La historia de Entre Ríos no registra demasiados casos en los que un funcionario del Estado  haya sido destituido de sus funciones por el procedimiento de juicio político.

Para buscar antecedentes, hay que remontarse a tiempos del gobierno de Salvador Maciá (1895-1899), cuando su vicegobernador, Francisco Gigena, fue exonerado el 22 de junio de 1896, tras un juicio político en los términos de lo reglamentado por la Constitución de 1833. El dato fue aportado por el presidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Diego Lara, el 13 de diciembre de 2016, cuando se aprobó el dictamen para enjuiciar al ahora ex juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Alberto Chiara Díaz.

En esa oportunidad también se rememoró la destitución de un juez de Concepción del Uruguay, apellidado Urquiza Montero. Aquel magistrado fue removido por juicio político alrededor de 1903, con la Constitución de entonces, que aún no contemplaba el Jury de Enjuiciamiento, instituto que se incorporó luego a la carta magna para enjuiciar a los jueces ordinarios, a los representantes del ministerio fiscal y los funcionarios letrados de la administración de justicia.

Más de 120 años después de la destitución de Gigena, a la historia de Entre Ríos ingresa un nuevo caso de juicio político, que llegó a la instancia límite que fija la Constitución provincial: la Corte de Justicia, conformada por los 17 senadores, quienes definen el castigo o la absolución de los funcionarios acusados.

El ahora exjuez  Chiara Díaz quedó a punto de ser destituido por mal desempeño por el Senado. Para evitar ese desenlace anunciado, el magistrado renunció como vocal del STJ y el juicio cayó.

Pero no es el único de los últimos años. En la historia más reciente de la provincia, hubo otros intentos de juicio político, aunque no llegaron tan lejos. Tuvieron su final en la Cámara de Diputados: o fueron archivados por la comisión de Juicio Político o la Cámara en pleno frenó que lleguen al Senado.

En el año 2000, el entonces gobernador radical Sergio Montiel pidió el juicio político ante la Cámara de Diputados contra los jueces que constituían la Sala Penal del STJ, Miguel Carlín, Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia. El argumento fue que el Tribunal le había denegado la concesión de un recurso extraordinario, en un amparo promovido por el representante de la minoría en la Comisión de Administración de los Fondos de Salto Grande (Cafesg). La Comisión de Juicio Político nunca trató el expediente y el caso fue al archivo.

Luego hubo otras demandas que no superaron la instancia de Diputados. La más emblemática fue la que pesó sobre el propio Montiel, en 2002, que fue rechazada en una histórica sesión de la Cámara Baja.

La hasta hoy presidenta del STJ, Claudia Mizawak, también se salvó de ser enjuiciada. Su caso dividió a la Cámara Baja: el oficialismo votó en rechazo de las acusaciones por mal desempeño –y otras causales- y Cambiemos emitió un dictamen acusatorio en minoría.

El único expediente acusatorio que superó la Cámara de Diputados fue, como se dijo anteriormente, el del ahora ex vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz. El magistrado presentó su renuncia como vocal del STJ al gobernador Gustavo Bordet, que se la aceptó inmediatamente. De esta manera cayó el juicio político, ya que no se puede sancionar a un funcionario que dejó de serlo.

Cómo comenzó el caso Chiara Díaz

Chiara Díaz fue denunciado el  14 de noviembre de 2016 por el abogado victoriense, enrolado en el Frente Renovador, Carlos  Reggiardo, quien lo acusó de uso indebido de viáticos y ausencias en el ejercicio de la magistratura. La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó comenzar la investigación el 23 de noviembre. Meses atrás, el 30 de agosto,  la misma Comisión había rechazado in limine otro pedido de juicio político formulado por dirigentes peronsitas, entre los que también estuvo Reggiardo. Sin embargo, los diputados consideraron que la nueva presentación de pedido de enjuiciamiento reunía los elementos para indagar sobre la conducta del juez, en los términos del artículo 140 apartado segundo de la Constitución entrerriana que prevé como causal para el enjuiciamiento político el mal desempeño.

El 1 de diciembre de 2016, el juez concurrió a la comisión investigadora para ejercer su defensa. Ante los legisladores prendió el ventilador y acusó directamente a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, de maniobrar para removerlo. Allí, además, la catalogó de ser la “reina de los viajes”.

Doce días después, el 13 de diciembre por la mañana, la Comisión de Juicio Político firmó el dictamen para enjuiciar al juez. Más tarde, por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la acusación contenida en el expediente Nº 21.846. Chiara Díaz quedó suspendido como juez del máximo tribunal y su sueldo fue reducido en un 50%.

En el dictamen, los diputados señalaron que a Chiara Díaz se le liquidaron viáticos (y en numerosos casos pasajes aéreos) por un total de 516 días en el período de 2006 a 2016. En ese período, el vocal se ausentó un total de 948 días. “Prácticamente dos años y medio”, señalaron.  «Hay 516 en los que se cubrieron viáticos y pasajes aéreos y traslados a aeropuerto con vehículo oficial y chofer y muchas veces viáticos para el chofer, y otros días en que se tomó licencia extraordinaria con goce de haberes pero sin viáticos. Toda la prueba acompañada refleja los números expresados”, agregaron los diputados acusadores. Y valorizaron que Chiara Díaz percibió $1.290.000 en concepto de viáticos en 10 años.

En paralelo, el 12 de diciembre, un día antes del dictamen acusatorio contra Chiara Díaz, un grupo de abogados solicitó enjuiciar a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, por varias causales. En este caso, la magistrada contó con el blindaje del oficialismo. El 11 de enero de este año, el Frente para la Victoria impuso su mayoría en Diputados y salvó a la jueza. Cambiemos, en tanto, firmó un durísimo dictamen acusatorio de minoría.

El 15 de diciembre de 2016, el Senado se conformó en Corte de Justicia, como lo establece el artículo 147° de la Constitución Provincial. Al frente de la Corte quedó el vicepresidente primero del Senado, Aldo Ballestena, quien fue asistido por el secretario Natalio Gerdau y el prosecretario José Kramer.

Con la constitución de la Corte de Justicia se abrió otra etapa en el juicio político, etapa que nunca antes en la reciente historia entrerriana había tenido lugar: el juicio en sí mismo, ante los jueces (los 17 senadores), la comisión de diputados que acusó al juez  y la defensa del magistrado, a cargo del abogado Guillermo Brunner.

El 29 de diciembre de 2016, el Tribunal recibió un escrito de ambas partes: la comisión acusadora ofreció prueba documental y cinco testigos para sostener la acusación; mientras que Chiara Díaz hizo lo mismo, pero propuso convocar a 20 testigos, entre los que se encontraban el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano y jueces de las Cortes Supremas provinciales de Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

Ese fin de año, el tribunal también fijó los días para recepcionar las declaraciones testimoniales: 6, 7 y 8 de febrero de 2017. Semanas antes del inicio de las audiencias de vista de causa, el 12 de enero , el juez suspendido es internado en la Clínica Modelo de Paraná, luego pasó al Sanatorio La Entrerriana y posteriormente fue trasladado nuevamente a la Modelo, hasta el 22 de enero, cuando finalmente es derivado al Hospital Italiano, de Buenos Aires.

Ante esa situación, el abogado de Chiara Díaz, Guillermo Brunner, solicitó el 2 de febrero la suspensión del juicio político hasta que su defendido se repusiera. Esa presentación generó dudas en la oposición sobre si dar o no quórum para que la Corte funcione como tal. Durante el fin de semana previo a la audiencia del lunes 6, el bloque de senadores de Cambiemos analizó la posibilidad de no asistir al recinto e incluso se manifestó a favor de suspender el juicio ante el estado de salud del juez.

Finalmente, el lunes, pasadas las 9 de la mañana, el bloque de Cambiemos dio quórum y mocionó para que el juicio sea suspendido hasta el lunes 13 y pidió que se designara a un médico para constatar el estado del juez suspendido y acusado. El bloque del Frente para la Victoria, junto a un ex Cambiemos, Héctor Blanco, rechazó esa pretensión y aprobó por mayoría avanzar con el juicio político en ausencia. La votación fue: 10 a favor de continuar con el juicio y 7 para suspenderlo.

El juicio en ausencia también fue otra novedad en el primer enjuiciamiento a un juez del Superior Tribunal de Justicia. Y es que Chiara Díaz se encontraba imposibilitado de realizar su defensa material y, además, tampoco contó con una defensa técnica, ya que su abogado no asistió al recinto.

A las manos de los senadores, en rol de jueces, llegó un escrito firmado por el abogado Brunner, en el que  informaba que su defendido renunciaría a su cargo como juez del Superior Tribunal de Justicia. Era una de las últimas cartas de la defensa. Luego de que no pudiera avanzar con la suspensión del juicio, el magistrado prometió renunciar a partir del 31 de mayo.

Pese a ello, por la Corte de Justicia desfilaron los testigos de la comisión acusadora de la Cámara de Diputados: Marcos Solari, Sergio Da Silva, Ana Linares Quintana, Pablo Lico, todos de la Universidad de Belgrano; y Elena Salomón, secretaria de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Los testigos del magistrado no se presentaron, ya que ni siquiera fueron convocados por el juez.

El martes 7, a las 9:20, Chiara Díaz presentó su renuncia al cargo de vocal del STJ al gobernador Gustavo Bordet. El escrito fue recibido por el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider. El mandatario aceptó la dimisión del juez a través del decreto Nº 75, que fue firmado por el ministro de Gobierno y  Justicia, Mauro Urribarri.

El Senado cerrará la historia el miércoles 15, cuando vuelva a reunirse como Corte de Justicia y tome conocimiento formal de que la renuncia fue aceptada por el gobernador. El juicio contra Chiara caerá, ya que dejó de ser un funcionario del Estado.

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.