Cuando asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, el 11 de diciembre último, el gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviaría a la Legislatura un paquete de leyes de «transparencia», entre las que ubicó una norma de acceso a la información pública; otra de ética pública conocer «con cuánto entran y con cuánto se van» los funcionarios; una ley del arrepentido; una de «ficha limpia», otra de extinción de dominio (instrumento que permite al Estado tomar bienes de las personas que cometieron delitos) y una para tener una boleta única en las elecciones provinciales.
Seis diputados de Juntos se adelantaron e ingresaron a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley qu apunta a «inhabilitar de manera transitoria o permanente a aquellos ciudadanos del territorio de la Provincia de Entre Ríos que tengan antecedentes penales o condena por instancia superior aun cuando ésta no se encuentre firme y pretendan la postulación a cargos públicos o soliciten ejercer cargos partidarios, gremiales, de instituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones o procuren designación de funcionario en el Estado».
La iniciativa lleva las firmas de Gabriela Lena, María Elena Romero, Marcelo López, Lénico Aranda, Rubén Rafael Rastelli y Bruno Sarubi y fija que los partidos políticos, gremios, istituciones gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones «no podrán registrar postulantes a cargos electivos sin acompañar por ante la autoridad que rija la elección, el Certificado de Antecedentes Penales de cada candidato, siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos de su competencia. Para el caso de listas electorales de cargos vacantes a cubrir en la provincia, el mencionado certificado se deberá acompañar junto con cada presentación de listas, en las instancias que fueran necesarias».
«Los responsables de fiscalizar los procesos eleccionarios -dice el artículo 5° de la iniciativa- deberán desestimar automáticamente la oficialización de las listas que se aparten de los preceptos de la presente ley, las mismas serán consideradas listas incompletas y se les otorgará un plazo de veinticuatro horas, para el debido reemplazo, si así no lo hiciere, no podrán participar del proceso eleccionario. Si la situación fuera advertida con posterioridad, se podrá requerir la intervención de las autoridades electorales judiciales a los efectos de dejar sin efecto el derecho de quien fuera candidato de asumir en el mismo. La condena deberá ser siempre establecida por el juez natural, no siendo válidas aquellas condenas producidas durante etapas no democráticas de la Argentin».
Y plantea que quedan «inhabilitadas de manera transitoria de solicitar la postulación a cargos vacantes quienes se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Reincidencia y aquellos ciudadanos que se encuentren condenados penalmente o privados de libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena
fuera de cumplimiento en suspenso». También quedan fuera de carrera «de manera permanente para solicitar la postulación a cargos vacantes las personas que se encuentren con antecedentes penales o una condena en instancia superior aun cuando ésta no esté firme y pretendan la postulación a cargos públicos, incluyendo los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, o aquellos comprendidos en Leyes especiales y las que en el futuro se incorporen al Código Penal de la Nación, o las de cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o de la Convención Interamericana contra la Corrupción y en el Código Penal de la Nación Argentina, aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución y expresamente».
Y agrega: «Los partidos políticos que presenten postulantes en las listas a cargos electivos de ciudadanos que se encuentren penados por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, serán plausibles con la sanción de caducidad. En igual sanción incurrirán los partidos políticos que no cumplieren en tiempo y forma con lo estipulado en el artículo 5º de la presente ley».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora