Una situación de incomodidad que nadie disimula se atraviesa en la sede de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que funciona en Cervantes al 200, en Paraná, y donde conviven tres magistrados: la presidenta Adriana Beatriz Acevedo, y los dos vocales, Hugo González Elías y Marcelo Javier Baridón.
Baridón fue denunciado el jueves 31 de agosto por su hijo Agustín por haberlo sometido a abusos durante su niñez -entre los 5 y los 12 años- y el caso se tramita en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de la Procuración. La investigación quedó en manos del fiscal Oscar Sobko. El juez designó defensor al abogado Leopoldo Lambruschini y decidió ejercer una activa participación en la investigación penal preparatoria.
Baridón sostiene que es inocente, que lo probará en el expediente y carga con un estigma sobre las espaldas de su propio hijo.
El argumento del magistrado es que su hijo tiene desequilibrios psicológicos -así lo cuenta urbi et orbi– y que la cuestión de los abusos no tendría asidero. Más todavía: cuando los empleados de la Cámara lo vieron llegar, el lunes, entre azorados e impávido, el juez se apuró a aclarar dos cosas: que iba a ejercer su defensa en el expediente abierto en sede penal con el argumento de la salud mental de su hijo, y que mantenerse activo en su trabajo diario «me hace bien».
¿De qué se ocupa un tribunal contencioso administrativo?
El 31 de agosto de 2011, la Legislatura sancionó la Ley N° 10.051 que creó las dos Cámaras en lo Contencioso Administrativo -una con sede en Paraná, otra con asiento en Concepción del Uruguay-, cuyos primeros seis integrantes -tres por cada sala-. prestaron juramento los días 10 y 11 de octubre de 2012, respectivamente.
Una década después, de aquellos primeros integrantes, sólo dos continúan: Hugo González Elías, de la Cámara en Paraná; y María Fernanda Erramuspe, titular de la Cámara de Concepción del Uruguay.
Diez años después de su primera integración, ese fuero, que nació para atender desaguisados que ocurrían en la Administración Pública, ha variado y ampliado su radio de injerencia. También ha perdido intervención en un asunto reciente: los planteos de disconformidad con las resoluciones del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, que según la nueva ley aprobada por la Legislatura, ahora corresponde al Superior Tribunal de Justicia atender Antes, esos asuntos correspondían a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El artículo 26º de la Ley Nº 11.003, que reformó el Consejo de la Magistratura, dice respecto de la revisión judicial de las decisiones que adopte el organismo: «La revisión judicial de la decisión corresponderá al Superior Tribunal de Justicia en pleno, a través de un recurso directo que deberá interponerse fundadamente por ante este Tribunal dentro de los cinco días de notificada la decisión del Consejo de la Magistratura.
Baridón se incorporó en 2014, cuando concursó ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
Pero en medio de su carrera judicial, uno de los tres hijos que tuvo con la abogada Milagros Reñé, Agustín, lo denunció por abuso. Así, el juez quedó a ambos lados del mostrador: le toca investigar las causas que llegan a su despacho; y él también está siendo investigado por un fiscal en una causa penal. ¿Su permanencia en el tribunal puede afectar la independencia de la investigación en marcha?
Un magistrado entrerriano observa el caso Baridón y reflexiona: «Hay que estar tranquilo de mente para poder impartir justicia desde un tribunal. Pero además, hay que resguardar las formas y dar la imagen de que no estas influyendo en la investigación en marcha».
Ninguno de esos dos supuestos se dan en el caso Baridón: mientras cumple con su labor diaria en la Cámara en lo Contencioso Administrativo sigue muy de cerca la causa penal en la que está involucrado, denunciado ni más ni menos que por su hijo.
El martes, en la acostumbrada reunión de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el caso Baridón volverá a ser tema de conversación de los supremos, cuando ya lo fue este martes 5. Ese día tendrán sobre la mesa el informe que produjo el Ministerio Público Fiscal a pedido del STJ: Baridón tiene causa penal, dice ese informe.
Lo que se aguarda es que haya una definición de superintendencia. ¿Le abrirán sumario al juez? Y en ese caso, ¿el juez dará finalmente un paso al costado?
De la Redacción de Entre Ríos Ahora