Por Graciela Bar (*)
La Ley Nacional 27.701 que aprueba el Presupuesto para el año 2023, reconducido y vigente para el corriente año, prevé para Entre Ríos en el capítulo de Educación, importantes fondos no solo para complementar el salario docente sino también para el desarrollo de gran cantidad de programas y proyectos tendientes a la mejora de la calidad educativa y la inclusión de estudiantes en el sistema obligatorio.
En primer lugar, es necesario recordar que la Ley 25.053 del Fondo Nacional de Incentivo Docente, hoy dejada sin efecto por un DNU del Gobierno Nacional, fue sancionada en el año 1998 y prorrogada anualmente por las leyes de Presupuesto. Permitió el inicio de clases luego de meses de conflictos docentes, expresados en la Carpa Blanca en la Ciudad de Buenos Aires durante 1.003 días en la que participaron docentes de todo el país, académicos, personalidades de la cultura, la ciencia, asociaciones no gubernamentales, para reclamar el aumento de los fondos destinados a educación y la revalorización del salario. El Fondo significó un importante aporte pues representa, en Entre Ríos, un 12,4% del salario que percibe el docente, previéndose para el año 2023 la suma de $ 5.169.728.348.
Relevante es tener presente, en estos tiempos de recortes y ajustes, lo previsto en la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 que estableció el aumento de la inversión a un 6% del Producto Interno Bruto para educación, ciencia y tecnología en el Presupuesto Nacional. Constituyó una asignación específica de recursos coparticipables (en los términos del Inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional) que fueron distribuidos a todas las provincias teniendo en cuenta indicadores vinculados con matrícula, cantidad de establecimiento, ruralidad, población no escolarizada, correspondiéndole a Entre Ríos una afectación del 3,33 %.
Creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente que significó transferir fondos a aquellas provincias que no alcanzaban a financiar el salario inicial mínimo establecido en la Paritaria Nacional Docente, posibilitando así disminuir las desigualdades sociales en una concepción integral y solidaria de Nación.
Con los recursos de esta ley, en el Presupuesto Nacional del corriente año, se previó para Entre Ríos, el financiamiento de programas que permiten la gestión de políticas socioeducativas ($ 1.422.291.240), de Información y evaluación de la calidad educativa ($ 38.227.017), obras de infraestructura y equipamiento ($ 922.827.129), de innovación y desarrollo de la formación tecnológica ($ 575.746.018), de formación y profesionalización docente ($ 201.945.304), de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles ($ 657.358.687) y de fortalecimiento y acompañamiento de organizaciones educativas ($ 25.707.497).
Ante esta realidad, cabe interrogarnos entonces, ¿en qué proyectos se aplicarán los recursos enunciados y disponibles? ¿Cuál es el Plan de la Secretaría de Educación de la Nación y las acciones concretas para nuestra provincia? Además de la real devaluación del salario docente y el potencial desfinanciamiento de la educación en su conjunto, es necesario que la población tenga conocimiento de la inversión en educación ya que los recursos presupuestarios se conforman gracias a los tributos que los ciudadanos aportamos al Estado provincial y nacional.
Es imprescindible que las autoridades provinciales reclamen lo que corresponde a Entre Ríos para contar con los recursos necesarios y así poder cumplimentar lo establecido en la Constitución Provincial y la Ley de Educación Provincial fortaleciendo los procesos de transformaciones curriculares en todos los niveles y modalidades, la inclusión de las tecnologías de la información y el conocimiento, proyectos transversales (Derechos Humanos, Educación Ambiental, Educación Sexual Integral-ESI), la formación continua en la que participa un alto porcentaje de docentes de gestión estatal y privada, la revalorización de las Escuelas Técnicas y Agrotécnicas y la continuidad de la Educación Profesional Secundaria aplicada en tan solo once escuelas en la provincia, en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional.
(*) Graciela Bar fue senadora nacional por Entre Ríos; expresidenta del Consejo General de Educación (CGE).