La Justicia demora el pedido de desalojo que un particular reclamó a la Iglesia de Paraná del edificio que ocupó el exAsilo San Antonio, en Italia y Paraguay, contiguo a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, y que desde hace un año generó un pleito que todavía no termina.
El 21 de diciembre de 2023, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, con la firma de los jueces Andrés Manuel Marfil y María Valentina Ramírez Amable, no hizo hacer lugar al recurso de queja por apelación denegado presentado por el médico odontólogo Jorge Claudio Sapetti, titular del inmueble, y de ese modo dejó la situación en compás de espera.
Sapetti, que insta a que la Iglesia desaloje la propiedad que ocupa parcialmente la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, había acudido con un planteo ante la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, Grabriela Rosana Sione, quien había resuelto aguardar una respuesta a un oficio enviado al Juzgado Nacional de Primera Instancia N°42.
La decisión de Sione fue adoptada el 9 de octubre, pero al ser recurrida por Sapetti la magistrada decidió rechazar la apelación el 18 de ese mes, y por lo tanto las actuaciones llegaron a la Sala III de la Cámara Civil y Comercial.
La Iglesia de Paraná quiso retener el uso del amplio edificio que supo ocupar el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, pero en medio de las conversaciones, la operación inmobiliaria se cerró, de espaldas a las autoridades eclesiásticas locales.
El 14 de julio de2022 el arzobispo Juan Alberto Puiggari recibió una comunicación en la que las religiosas le informaron que el edificio que ocupó el viejo Asilo San Antonio, contiguo a La Piedad, fue vendido. La operación inmobiliaria quitó así a la Iglesia de varias dependencias y hasta de la casa habitación del párroco.
La venta fue el punto final que desató el enojo y el escándalo dentro de la Iglesia y fue consecuencia de un diálogo frustrado.
«Durante cuatro gestiones episcopales, desde monseñor (Adolfo Servando) Tortolo en adelante hasta hoy, y durante el ejercicio de ocho párrocos -yo soy el octavo- se ha intentado un diálogo pacífico para llegar a una solución con las hermanas de la Congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, que tuvieron durante mucho tiempo el Hogar San Antonio. Ahora queda una sola, la hermana Carmen», dijo Haller.
«Ha sido un extraño procedimiento, por no usar otro adjetivo, de la congregación, con la cual ha sido imposible dialogar. Lo digo en primera persona, y no quiero entrar en detalles ahora, porque ustedes han venido a celebrar por otro motivo pero es necesario que sepan porque esto va a tomar curso público. No se ha podido dialogar y nos han informado que han vendido», explicó a la feligresía el sacerdote.
Después de aquella homilía de tono belicoso, llegó la batalla judicial.
A mediados de agosto de 2022 la Iglesia presentó una denuncia penal por el supuesto delito de usurpación contra el médico odontólogo Jorge Sapetti. El escrito, con el patrocinio del abogado Mario Martínez, fue firmado por el arzobispo Juan Alberto Puiggari, el párroco de Nuestra Señora de la Piedad, y un grupo de laicos, y procura que la Justicia dirima un conflicto de envergadura que se entabló, primero, entre la Iglesia local y la comunidad de las monjas Franciscanas Terciarias de la Caridad, y ahora con Sapetti, que desde 2021 tiene la titularidad del edificio.
Pero el Ministerio Público Fiscal desestimó la denuncia y la archivó.
La Fiscalía constató que no se verificó el delito de usurpación por parte de Sapetti, quien aportó documentación que prueba que adquirió ese inmueble, el cual le fue vendido por la comunidad Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caridad, que supieron tener actividad en Paraná pero que ya no: sólo queda una sola religiosa que ocupa una segunda propioedad, que comparte con la casa parroquial de Nuestrra Señora de las Piedad.
«Que analizando el caso -dice la fiscal María Jimena Ballestero en su resolución-, y a los fines del juicio de adecuación corresponde subsumir el suceso denunciado en el delito de Usurpación -artículo 181 del Código Penal- figura que requiere para su configuración que el despojo ( total o parcial) de la posesión o tenencia de un inmueble se produzca por los medios enumerados taxativamente por la ley, esto es violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad». Pero esos presupuestos no se dieron en el caso del exAsilo San Miguel.
Luego del fracaso en sede penal, el Arzobispado de Paraná siguió la pela en el fuero civil.
Aunque la propiedad es de Sapetti la jueza permitió que la Iglesia siguiera utilizando el edificio del exAsilo San Antonio en calidad de okupas.
Sapetti , dice la resolución de la jueza Sione, «acompañó escritura pública de compraventa del inmueble, en la cual se consignó que el bien se enajena libre de ocupación». Al edificio se lo vendió la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad. «Apreciando las declaraciones de los testigos propuestos por ambas partes, si bien sus expresiones parecen contradictorias, acreditan el mantenimiento de un sector del bien y el otro sector está sin mantenimiento», detalla la resolución judicial.
Para hacer lugar al planteo de «interdicto de recobrar» que planteó el Arzobispado de Paraná en conjunto con la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, la jueza Sione detalló: «Los testigos propuestos por la parte actora dan cuenta que el inmueble se ocupaba por distintos grupos de personas que realizaban actividades autorizadas por la Parroquia o el Arzobispado. Las referidas tareas se efectuaban regularmente con frecuencia semanal, variando el día en que cada grupo concurría. Los testigos ilustran que en el lugar se ubicaban los baños destinados al uso de los asistentes a las ceremonias religiosas».
Así, «reunidos los requisitos de procedencia, cabe hacer lugar a la pretensión de interdicto de recobrar interpuesta por el Arzobispado de Paraná y la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad». Entonces la jueza Sione condenó a Sapetti, dueño del edificio del exAsilo San Antonio, «a que en el plazo de diez días de quedar firme la presente, proceda a la restitución de la tenencia del inmueble sito en calle Italia N° 398 esquina Paraguay de Paraná, libre de todo ocupante y de ocupación, bajo apercibimiento de realizarse su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública».
Por ahora, la batalla judicial por ese predio de la Iglesia Católica sigue con final abierto.