El costo de la energía eléctrica para la producción fue un dato que no dejó pasar por alto el precandidato a gobernador por Juntos Rogelio Frigerio al presentar, en Concordia, sus propuestas para el sector.

El dirigente sostuvo que  según los estudios realizados el componente tarifario “afecta a todos, pero principalmente a la industria” y si bien Salto Grande -la generadora de energía eléctrica- depende de Nación, adelantó que va “a trabajar en un consenso entre Provincia y municipios para un programa de reducción de impuestos, para bajar el costo total en la boleta”.  Además, anunció que seguirá reclamando el descuento del IVA en la boleta, en la misma línea que lo hizo en un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación.

“No vamos a aceptar más tener la energía más cara de la nación”. “Vamos a reclamar el reintegro del 100% de la energía que se produzca en Salto Grande”, confirmó.

Frigerio propone una auditoría en Enersa para “identificar los gastos que no son esenciales»

 

También subrayó que va a realizar una auditoria en Enersa para “identificar los gastos que no son esenciales para la prestación del servicio, con ese ahorro bajar la tarifa y reinvertir”. Y crear una tarifa especial para Pymes, para que “la energía no sea un costo más para los emprendedores” y de esta manera generar más empleo.

La respuesta a los dichos de Frigerio no tardó en llegar. El actual titular de la Aduana, hombre del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, y candidato a diputado nacional por el Frente Más para Entre Ríos, Guillermo Michel, dijo que cuando Frigerio gobernó con Macri, vetaron la ley que bajaba el costo de los servicios públicos”.

El Gobierno de Mauricio Macri oficializó el 1º de junio de 2018 el veto a la ley de emergencia tarifaria (N° 27.443), votada por el Congreso, a través del decreto 499/18, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Estado, el jefe de Gabiente, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

 

El Ejecutivo defendió su política tarifaria y cuestionó el costo fiscal que implicaría la iniciativa opositora. En ese sentido, señaló que “el proyecto de ley sancionado no contempla el impacto fiscal de la medida”. El Gobierno citó entonces un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual la norma “tiene un costo fiscal de 65.886 millones de pesos” durante 2018, pero “deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios”.

 

Por eso, el decreto sostuvo que el costo fiscal total “superaría la suma de 115 mil millones de pesos” para este año, “monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB)”. En los fundamentos del veto también se enfatizó que “la norma sancionada significa un avance del Poder Legislativo sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo Nacional”.

 

Macri asimismo defendió su gestión energética, al indicar que “las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”.

Al respecto, Michel recordó ahora que ese proyecto fue impulsado por el peronismo en ambas Cámaras del Congreso y  establecía los siguientes puntos:

 

  • Declaraba la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019.
  • Ponía un tope al aumento en las tarifas de energía eléctrica, gas natural y agua para que no excedan el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
  • Ponía tope al aumento de las tarifas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas para que no excedan el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
  • Y, en su versión original en la Cámara de Diputados, establecía una baja de IVA para las tarifas de servicios públicos.

 

“Ese proyecto, aprobado y sancionado por el Congreso, fue el que el Gobierno que integraba Frigerio vetó mediante el Decreto 499/2018 al otro día de lo votado por los Diputados y senadores. Claramente Frigerio nos miente a los entrerrianos. Dice que va a reducir la tarifa de los servicios públicos, pero cuando le toco ser gobierno hizo todo lo contrario”, señaló Michel.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora