El 10 de diciembre de 2oo3, Rubén Ángel Vázquez asume, con el sello del Frente para la Victoria, la intendencia de San Benito, que entonces dejaba atrás su período como Junta de Fomento. Lo rodeaba la crisis que siguió al estallido de 2001, con el pago de salarios en Bonos Federales. Cuando asumió, rememoró este jueves, ante una sala de audiencia en los Tribunales de Paraná, los 60 empleados municipales tenían 10 meses de atraso en el pago de sueldos. Y que llegó para ordenar todo el desmadre.

No estuvo en el papeleo, ni en los asuntos administrativos de la Municipalidad de San Benito. «Lo mío era la calle», dijo Vázquez, que estuvo como intendente entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2011, y que fue sucedido por su hijo, Ángel Vázquez, de 2011 a 2015. Había asumido Väzquez padre después de dos gestiones de otro intendente peronista, Oscar Acosta, que estuvo entre 1995 y 2003. De este último tiempo viene la designación de Edgardo Valdemarin como tesorero de la Municipalidad de San Benito: estuvo en ese cargo desde 1996 a 2003. Cuando asume Vázquez lo corren de su lugar: primero lo dejan como ayudante del nuevo tesorero, Roberto Ramallo, y después lo pasean por distintos destinos que mellaron su autoestima: como sereno en un jardín maternal; luego como cuidador de una plaza, a la que debía acudir con su propio autor para resguardarse de los rigores del frío en invierno.

La separación del cargo del tesorero se hizo de un modo desprolijo y por eso a Vazquez y al exsecretario de Gobierno, José Luis Cogno, un empleado municipal con veinte años de carrera, los sentaron en el banquillo de los acusados bajo el cargo de falsedad ideológica de instrumento público.

Valdemarin, el tesorero corrido de su función, llevó el caso a la Justicia. ·El denunciante afirmó que al regresar de una licencia por enfermedad, en julio de 2004, se le asignaron tareas de sereno y que en diciembre de ese año, tras solicitar el legajo para corroborar la disposición oficial del cambio de funciones, se llevó una sorpresa: se le pidió que firme una notificación del decreto Nº 13 del 17 de diciembre de 2003, rubricado por Vázquez y su entonces secretario de Gobierno, José Luis Cogno, y al rubricarla advirtió que la notificación estaba fechada el 18 diciembre de 2003, es decir, un año antes. Así, se habría asentado que fue notificado un día después del decreto de Vázquez.

Según la denuncia de Valdemarín, al advertir que la fecha correcta de la notificación debía ser 15 de diciembre de 2004, se le quitó el documento de las manos.

En el decreto Nº 13, del 17 de diciembre de 2003, se hace referencia a una ordenanza que fue aprobada 13 días después, el 30 de diciembre de ese año.

A ello se suma que una pericia informática no habría hallado el archivo correspondiente al decreto Nº13, pero sí los decretos 12 y 14, que fueron creados en enero de 2004. La defensa legal de Valdemarín señaló que es materialmente imposible que Vázquez haya firmado el decreto Nº13 en diciembre de 2003.

Vazquez, que desde 2020 es funcionario del Ministerio de la Producción luego de estar durante dos períodos como diputado provincial, de 2011 a 2019, se paró arriba de su propia percepción de su figura política y minimizó el asunto. «Llama la atención que no haya una sola denuncia contra el intendente que dejó tanto desorden y nos cayó a nosotros esto que llevamos adelante sanamente el municipio. Me quiero sacar de encima esta mochila, que para mí es un peso muy grande. Para mí Valdemarín fue un trabajador más», dijo ante el juez de juicio Alejandro Cánepa. En el juicio, que continuará este viernes, lo asiste el abogado Marciano Martínez, al igual que a Cogno.

«Hoy soy nuevamente candidato a intendente y me pesa esta denuncia. Son muchos los agravios por estar tantos años procesado. Ahora, espero llegar a buen puerto y terminar con este peso», se esperanzó Vázquez.

Sucede que el hecho ocurrió en 2003, veinte años atrás; se denunció en 2005, y va a juicio en 2023. En el medio, durante los ocho años en los que Vázquez fue diputado provincial lo protegieron los fueros y no pudo ser llevado a juicio. Cuando el fiscal Ignacio Aramberry y el querellante Iván Vernengo quisieron indagar en pormenores del desplazamiento del tesorero, el exintendente se hundió en una nube de vaguedades y dijo no recordar demasiado. «Nunca hice una nota en la computadora. Siempre me dediqué a lo que es lo mío, la obra pública. En mi gestión se sancionaron 150 ordenanzas y todas por unanimidad», destacó. Y puso de relieve que el nombramiento del nuevo tesorero y el desplazamiento de Valdemarin fue por ordenanza aprobada en forma unánime por el Concejo Deliberante.

Después, se autodefinió: «Vengo de la construcción, sigo en política porque soy peronista, me gusta defender el partido. En todas las elecciones, me ganaron solo en una  por 20 votos. Hay cariño en el pueblo porque hicimos un San Benito nuevo. Hoy, hace ocho años que San Benito está parado porque no se hacen obra». Fue un tiro por elevación a Exequiel Donda, aliado de Juntos por el Cambio, quien gobierna la ciudad desde 2015.

 

El exsecretario de Gobierno dijo que “llegamos a la gestión con la intención de cambiar todo. El intendente Vázquez se dedicaba a la calle. Llegaba a las seis y media de la mañana y se dedicaba a trabajar con la gente”. Y recordó que su trabajo como funcionario “era dar la cara ante la gente”.

“Valdemarín fue la cara visible del problema de los Federales en San Benito. Yo soy empleado municipal. Recuerdo que nos hacían hacer fila a los empleados para cobrar, y el que tenía suerte, recibía 100 o 200 Federales. Nosotros ingresamos juntos a la Municipalidad. Cuando asumimos, no lo quería nadie. Así que cuando nombramos al tesorero, se lo dimos a Valdemarin para que ayudara en el archivo a Ramallo. Pero nunca problemas con Valdemarin. Pero él quedó del lado de los que recibían mucho, y yo del lado de los que recibíamos 150 Federales”, describió.

 

Lo denunciaron en 2005, va a juicio en 2023

Elsa Pross, una exempleada jubilada de la Municipalidad de San Benito, fue la primera testigo en el juicio. Tuvo dificultades para recordar detalles de los que les preguntaban el fiscal y el querellante. “Pasaron muchos años -se disculpó-. Yo estoy pasando por un momento difícil. Mi esposo está en diálisis. Mi esposo es discapacitado: tiene una pierna imputada. Tengo una vida bastante complicada como para estar en esta situación. Necesito estar en mi casa, cuidando a mi marido, no acá. Ya vine tres veces por esto. Ya pasaron 17 años”, se lamentó.

El juez Cánepa intentó contenerla: “Vamos a tratar de hacerlo ágil, pero no olvide que declarar como testigo es una carga pública”.

-¿Le tocó notificar el cese de Valdemarín como tesorero -le preguntó el fiscal Aramberry.

-No me acuerdo -respondió.

Pross fue la encargada de hacer una anotación en el decreto de separación del cargo del tesorero Valdemarín: puso que había sido notificado el 18 de diciembre de 2003, cuando ese acto ocurrió un año después, en 2004. “Un error involuntario”, justificó.

-¿Era normal que se notificara un decreto un año después? -insistió el fiscal.

-Y… había mucho desparramo. No tenía que ser normal -respondió.

-¿Era habitual?

-No sé.

Al querellante Vernengo le respondió la serie de preguntas con una frase inapelable: “No tengo cabeza para volver para atrás. No me acuerdo”.

Le siguió el denunciante, Edgardo Valdemarin. Contó que lo notificaron de su corrimiento del cargo de tesorero un año después de haber sucedido, después de haber insistido permanentemente para que le mostraran el decreto. “Cuando firmé la notificación, no estaba la fecha. Dijeron que fui notificado el 18 de diciembre de 2003, y eso pasó el 15 de diciembre de 2004. Cuando firmé la notificación, no estaba la fecha. Quise poner la fecha, pero no me lo permitieron. Dijeron que tenían un número de decreto reservado de 2003”, apuntó.

Norma Graciela Gömez, concejal del PJ entre 2003 y 2007, llegó a Tribunales con anteojos oscuros que no quiso quitarse. “Me acaban de operar de cataratas”, se excusó. Planteó que la administración de Vázquez, “como toda nueva gestión, lleva su equipo de trabajo” y en ese contexto fue que se dio el corrimiento del tesorero.

Su testimonio fue conciso porque no podía traer a la memoria los sucesos ocurridos veinte años atrás.

“Tengo 68 años y mi cabeza no me da”, arguyó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora