La odontóloga Sandra Fettolini fue puesta en funciones hoy por el ministro de Salud, Guillermo Grieve, como nueva directora del Hospital San Blas, de Nogoyá, en reemplazo de Javier Ascúa, quien diez días atrás había dicho públicamente que había recibido una llamada de la vicegobernadora Alicia Aluani -exmédica del hospital, nogoyaense- para confirmarlo en el cargo.

«Con Alicia Aluani tuvimos un diálogo, donde se comunicó conmigo para solicitarme que tanto mi persona como el secretario técnico, Francisco Rodríguez, continuemos en los respecticos cargos por tiempo indeterminado, a pesar de haber presentado las renuncias en tiempo y forma”, dijo Ascúa en una publicación oficial del Hospital San Blas el último 13 del actual.

Y agregó: “La actual vicegobernadora me manifestó que las autoridades sanitarias entrantes, aún no han designado las personas que se podrían hacer cargo del hospital San Blas, así que nos pidieron si podíamos continuar y accedimos inmediatamente al pedido, más allá que la intención es dar un paso al costado en algún momento”.

Grieve lo desmintió a Ascúa: «Me comuniqué con la vicegobernadora y la situación no se dio así. Nunca fue confirmado», dijo, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Dolores Moreyra, Sandra Fettolini, secretaria técnica y directora designadas del Hospital San Blas; la vicegobernadora Alicia Aluani, y el ministro de Salud, Guillermo Grieve.

Junto a Fettolini se desempeñará como secretaria técnica Dolores Moreyra, esposa del titular del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), Mariano Berdiñas.

En los últimos días, el Hospital San Blas quedó envuelto en un escándalo, en el que interviene la Justicia a raíz de una denuncia por la existencia de certificados médicos truchos que avalarían licencias de personal lo cual, a su vez, había generado la designación de personal suplente.

Luego del allanamiento que ordenó la Justicia el jueves 23 de noviembre en el Hospital San Blas, de Nogoyá, el director de ese centro asistencial, Javier Ascúa, decidió intervenir directamente y formuló una denuncia penal ante la presunción de que se habrían cometido ilícitos en el manejo de las suplencias por enfermedad.

Ascúa, con representación del abogado José Sureda -Juan Orlandi dio un paso al costado en esa función- formalizó una presentación el viernes 1º del actual ante el Ministerio Público Fiscal de Nogoyá y pidió que se investiguen los hechos. En forma paralela, instó al Ministerio de Salud de Entre Ríos a abrir una investigación sumaria para deslindar responsabilidades en los hechos.

«Denunciamos que a raíz del allanamiento y registro del jueves 23, el director Ascúa tomó conocimiento de algunos indicios que generan presunción de la comisión de un delito. Entonces, radicamos denuncia en Fiscalía y Ascúa se puso  a entera disposición por la gravedad del asunto y porque luego del allanamiento se dejó entrever en los comentarios públicos de alguna culpabilidad respecto a Ascúa», dijo Sureda, en declaraciones a un canal de Nogoyá.

El abogado José Dámaso Muñoz, representante legal de la trabajadora del Hospital San Blas que denunció la existencia de certificados médicos truchos que avalarían la generación de vacantes por enfermedad y la correspondiente contratación de suplentes para reemplazar empleados que, en realidad, están cumpliendo funciones, disparó contra las autoridades del centro asistencial y del Ministerio de Salud por la falta de intervención en el tema.

 

«Yo creo que siempre hay un responsable, y empieza en la dirección (del hospital). Ahí seguramente se dilucidará quién es el responsable. Nosotros fuimos a denunciar un hecho específico. No sé si hay otros hechos. Ese certificado fue enviado al Ministerio de Salud y generó una vacante.  Es un hecho de corrupción. La adulteración es terrible», planteó el letrado en declaraciones al periodista Maximiliano Medrano, de FM Libertad.

Lo que plantea el abogado es que se adulteró un certificado médico que había sido expedido a nombre de una trabajadora para justificar licencia por enfermedad pero que luego se truchó, se puso el nombre de alguien que está desempeñando funciones, que eso generó una vacante y el pedido de la cobertura de una suplencia. “Se adulteró un documento público, un certificado médico. Se puso el nombre de la denunciante. El médico dice que lo había expedido al certificado meses antes pero a nombre de otro personal del nosocomio. Ahí vemos la gravedad de lo que está sucediendo. Es una adulteración de documento público. Nosotros tenemos la prueba en nuestro poder. No vamos a hacer una denuncia porque sí”, amplió el profesional.

Después, apuntó contra la conducción del Hospital San Blas, que ejerce el médico Javier Ascúa. “Ese certificado médico sí o sí salió del nosocomio. Se adulteró en el hospital. Está claro que la adulteración del documento existe. Está en nuestro poder. Lo que se hizo con ese certificado médico fue cambiarle el nombre original por el nombre de la denunciante a quien yo represento. Queremos llegar a la verdad de lo que ha sucedido. Está a disposición el médico que expidió el certificado”, subrayó.

Desde la conducción del Hospital San Blas dijeron que se actuó “en derecho y brindó todo lo requerido” durante el allanamiento del jueves ordenado por el juez civil y comercial Américo Luna, con intervención de la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá.

“Además –abundó- se aclara que nada tiene que ver con especulaciones o comentarios erróneos que se han replicado en redes sociales y que todo está monitoreado desde nivel central”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

.