Este lunes se inician los alegatos de las defensas en el marco de la extensísima audiencia de remisión a juicio de la causa que involucra al exgobernador Sergio Daniel Urribarri y, entre otros, al empresario Diego Armando Cardona Herreros, en el supuesto pago de coimas.
Ya se escucharon los argumentos de la Fiscalía, a cargo de Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y el juez de Garantía Julián Vergara rechazó, primero, el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de Cardona Herreros, y luego, el planteo de sobreseimiento del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, también imputado en la causa.
Quinto hecho: “Licitación Pública 02/2015. Continuidad 01/08 y 48/11: Sergio Daniel Urribarri, como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, en la continuidad del plan tendiente a generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, iniciado con el procedimiento de licitación 01/08 intervino suscribiendo el Decreto Nº 788/2015 MEHF que adjudicó la licitación a la empresa Relevamientos Catastrales SA. Así, en fecha 02.12.14 se dio inicio al expediente administrativo Nº 1.655.192 a instancia de Miguel A. Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones de la Provincia, que tenía por objeto la contratación de una consultoría técnica informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones, que estaba en uso. En tal cometido, Carlos M. Haidar, director general de Informática de la Provincia elaboró el presupuesto estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de prórroga por 6 meses más, calculándolo en $400.000 mensuales, tomando como parámetro el precio la Licitación Pública 48/11 atento la similitud de prestaciones (60% de dicha contratación). Por su parte, Luis Alfonso Erbes, secretario de Presupuestos y Finanzas de la provincia, coordinó previamente la gestión de la contratación con Cardona Herreros, y por su intermedio, se adelantaron a este último los pliegos de condiciones de la licitación. El llamado a licitación fue aprobado por Decreto 58/2015 MEHF de fecha 21/01/2015, firmado por el Gobernador Sergio Daniel Urribarri. Sin otros oferentes, Relevamiento Catastrales S.A resultó adjudicataria con su oferta de $652.800 mensuales que hace un total de $7.836.600 por los 12 meses suma que comprendía la de aproximadamente $102.000) mensuales previsto como sobreprecios a distribuir entre los distintos funcionarios provinciales intervinientes, por la realización de actos relativos a sus funciones. Luego de cada período y efectuada la certificación de cumplimiento de servicio de las direcciones por parte de Miguel Ulrich y Carlos Haidar, Dirección de Liquidaciones y Control de Haberes y de Dirección de Informática, cada uno de ellos percibía una contraprestación de la empresa por la realización del trámite que ascendía a $5.000. El 30/03/2016 se inicia el Expediente Nº 1.825.229/16, en el cual se tramita la prórroga de la licitación mencionada. La misma es promovida también por Miguel A. Ulrich, como director de Ajustes y Liquidaciones, justificándose en que `si bien se han avanzado en las tareas objeto de la contratación resta la incorporación definitiva del Escalafón docente del CGE al sistema de liquidación con lectura de la base de datos SAGE”. El 24/11/2016 se inicia un nuevo expediente vinculado a esta contratación, el Nº 1919062, a instancias nuevamente del director General de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Angel Ulrich, en su interés de prorrogar el contrato vencido el 15/10/2016 con Relevamientos Catastrales, hasta la adjudicación de la licitación en trámite mediante Expediente Nº 1.881.781, alegando que es necesario contar con soporte de software por la incorporación del escalafón docente del CGE (lo que ya había sido el objeto de la prórroga anterior) que se realiza a partir de ese mes, con lectura directa de la base de datos SAGE. Este trámite fue dejado sin efecto luego de que la Directora de Asuntos Jurídicos del MEHyF, Dra. Sandra Varas, dictaminara que al no haberse contemplado oportunamente la posibilidad de nueva prórroga, correspondía una nueva licitación”
Sexto hecho: “Licitación Pública 84/13 (Ministerio de Trabajo): El favorecimiento a la empresa de Diego Armando Cardona Herreros, ocurrido al menos desde 2007, por parte de Sergio Daniel Urribarri, como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13, realizada en el Ministerio de Trabajo de E.Ríos, con el propósito de generar un lucro indebido para sí y para Cardona. Así, al menos desde el mes de mayo de 2012, el ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, quien estaba en conocimiento del plan ideado, inició tratativas con Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA., quien anticipadamente le indicó a Smaldone, las prestaciones que se le iban a proponer y las condiciones de los futuros pliegos de especificaciones técnicas. Así, el día 03/07/2012 se dio inicio al Expediente Administrativo N° 1.346.886, a instancia de un pedido formulado por Smaldone, fechado en 26/06/2012, dirigida al director de Informática de la Provincia, Carlos Marcelo Haidar, para contratar un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de Software de gestión Integral del Ministerio de Trabajo. Frente a tal petición Haidar, envió al ministro Smaldone aquel modelo de pliego de condiciones específicas y técnicas que había elaborado el propio Cardona a medida de lo que iba a ser su propuesta. El día 23.07.2013, a través del Decreto 2320/2012 MT, firmado por Sergio Urribarri como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y de Guillermo Smaldone, como ministro de Trabajo se aprobó el llamado a licitación, el que fue luego anulado por Decreto N° 3945/13 MT de fecha 01/11/2013, firmado por Urribarri y Smaldone, el que también dispone la realización de un nuevo llamado. En esta segunda oportunidad nuevamente como única oferente, Relevamientos Catastrales S.A. realizó una oferta económica que ascendía a $550.000 mensuales, por los 36 meses de contratación, ascendiendo el monto total a la suma de $19.800.000, importe que fue considerado por Marcelo Haidar, director de Informática de la Provincia de Entre Ríos, en dictamen del 16/12/13, como `favorable a los intereses del Estado` (pese a que su estimación económica inicial había ascendido a $340,000 mensuales). En el mismo sentido se pronunció el propio ministro de Trabajo en un dictamen emitido un día después. El día 20/01/2014, se adjudicó la contratación a la empresa Relevamientos Catastrales con la firma del Decreto Nº 32/2014 MT, suscripto por Sergio Urribarri y Guillermo Smaldone, para perfeccionar de esa manera la maniobra tendiente a favorecer a Cardona Herreros, con pleno conocimiento de que a cambio de este favorecimiento y durante la ejecución del contrato se había acordado previamente con la contratista, un sobreprecio de aproximadamente $155.000 mensuales que fue distribuido entre los funcionarios públicos provinciales intervinientes, como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos, así como una ganancia extraordinaria para el empresario Cardona Herreros. Por la intervención descripta, durante el desarrollo del procedimiento Licitatorio Nº 54/13 (anulado) y 84/13) Guillermo Smaldone percibió la suma $50.000 mensuales, Sergio Daniel Urribarri $40.000 mensuales, Luis Alfonso Erbes, secretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos, la suma $20.000 mensuales y Carlos Marcelo Haidar, director de Informática de la Provincia, la suma $5.000 mensuales durante al menos 36 meses».
Las penas
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
- Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
- Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
- Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
- José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora