Desde el martes Paraná está sin servicio de colectivos. Ya la situación, lejos de encontrar un cauce, va a ir agudizándose con el correr de los días. Esta vez, a diferencia de situaciones parecidas, no hubo ninguna manifestación pública de la Municipalidad, que sostiene la prestación a través de subsidios; ni tampoco de la Provincia, que es responsable de la concesión en el área metropolitana -Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull- y que también aporta subsidios al sistema.
Buses Paraná, la concesionaria que asumió la prestación del servicio en 2018, responsabilizó a la Municipalidad de Paraná y al esquema tarifario aprobado por el Concejo Deliberante, en febrero pasado, por la debacle del sistema. «Actualmente -planteó la empresa- la ciudad de Paraná se encuentra sin transporte urbano de pasajeros en colectivo como consecuencia de que la Municipalidad de Paraná, al determinar la tarifa vigente, realizó y aprobó cálculos
económicos que distan de la realidad. El valor promedio percibido de pasajes vendidos en el
sistema en el mes de marzo de 2024 representa menos del 50 % de la tarifa. La viabilidad del sistema requiere que la Municipalidad de Paraná se haga cargo de los beneficios que otorga a los usuarios».
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La tarifa se triplicó en Paraná: pasó de $204 a $680; y se cuadriplicó en el área metropolitana, de $204 a $830.
El concejal Enrique Ríos, presidente del bloque del PJ en el Concejo Deliberante de Paraná, da un diagnóstico demoledor: «La situación se va a ir agravando. Si el servicio no funciona, las empresas no tienen recaudación. Además, no he visto la predisposición de la empresa de hacerse cargo de la obligación salarial con los trabajadores. En este marco de falta de prestación, el Estado cuenta con las herramientas para decretar la caducidad de la concesión. Eso está establecido en los pliegos de la licitación y también en el marco regulador. Se puede dar ya la caducidad».
El edil habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y consideró la postura de Buses Paraná como «extorsiva».
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«Claramente es una situación de extorsión. Acá tenemos un sector empresario que ha trabajado en dependencia de los subsidios del Estado, sin inversión en la flota de coches en circulación. Siempre ha recurrido a la extorsión, al apriete. Y ponen a los usuarios como rehenes de un servicio que es caro e ineficiente», señaló.
Ríos alertó respecto de la necesidad de que los intendentes del área metropolitana también se manifiesten sobre la situación del transporte y que no toda la responsabilidad recaiga sobre la Municipalidad de Paraná.
-¿Imagina el escenario con otro prestador del servicio?
-A título personal, entiendo que el ciclo de Ersa -porque la empresa Mariano Moreno es subsidiaria, está terminado. Esto lo digo por la forma cómo ha prestado el servicio. Tienen que cumplir determinadas condiciones, y no las han cumplido. Hoy la calidad y la forma en que se presta el servicio es deficiente. En estas condiciones no puede haber prórroga ni renovación de la concesión. Una alternativa sería que ingresen otros prestadores. En estos momentos vemos muy claramente los incumplimientos: hay causales suficientes para decretar la caducidad de la concesión.
-¿Cuáles son las condiciones en que se presta el servicio?
-Un dato que no es menor: hace 15 días, en el marco de lo que ha sido la ordenanza de emergencia, y de reestructuración del servicio, se hicieron inspecciones se han encontrado situaciones de suma gravedad; huecos en los corredores de los colectivos, coches que se llueven, que no tienen luces, que no tienen matafuegos, no tienen el martillitos para romper las ventanas en caso de emergencia. Son situaciones muy desastrosas en las unidades, ni que hablar con los asientos rotos, ventanas rotas. El estado de la flota es lamentable. El cálculo que yo hago es que el promedio de antigüedad de los coches es de 12 años.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora