La concesionaria del servicio de transporte urbano Buses Paraná rechazó la intimación que le hiciera la administración de la intendenta Rosario Romero por la parálisis en la prestación -que este martes cumplió una semana debido al paro de los choferes que reclaman que les paguen los salarios- y tildó esa acción como” ilegítima”. Además, rechazó esa intimación “por inexacta y lesiva” y conminó a la Comuna a “abstenerse de aplicar sanciones o tomar medidas que afecten la permanencia del vínculo contractual, bajo su exclusiva responsabilidad”.
El Municipio le había advertido a Buses que “nada justifica” la paralización del servicio por falta de pago de salarios a los choferes a lo que la concesionaria respondió que la falta de prestación es por “la medida de fuerza de la UTA quien está reclamando mejoras salariales de los choferes de la concesión, o cual impide su continuidad”.
Señaló la empresa que “el conflicto gremial tiene varias aristas, las que todas convergen en la lesión grave a la ecuación económica financiera del contrato, cuya única responsable es el Municipio de la Ciudad de Paraná y su gestión de gobierno, que no atiende los reclamos económicos contractuales de las empresas realizadas en sendas oportunidades, ni abona las diferencias adeudadas (ya reclamadas oportunamente) que se arrastran desde hace varios años, poniendo al borde del quebranto a las empresas que represento”, dice la presentación que firma Marcelo Lischet en representación de Buses Paraná.
“Es cierto que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han abandonado a su suerte al municipio en materia de subsidios en transporte público urbano, lo que ha generado una alteración grave en la ecuación económica financiera del contrato entre las partes, que ha erosionado la base del negocio y la equivalencia entre el derecho a percibir un precio justo en relación a las obligaciones asumidas y al costo de la operatividad de la concesión, pero no es cierto que el Municipio no sea deudor de las empresas de transporte en cuestión ya que existen sendos reclamos de deudas atrasadas y no abonadas cuya resolución se encuentran pendientes o a la espera de ser resueltas conforme lo exige el artículo 107 inc. LL de la ley 10.07”, agrega.
Acepta la prestadora que “la ciudadanía no puede ni debe tolerar la falta de un servicio como el de transporte que afecta a los usuarios del mismo (en este caso a causa del paro de UTA) pero decir que el municipio y su gestión `es ajena a tal crisis del servicio` es falso y es huir de las obligaciones legales a cargo, siendo un deber inclaudicable de las autoridades votadas por el pueblo de la ciudad solucionar el problema actual del transporte denunciado, haciendo los aportes necesarios y requeridos para sostener el costo actual y real del servicio, reparando la equivalencia denunciada, garantizando así su continuidad, ya que la parte incumplidora del contrato no han sido las empresas sino el propio municipio a quien se le ha reiteradamente reclamado las deudas devengadas por éste”.
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Reprocha también al Estado municipal que “ha permitido el atraso tarifario conjuntamente con el impacto de la devaluación y de la inflación que ha cooperado a dicho deterioro, que sumados al desinterés de la gestión en esta materia se ha lesionado gravemente la economía del mismo, omitiendo lo expresamente dispuesto en el artículo 240 inc 1 de la CP siendo las autoridades municipales las que deben velar por la continuidad del servicio”.
“En consecuencia, rechazamos la intimación por incausada e ilegítima, por lo que el restablecimiento del servicio requerido depende exclusivamente de la intervención del municipio que debe ajustar la tarifa y debe realizar el pago de lo adeudado y reclamado oportunamente por este a las empresas, a los fines de normalizar todas las variables económicas que mantienen operativa que la misma mantiene con los trabajadores del sector, cuyo destino laboral depende de la actitud e intervención oportuna del Municipio en favor de la restitución del equilibrio financiero del contrato y del servicio acordado”, apunta.
Y apunta: “No es cierto que en ningún caso el concesionario no podrá dejar de prestar el servicio conforme el pliego, ya que recordamos que la paralización del servicio es por razones de fuerza mayor (paro de UTA) y que está vinculado directamente a la falta de capacidad económica de la empresa frente a la omisión del municipio en restablecer la ecuación económica financiera del contrato y de pagar lo que le debe atrasado, siendo insuficiente la exhortación expuesta y que por la presente se contesta”.
En ese marco, Buses Paraná rechazó la intimación de la Municipalidad por “ilegítima” y exigió a la Comuna que se abstenga de “aplicar sanción de caducidad del contrato o cualquier otra a las empresas”. Además, reclamó que se “abra una instancia de negociación con la empresa y los trabajadores a los fines de renegociar el contrato respectivo y la tarifa”
De la Redacción de Entre Ríos Ahora