremios con personería en la mesa paritaria- para la construcción de 1.000 viviendas destinadas a maestros y profesores en toda la Provincia.

El acuerdo estableció una colaboración de todas las partes. Las viviendas se construirían en el marco del programa federal Techo Digno, que implementó la Nación. En tanto, el Gobierno provincial se haría cargo de la ejecución de las obras y de la infraestructura básica. Los gremios, a su vez, aportarían los terrenos.

Aquel programa empezó a tropezar: en 2015 se licitó la construcción de 500 viviendas que no pudieron ejecutarse por desestimiento de la empresa que había ganado la licitación. En 2020, se realiza un nuevo llamado a licitación, ya no dentro del antiguo Programa Federal Techo Digno (derogado en 2016), sino dentro del actual Programa provincial Primero tu Casa. Este nuevo programa, ejecutado con fondos 100% de la Provincia, contempla la construcción de viviendas de un solo dormitorio.

Como parte de ese acuerdo, en Paraná, sobre calle Salvador Caputo, se construyó un grupo de 44 viviendas para docentes afiliados a Agmer. Las viviendas fueron ocupadas en 2019 por sus adjudicatarios que, desde entonces, batallan por conseguir que sus viviendas adquieran existencia real y para eso requieren de un acuerdo entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y la Municipalidad de Paraná. No se trata de un mero trámite: lo que se persigue es que dos organismos del Estado acuerden definir qué lote corresponde a cuál adjudicatario, y así emitir las boletas de las tasas municipales y, lo más prioritario, que se pueda ejecutar el asfaltado de las calles, que era parte del acuerdo original.

La situación del barrio al momento de la ocupación por parte de sus adjudicatarios era harto precaria: no había calles ni cordón cuneta. La situación en 2023 sigue exactamente igual.

Mariela Miño, una de las docentes adjudicatarias, dice que el acuerdo que se firmó en paritaria fijó que las viviendas debían entregarse con calles asfaltadas, pero como la necesidad de ocupar las casas era perentorio se obvió ese detalle para más adelante. «En ese momento era intendente Sergio Varisco. Pedimos que nos entregasen las viviendas igual, y que nosotros íbamos a esperar por el asfalto. Varisco se comprometió a hacer el asfalto. No se hizo. Hubo cambio de gestión, llegó Adán Bahl, y estamos igual. Vamos a reclamar a la Municipalidad y nos dice que como IAPV no ha cedido los terrenos, ellos no pueden ingresar a hacer la obra. Eso es lo que nos dicen», describe.

Los adjudicatarios acudieron entonces a la sede de IAPV para obtener respuestas, pero se encontraron con una mala nueva: nadie los recibe. Ya no piden asfalto, ni que se regularice la situación catastral de sus viviendas: reclaman que un funcionario del organismo los atienda para explicarles el problema. El asunto ha adquirido un cariz tal que ahora interviene un abogado, Ramiro Pereira, que representa a los adjudicatarios, que este próximo miércoles presentará un recurso de queja ante el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni.

El recurso de queja sobreviene por la «demora en la resolución del pedido de audiencia» presentado el 14 de marzo de 2022, más de un año atrás.

Aquel pedido de audiencia se registró bajo número de expediente 211119 y fue girado a la Gerencia Regional Oeste de IAPV. Como el trámite no avanzó el 1º de julio de 2022 se interpuso el primer recurso de queja.  Pero nada ocurrió: el expediente sigue varado en algún estamento de la Administración y, lo más relevante, la audiencia con los adjudicatarios no se produjo nunca.

«Vamos a esperar hasta fin de mes -promete Mariela Miño-. Si no nos responden el pedido de audiencia, vamos a ir los 44 adjudicatarios y nos vamos a presentar en IAPV y no nos vamos a ir hasta que no nos reciba algún funcionario».

La docente plantea una contradicción: para la Municipalidad, «nuestro barrio no existe, pero si vas a Catastro, nuestro barrio sí figura. O sea, para cobrarnos los impuestos sí existimos, pero para poder hacer el asfalto, no existimos».

Una docente adjudicataria quiso averiguar de oficio cuál es la situación catastral y dominial de las viviendas que ocupan desde 2019: fue hasta IAPV y deambuló por cinco oficinas distintas hasta que dio con un «conocido» que es escribano en el organismo; primero acudió a la Regional Oeste, en calle Patagonia, y de allí la derivaron a la sede central, en Laprida.  «Lo que pasa es que no tenemos ningún documento que diga cuántas cuotas tenemos que pagar: quería saber si tenemos que pagar durante 20 años, o durante 25 o 30 años. Cuando me lo aclararon, pregunté por qué teníamos tenencia precaria y no escritura con hipoteca. Me dijeron que el trámite de nuestras viviendas estaba en la Regional Oeste, y que de ahí debía ir a la Municipalidad y volver, y entonces sí se podría hacer las escrituras», contó.

Su peregrinaje siguió luego por las oficinas de la Administradora Fiscal Municipal (Afim): de allí la derivaron a Catastro «para que me asegure si el terreno que ocupa mi casa es el que efectivamente me corresponde a mí, porque los papeles están todavía a nombre de IAPV. En Catastro buscaron un mapa e identificaron mi lote. Les pregunté por qué todas las boletas llegan a nombre de IAPV: me dijeron que estos es así porque IAPV no presentó nada en la Municipalidad».

Ero, los adjudicatarios pagan tasas por sus viviendas a nombre de IAPV, no saben a ciencia cierta si los lotes que ocupan les corresponden y tampoco pueden acceder al beneficio de que les asfalten las calles porque su barrio no tiene existencia real para los registros catastrales.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora