La desplazada directora de nivel primario de la Escuela Normal José María Torres, María Fernanda Casualde, aportó nuevos datos respecto de la denuncia penal que efectuó por supuestas irregularidades que habría en el funcionamiento de la Cooperadora Escolar Víctor Mercante. La denuncia la efectuó el viernes 7 del actual, el mismo día en que fue desafectada de su función mediante un brevísimo correo electrónico que le envió María Sol Barrera, directora de Escuelas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La Escuela Normal es la única de nivel primario que depende de Uader, y tiene relación directa con la Facultad de Humanidades, cuyo vicedecano, Daniel Richar, es esposo de Nora Albornoz, secretaria de la Cooperadora Víctor Mercante. Casualde sostiene que la denuncia hacia la Asociación Cooperadora no fue personal: participaron, además, la vicedirectora –ahora a cargo del nivel primario tras la remoción de la directora- y Alejandro Caro, padre de un estudiante.

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“No soy especialista en leyes sino en educación. No sabía que había un delito hasta que los padres comenzaron a hacernos notar algunas irregularidades tales como la cuenta bancaria donde ellos debían realizar las transferencias y la falta de transparencia en el uso de los fondos ya que no se daban a conocer los ingresos y egresos a las familias”, planteó Casualde. “Comenzamos entonces a indagar y para cuando tuvimos las pruebas, a los pocos días no se me otorgó la continuidad en el cargo tal como se venía haciendo desde el 2019”, apuntó.

Después, justificó por qué efectuó la denuncia el último día previo al receso de julio. “Hice la denuncia al momento de comenzar las vacaciones preocupada de que si hacían algún allanamiento, no haya niños en la escuela. Al final no lo hubo. Si la intención hubiese sido otra, habría hecho la denuncia después de las vacaciones, cuando estuviesen todos para generar más impacto, pero consideramos fundamental resguardar a los estudiantes”, aseveró.

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Casualde cruza al presidente de la Asociación Cooperadora, Héctor Sattler, que ha minimizado los reproches por el funcionamiento de la entidad. “Sattler asevera que usaba su cuenta personal para recibir dinero público de las transferencias de dinero de los padres porque los papeles de personería jurídica no estaban al día. Esto no es así. La personería jurídica está vigente. O sea que está habilitada pero irregular. Así  se expresa en la constancia emitida desde este organismo en fecha 29/06/23”, dice la exdirectora, que acudió a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas por información.

 

Luego, apunta: “El presidente de la Asociación Cooperadora, Hector Sattler, dice que puso su cuenta porque la personería jurídica está floja de papeles. Sin embargo hay que tener en cuenta que desde el 2016 está floja de papeles porque no presenta balances, ni hay asamblea pidiendo nuevas autoridades y asociaciones de nuevos miembros. Recordemos que el Estatuto de la Asociación Cooperadora establece que las asambleas deben realizarse cada dos años de manera total y cada año de manera parcial. Sattler también asevera que usaba su cuenta personal para recibir dinero público de las transferencias de dinero de los padres porque los papeles de  personería jurídica no estaban al día. Esto no es así. La personería jurídica está vigente y habilitada”.

 

Casualde exhibe una nota firmada por padres en junio último en la que aluden a las irregularidades en el funcionamiento de la Cooperadora. “Teniendo la Asociación Cooperadora Personería Jurídica el abono de las cuotas de los socios u otros pagos se realiza a través de transferencia bancaria a la cuenta personal del actual presidente de la Asociación Cooperadora, dicha situación irregular no garantiza la transparencia de los fondos. Tampoco se han realizado los balances y presentación de de la memoria detallada sobre la marcha de la Asociación tal como se detalla en el Capítulo 3°, Del Presidente y Vice, art. 22°, punto g).”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora