Por Gustavo Blanc (*)

El Poder Ejecutivo Nacional anunció que no pagará más el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). La noticia así de escueta impactó sobre todos los docentes argentinos que verán cómo pierden un porcentaje que varía entre el 5 y el 10 % de su salario.

Esta noticia puso en alerta a los docentes y a la mayoría de los gobiernos provinciales que hasta evalúan ir a la Justicia o acudir al Poder Legislativo nacional para evitar este recorte en el sueldo de los maestros y las maestras de sus jurisdicciones.

El hecho, ya de por sí grave, dado el contexto inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo salarial, empeora si tenemos en cuenta lo que significa este recorte y otros anunciados por el Ejecutivo nacional en educación.

El Incentivo Docente se cobra desde 1998 y fue consecuencia de la recordada Carpa Blanca sostenida por los docentes de todo el país durante más de 1.000 días y no solo significó en ese momento –y significa ahora- un refuerzo a salarios magros, sino que conceptualmente significa que el Estado Nacional es corresponsable –junto a las Provincias- de la educación de los argentinos y argentinas.

Esto no es menor. Luego del Incentivo, vinieron otras leyes que profundizaron ese concepto de corresponsabilidad –las llamadas leyes de financiamiento educativo- y que obligan al Estado Nacional a invertir en educación. Es así que desde 1998 hasta aquí hubo inversiones –insuficientes, pero inversiones al fin- en construcción de escuelas, libros, materiales didácticos, herramientas y materiales para escuelas técnicas, etc- financiadas por el Estado nacional.

Estas inversiones fueron insuficientes, pero si no hubiesen estado la situación en cuanto a condiciones edilicias y material didáctico, sería aún peor que la actual. Dada la insuficiencia de las inversiones, lo que hay que hacer es optimizarlas, controlar que lleguen en su totalidad a destino y aumentarlas, pero de ninguna manera sacarlas o dejar de invertir.

Con sorpresa vemos que al sacarse el Incentivo Docente y otros planes nacionales que iban justamente a material didáctico e infraestructura, se habla de “reducir el gasto”. Y ahí hay un problema conceptual sumamente importante. No es gasto en educación, es inversión en educación.

Muchas veces se escucha desde la dirigencia política que apostar a la educación es lo que salvara al país, que de la crisis económica social y cultural se sale con más y mejor educación, pero si esto no se traduce en fondos, en inversión, quedan estos postulados como huecos.

Hay que advertir que es una mentira si alguna provincia dice que no necesita los fondos nacionales puesto que se va a arreglar con fondos propios. Eso es insostenible. Si una provincia puede hacerse cargo del Incentivo Docente que deja de pagar Nación, lo que va a hacer es aumentar menos el resto de los ítems que sí están a su cargo. Por ejemplo, si cubre los $28.700 que cada docente cobra de Nación Entre Ríos o cualquier otra provincia va a aumentarle $28.700 menos en otros códigos salariales. Si la plata está para salarios, que la provincia la ponga en salario pero que no deje de venir ese dinero de Nación. Que Nación no recorte el presupuesto educativo, que no se desligue de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Lo mismo en cuanto al material didáctico. Si algún gobernador saca pecho y dice que va a cubrir con fondos propios el equivalente al material didáctico y a los fondos por infraestructura que enviaba Nación, que ponga ese dinero en las siempre magras partidas de librería y limpieza y luche judicial y legislativamente para que Nación siga invirtiendo en educación que no es otra cosa que invertir en el futuro de todos los argentinos.

 

 

(*) Gustavo Blanc fue secretario general de la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); actualmente es congresal.