La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos reclamó al Colegio de Abogacía de Entre Ríos que actúe sobre miembros del foro local que han hecho manifestaciones públicas y en audiencias judiciales que se constituyen en verdaderas «amenazas» y expresiones con «falta de respeto» hacia miembros del Poder Judicial. En particular, reprochan la seguidilla de presentaciones hechas ante el Jurado de Enjuiciamiento con un pedido de sanción para jueces y fiscales.
La Magistratura le puso nombres propios a esa presentación: apuntan contra los abogados Fernando Burlando, que se incorporó a la defensa del exgobernador Sergio Urribarri que busca llegar a la Corte para dar vuelta la condena a 8 años de cárcel dictada en el magajuicio, y Carlos Guillermo Reggiardo, que representa al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, quien batalla contra dos investigaciones penales, por pago de sobreprecios en obra pública y por supuesto enriquecimiento ilícito.
En la extensa presentación que hizo la entidad sostiene que «ha llegado un punto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejaciones inútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados, impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimiento de las mismas, en general, y de la administración de justicia, en particular, es un objetivo común que compartimos vuestro Colegio y nuestra Asociación y que debemos profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana».
El presidente de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, participó de la reunión de comisión directiva del Colegio de la Abogacía, que se realizó el viernes, en La Paz, expuso lo que plantea formalmente la nota presentada.
El texto pone de manifiesto lo que considera como un “escenario hostil al que se enfrenta el Poder Judicial en su conjunto, y determinados/as miembros de la Magistratura y de los Ministerios Públicos en particular, al utilizarse o amenazarse, por parte también de determinados profesionales del derecho, con la acción constitucional ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, o del Juicio Político y/u de otras denuncias, recusaciones y presentaciones administrativas y/o judiciales, como instrumento de presión y condicionamiento para el ejercicio de nuestra –también función constitucional”.
La presentación enumera una serie de situaciones que han tenido repercusión pública.
Al respecto, sostiene que “generan preocupación las manifestaciones públicas del abogado Fernando Burlando, que -según él mismo ha afirmado por distintos medios de comunicación- cuenta con un pedido de matriculación profesional en trámite por ante vuestro Colegio, y quien se ha referido de manera despectiva sobre el Poder Judicial entrerriano, y sus integrantes. Más aún, particularmente lo ha hecho respecto de aquellos magistrados y funcionarios judiciales que intervinieron -ya sea en la etapa de investigación, juicio y/o recursos- en las causas penales por las cuales se condenó al ex Gobernador Sergio Urribarri por distintos delitos contra la administración pública, endilgándoles a aquellos constituir, nada menos, que un ´escuadrón de fusilamiento judicial´”.
“Calificó también la investigación y el posterior juicio como una ´aberración jurídica´, con ´actas truchas´ y con medidas (por ejemplo: embargos) dispuestas con el único fin de ´generar un impacto mediático´. Para el abogado Burlando, no solo se trata de ´una gigantesca causa armada´ y ´gestada ilegalmente en el seno de ciertos sectores del poder judicial´, sino que además, constituyó ´una aberración y un ensañamiento grosero e ilegal´, un ´verdadero linchamiento judicial y mediático´, en el que Jueces y Fiscales de la Provincia se habrían erigido como un ´pelotón de fusilamiento´ en contra del ex Gobernador”, señaló.
La Magistratura recordó que Burlando apuntó contra miembros del Poder Judicial de Entre Ríos que, al juzgar y condenar a Urribarri, habrían dado “un duro mensaje a la clase política, de parte de puntuales magistrados”: Elvio Garzón, José María Chemes, Julián Vergara, Marcela Badano,Marcela Davite, Hugo Perotti, Evangelina Bruzzo y Ricardo Bonazzola, entre otros, “prometiendo -en consecuencia- juicios políticos, denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento, denuncias penales por prevaricato y otros delitos que también menciona, y recusaciones varias, de manera ´inminente´».
La entidad planteó que “expresiones como las antedichas, por parte de quien pretende ejercer el derecho en nuestra Provincia y ante nuestros tribunales, solo tienen la finalidad de socavar la confianza y credibilidad en estos últimos, a la vez que generar zozobra en sus miembros. Por ello, y dado que la custodia de la independencia judicial compromete a todas las instituciones de la Provincia, entendemos entonces que el Colegio de la Abogacía, quien además de su importante rol constitucional y presencia institucional, integra organismos como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, no puede estar ajeno a aquello, recordando los límites éticos del ejercicio de la profesión de abogado, los derechos y obligaciones que surgen de la Ley N° 10.855, y el respeto que debe tenerse por las decisiones judiciales, como actos de toda República, más allá de su disenso con las mismas y de los remedios que se interpongan ante ellas”.
Luego, suma otro caso. Y al respecto dice que “no podemos dejar pasar la conducta que el abogado Carlos Guillermo Reggiardo viene sosteniendo ante distintos tribunales y fiscalías de la Provincia, abonando a aquel clima hostil que advirtiéramos en párrafos anteriores, y que también se manifiesta con hechos específicos, que entendemos de suma gravedad”.
“La conducta del profesional referido ya ha sido reprobada por nuestra institución, ante la vuestra, en por lo menos tres oportunidades, cuando acompañamos las presentaciones realizadas por la Dra. Flavia Villanueva (Agente Fiscal de Victoria), y los Dres. Alejandro Calleja (Juez de Garantías de Victoria) e Iván Yedro (Agente Fiscal de Victoria); más allá de que las autoridades de vuestro Colegio pueden calificarlas por sí mismas, a partir de las distintas apariciones mediáticas y periodísticas que aquel realiza de manera frecuente, siempre en el mismo medio digital y radial”, puntualizó.
“Todas esas situaciones en las que formalmente intervenimos ante vuestra institución, entendemos, rebasan los límites del más elemental comportamiento ético que debe guardar cualquier profesional de la abogacía en el ejercicio de su ministerio, llegando incluso aquel, a denostar pública y mediáticamente (entrevistas, redes sociales) a funcionarios/as y magistrados/as en aspectos de su vida privada y personal. A ello se suma también lo institucionalmente grave de utilizar la herramienta de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de manera persistente, por razones que pueden encontrar solución en el propio proceso, a través de los remedios respectivos, trocando así el sistema de control jerárquico de las decisiones judiciales -estrictamente jurídico- por el control político de la conducta de los/las integrantes del Poder Judicial, en lo que hace al cumplimiento de sus deberes y obligaciones”, indicó.
Y enumeró las denuncias de Reggiardo contra el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, y el fiscal de Coordinación de Paraná, Álvaro Piérola, “y también, de los términos de la recusación presentada contra el juez de Garantías de Paraná, Dr. Eduardo Ruhl, por sus intervenciones en las causas ´Rossi, Domingo Daniel y otros s/Peculado´ y ´Díaz, Patricia Teresa y Rossi, Domingo Daniel s/Enriquecimiento Ilícito´. El Dr. Walter Carballo fue el Juez de Garantías actuante en la causa en la que se investigó al Sr. Domingo Daniel Rossi -defendido por Reggiardo- por un presunto peculado, por causa de una obra pública realizada en la localidad de Santa Elena, en su anterior gestión como Intendente de la misma”.
Carballo fue denunciado en dos ocasiones ante el Jurado de Enjuiciamiento: la primera vez en 2019, denuncia que fue desestimada; la segunda, en marzo último.
Para la Asociación de la Magistratura la denuncia ante el Jury contra el juez Carballo “no es sino una represalia”.
“Un caso íntimamente emparentado al anterior, es el del Fiscal de Coordinación, Dr. Álvaro Piérola, quien actúa como representante del Ministerio Público Fiscal en ambas causas que involucran al Sr. Rossi, y también en la que involucra a su cónyuge, la Senadora Provincial y Presidenta del H. Jurado de Enjuiciamiento, Patricia Teresa Díaz; es decir, la del presunto peculado que se está juzgando en los tribunales de La Paz, y la de presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investigan inversiones no declaradas del matrimonio aquel, en la República Oriental del Uruguay. Respecto del Dr. Piérola, también tanto Rossi como el abogado Reggiardo, han tomado su actuación funcional como una afrenta personal, desconociendo las legales obligaciones de aquel; al punto tal que el segundo le ha dedicado epítetos descalificantes de su propia historia personal y profesional como familiar de una persona detenida desaparecida durante la última dictadura militar (1976/1983) y como abogado de causas de lesa humanidad ante los tribunales federales de la provincia, acusándolo de ´tirar a la basura´ el vínculo de su apellido –que obviamente no involucra solo al Dr. Álvaro Piérola, sino a toda su familia, e incluso a la familia de Fernando Gabriel Piérola, asesinado en la masacre de Margarita Belénc on los derechos humanos”, observó.
Enriquecimiento: el abogado de Rossi sumó recusados y pidió apartar al juez Ruhl
Además, -añade la presentación de la Asociación de la Magistratura ante el Colegio de la Abogacía- “denuncia la existencia de una supuesta ´mesa judicial´ -sea lo que fuere que ello significa- en Paraná, integrada por funcionarios públicos de distintos órdenes, que tendría como objetivo dirimir la interna política del PJ (imaginamos se refiere al Partido Justicialista) y que por eso ´elonga las causas contra Rossi y Díaz´, calificando a nuestro Poder Judicial como ´corrupto´, porque se arman causas (penales) contra sus defendidos”.
La intervención del abogado Rossi “no deja de ser una afrenta sobre otra hacia distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial”, señala la presentación, y “una falta total de respeto, no solo a las personas a las que dirige suparticular diatriba, sino a también a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial que representamos, sus miembros y Consejo Directivo, y al Poder Judicial en su conjunto, lo que a realmente resulta intolerable”.
“La vaguedad y generalidad de sus manifestaciones; la falta de la más mínima comprobación de lo que expresa; el desconocimiento supino del derecho que invoca -como la existencia de un fuero parlamentario que impide solicitar un exhorto internacional-; la violencia con la que apoda de manera denostativa a los funcionarios judiciales a los que denuncia o recusa; la burla recurrente hacia miembros de la magistratura y/o de los ministerios púbicos; la liviana atribución de responsabilidades criminales y/o de conductas delictivas a magistrados y/o funcionarios judiciales; y su pública definición de un Poder Judicial corrupto, englobando así a todos/as sus miembros, cualquier sea su función y/o jerarquía resultan de una gravedad tal, que impone la intervención impostergable de ese Colegio de la Abogacía, con el rigor que todo lo manifestado amerita”, apunta.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora