La Fiscalía de Estado llegó a un acuerdo en el marco de una mediación con el padre del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Luis Moia, -su homónimo- a raíz de un juicio de desalojo que le había iniciado al Estado provincial por los impagos del alquiler de un inmueble de su propiedad, en calle Victoria al 200, donde funcionó la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito, ahora mudada a un inmueble de calle Corrientes al 300.

Moia padre entabló una demanda contra el Gobierno provincial ante la jueza Gabriela Rosana Sione, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, con la pretensión de que se ordenara el desalojo de la repartición oficial de la propiedad de calle Victoria, en Paraná. Pero la sangre no llegó finalmente al río y los plazos procesales se detuvieron a tiempo en virtud de que se abrió una instancia de mediación con el progenitor del magistrado.

El inmueble en disputa de calle Victoria al 200.

El decreto Nº 341, publicado este martes 4 de julio en el Bolín Oficial, da cuenta de que «el proceso de mediación tiene su causa en la continuación de ocupación del inmueble sito en calle Victoria N° 283 de la ciudad de Paraná, en donde funciona la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito». La situación enojosa con Moia padre sucedió luego de «los intentos de lograr la renovación del contrato de alquiler», sin que se llegara a un acuerdo.

El 11 de agosto de 2022, Moia intimó al Estado a restituirle el inmueble y abonar los cánones locativos mensuales adeudados por haber vencido el contrato el 31 de mayo del año último. Reiteró esa petición el 5 de octubre y tras eso inició la demanda judicial que quedó caratulada  “Moia Angel Luis c/ Estado Provincial de Entre Ríos (Superior Gobierno de la Provincia) s/ Desalojo”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de Paraná.

Àngel Moia, el juez.

 

Ese pleito no avanzó por acuerdo de las partes desde el 30 de noviembre pasado. Y se cerró con la entrega del inmueble por parte del Estado al padre del juez el día 27 de diciembre. Pero la devolución de la propiedad no agotó el reclamo. Moia demandó la cancelación de los alquileres adeudados desde el 1º de junio de 2022 hasta la efectiva entrega del inmueble.

El monto reclamado fue de $ 581.317,33. Según el decreto provincial,  «la instancia de mediación permite realizar concesiones recíprocas, de manera tal que se satisfagan las pretensiones de ambas partes, a la vez que habilita a concluir un conflicto con importes convenientes y evitar dispendios administrativos y jurisdiccionales respecto de una deuda a todas luces impaga». Así, y «en resguardo del erario, la Fiscalía de Estado suscribió, ad referéndum del Poder Ejecutivo, un acuerdo de pago por la suma de $ 581.317,33 por capital e intereses calculados al 20/12/2022. Al mismo tiempo, quedó comprometida la entrega del inmueble», hecho que fue aceptado por Moia.

Además, se pagaron a la abogada Alejandra Brown Moia la suma de $ 58.131,73 en concepto de honorarios; y otros $40.692 a la mediadora interviniente en el caso.

Pero «atento el proceso inflacionario actual, se convino abonar el 5% mensual acumulativo sobre la suma acordada, contado desde el vencimiento de los diez días hábiles posteriores a la entrega del inmueble y hasta su efectivo pago. En el mismo sentido, se pactó abonar el referido porcentaje de interés sobre los honorarios de la Dra. Brown Moia y de la mediadora interviniente».

El Poder Ejecutivo ratificó todo lo actuado por la Fiscalía de Estado.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora