El gobernador Gustavo Bordet solicitó ser tenido por parte querellante en la causa que averigua el posible delito de maniobras de inteligencia ilegal contra políticos y funcionarios públicos, magistrados del Poder Judicial, periodistas y empresarios, entre otros.

En el texto remitido este lunes al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, el mandatario entrerriano expresó: “Que habiendo tomado conocimiento de que me encontraría involucrado como víctima de las presuntas maniobras de inteligencia ilegal que se investigan en las presentes actuaciones, concurro ante Vuestra Señoría a fin de solicitar ser tenido como particular damnificado”.

De ese modo, la causa por espionaje ilegal contra jueces, sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos continúa sumando querellantes: este lunes, también el ex presidente Mauricio Macri se presentó ante la Justicia para solicitar su incorporación a la investigación. Ya se habían presentado como querellantes el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, los diputados nacionales de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.

Todos ellos argumentaron que debían ser tenidos en cuenta en la causa dado que, según trascendidos periodísticos, habrían sido víctimas del ex policía imputado Ariel Zanchetta. Además, sus nombres figuran en el dictamen de casi 150 páginas formulado por el fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Pollicita, en base a un informe de un organismo técnico que depende de la Corte Suprema: la DAJUDECO.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá decidir si acepta a los mencionados dirigentes como querellantes de la causa. En caso de autorizarlos, los referentes podrán acceder al expediente digital, proponer medidas de prueba y sugerir caminos de investigación, de modo que adoptarían un papel activo en la causa.

La actuación se circunscribe de acuerdo con lo prescripto en los artículos 82, 83 y sucesivos del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y artículo 5 incisos h, i y concordantes de la Ley 27.372, y el artículo 131 del CPPN, y procede “contra aquellas personas que resultaren autores o de cualquier modo hubieren tomado intervención en las acciones investigadas, permitiéndoseme para ello tomar vista de las actuaciones”.

En la misma misiva, el gobernador Bordet expresó: “Asimismo, hago expresas reservas de derecho de ampliar el rol de querellante con relación a posibles coautores, instigadores y encubridores según prevén los artículos 45, 46 y 277 del Código Penal de la Nación, cuya responsabilidad en los hechos que motivan la presente querella pueda surgir de la instrucción”.

Bordet estaría en la lista de decenas de personas con trayectoria pública en las actividades partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial espiados ilegalmente, según lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Durante la jornada, Pollicita pidió ampliar la indagatoria del ex policía detenido Ariel Zanchetta, quien se presenta como periodista y está acusado por supuestas maniobras de espionaje sobre jueces, políticos, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre los que se encuentra el gobernador Gustavo Bordet.

Según surge de un dictamen de más de 150 páginas, las evidencias relevadas demuestran que el nombrado “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas, obtuvo y reunió información personal de miles de personas –entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales– la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia», se informó oficialmente.

La responsabilidad penal de Zanchetta –y de otras personas aún sin determinar– en la realización de actividades de espionaje ilegal se ajustan a los términos del artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora