La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, rechazó el pago de contratos de obra a un grupo de personas que, sobre el final de la anterior gestión de gobierno -entre noviembre y diciembre- presentó al cobro facturas por supuestos servicios prestados al Estado entre los meses de junio a diciembre y que suman, por cada caso, cerca de $900 mil. En forma global, se trata de un reclamo que suma unos $6 millones.
En uno de esos contratos de obra observados, Hojman planteó que del acuerdo surge que “no se ha cumplimentado la obligación allí determinada, no resultando certificada la efectiva ejecución de los trabajos descriptos en la cláusula primera del aludido contrato. Por ello, no corresponde el pago del precio convenido en la cláusula cuarta del contrato de mención dado que, como está expresado la comitente que en tal carácter suscribió aquel contrato no certificó ningún ítem para el período julio/2023 a noviembre/2023.
La funcionaria pidió dar de baja la orden de pago de ese contrato por cuanto, tras su revisión, se encontraron “inconsistencias que obligan a no autorizar el abono requerido”.
En otro caso analizado por director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández, rechazó el pago del contrato de obra reclamado por cuanto la “certificación no ha sido emitida con fundamento en que no existe ningún elemento objetivo tendiente a acreditar los extremos señalados, es decir el efectivo cumplimiento de la obra por parte del contratista durante el período reclamado”.
“Es decir –abundó Fernández- que, en rigor, ha mediado un incumplimiento del contrato por parte del comitente por cuanto no ha prestado tareas de ninguna índole durante el lapso de tiempo analizado, debiendo poner de relieve que, habiendo interesado al comitente para que acredite las tareas vinculadas a la ejecución de la obra, éste no ha aportado elementos suficientes o idóneos para demostrar haber llevado adelante las obligaciones inherentes al contrato”.
Al respecto, subraya que esa conclusión “se ve reforzada por el hecho de que el pago es solicitado de manera irregular, es decir fuera del plazo en el cual debió instarse, lo cual denota un comportamiento que refleja una situación fuera del ordinario cumplimiento de las obligaciones emergentes del acto jurídico y es atentatorio del deber de buena fe y normal diligencia exigidos para el caso, ay que conforme usos y costumbres, y de acuerdo al contenido del instrumento, los pagos se solicitan en forma mensual”.
La representación legal de los excontratados del área de Ambiente de la Provincia está a cargo del abogado Mauro Rodríguez, excoordinador de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet.
Rodríguez, exfuncionario de Ambiente, ya tuvo un encontronazo con las actuales autoridades de Ambiente por la clausura de una fiesta clandestina en los Humedales del Delta de Victoria.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora