Después de tres días de debates, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la denominada Ley Ómnibus este viernes.
La votación en general resultó con 144 votos a favor, 109 en contra y tres ausentes, mientras que la discusión en particular continuará el próximo martes, a las 14.

La Libertad Avanza logró el apoyo unánime del PRO, que cuenta con 37 integrantes, mientras el radicalismo aportó los votos de 32 de sus 34 miembros en forma afirmativa ya que los bonaerenses Facundo Manes y Pablo Juliano rechazaron la ley.

Hacemos Coalición Federal, el interbloque conformado por legisladores que pertenecieron al PRO, al peronismo disidente y al socialismo también votó mayoritariamente a favor, a excepción de los santafecinos Esteban Paulón y Mónica Fein, la bonaerense Margarita Stolbizer, y la cordobesa Natalia De la Sota, quienes lo hicieron en contra.

El bloque «Por Santa Cruz» que responde al gobernador Claudio Vidal se dividió: Sergio Acevedo, exmandatario de esa provincia patagónica, votó en contra; mientras su compañero de bancada, José Luis Garrido, lo hizo a favor.

El proyecto de Ley también recibió el respaldo del bloque Independencia, conformado por tres diputados del peronismo tucumano que dejaron Unión por la Patria la semana pasada y responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

El interbloque Innovación Federal, conformado por diputados que responden a los partidos provinciales que gobiernan sus distritos (como el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Juntos Somos Río Negro y el Partido Identidad Salteña) respaldó en forma completa la iniciativa.

En tanto, expresaron su voto en rechazo todos los integrantes de Unión por la Patria, excepto el jujeño Guillermo Snopek y el santiagueño José Gómez, que estuvieron ausentes (tampoco participó de la votación Jorge Ávila de «Hacemos Chubut»), y los cinco legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

De los 9 legisladores nacionales por Entre Ríos, 5 votaron a favor de la Ley Ómnibus: Atilio Benedetti, Pedro Galimberti, Marcela Ántola, Francisco Morchio y el libertario Beltrán Benedeti; en tanto, en contra votaron Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna.

El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS. Milei aún corre el riesgo de quedarse con una cáscara vacía.

Las duras palabras del comunicado de la Oficina del Presidente dejaron en evidencia el fastidio del Gobierno con las provincias y los bloques dialoguistas, que a pesar de todos los cambios ya hechos siguen condicionando su apoyo a la realización de nuevas modificaciones en el texto

“Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, sintetizó la Casa Rosada, en un intento de ponerle un límite a las presiones.

El impuesto PAIS está sobre la mesa desde hace varios días. Los gobernadores aseguran que el lunes pasado hubo un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la controvertida reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde le pidieron que se reparta el 30% del impuesto. El Gobierno negó desde esa noche que hayan accedido al reclamo y se mantuvo firme en que no están dispuestos a reintroducir ningún eje del capítulo fiscal que retiraron hace una semana para presionar a las provincias.

“Con esta ley el gobierno no va a poder recaudar porque se quitó el capítulo fiscal (retenciones, blanqueo, jubilaciones, etc.). No puede salir perdiendo también con la coparticipación del impuesto PAIS”, explicaron desde el sector dialoguista. Los gobernadores buscan la forma de robustecer las arcas provinciales tras el recorte de las transferencias del Tesoro, de la obra pública y del impuesto a las Ganancias.

El texto que se aprobó en general fue votado con la exclusión de todos los artículos del paquete fiscal, excepto los dos referidos al impuesto PAIS. Esto deja abierta la posibilidad de introducir el tema durante la votación en particular. En la práctica se trata de un mecanismo que le garantiza a los diputados de la oposición que el Gobierno cumpla con la promesa de buscar alguna alternativa, por ejemplo, compensaciones a las deudas de las cajas previsionales de las provincias (Córdoba sería una de las más beneficiadas).

El listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.

Por otro lado, incluyeron un artículo para que antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Para la oposición este informe no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo. “No pueden definir ellos mismos cuánto vale una empresa antes de venderla”, ejemplificaron.

El Gobierno se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores y la oposición durante el fin de semana para seguir acercando posiciones. El punto clave es la inclusión en el debate de la coparticipación del Impuesto País, propuesta que empujan los diputados cordobeses y exige tratar el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

 

 

Fuente: Telam e Infobae