“Despedidos hace 6 años de El Diario de Etchevehere seguimos esperando que el juez Moia haga pagar las indemnizaciones”.


Este miércoles 15 de mayo, El Diario, de Paraná, celebró 110 años de existencia. Otrora hubiera significado un acontecimiento social de envergadura: autoridades que daban el sí, presente, cobertura con foto y crónica, un ágape de ocasión, y los discursos acartonados.

Pero ahora nada de todo eso. El Diario es ahora una nave a la deriva. Ya no lo dirigen los Etchevehere  -en 2012 se desprendieron de la mayoría accionaria-: lo timoneó primero el financista Walter Grenón, después Ramiro Nieto y ahora es una incógnita quién está detrás de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma que edita un diario papel que ahora sólo se imprime en fines de semana.

Oscar Riani, un histórico trabajador gráfico de El Diario, tuvo una idea: este miércoles se paró frente al añoso edificio de El Diario, en Urquiza y Buenos Aires, y posó con un cartel; también pegó un cartel. Ese papel recuerda que El Diario echó hace ya largos seis años a más de 80 trabajadores sin pagarles indemnización, que la empresa está en concurso de acreedores camino a la quiebra y que el trámite está, desde 2018, en manos del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Luis Moia.

Oscar Riani imprimió un texto breve con el rostro del juez Moia. Posó, con esa frase y esa imagen del magistrado, en la puerta de El Diario.

Un gesto quijotesco, solitario, a lo mejor desesperado.

Nadie sabe de qué va el concurso, cuánto tiempo insumirá, qué ocurrirá mañana, después, cuando el concurso no pueda sostenerse más, qué será de El Diario, qué de sus poquísimos trabajadores que todavía quedan y cobran el salario en cuentagotas.

Las últimas novedades, arrancadas del texto de una resolución judicial cuenta esto:

El 26 de septiembre de 2023, el evaluador del concurso, el contador José María González, le pidió al juez que obligara a SAER a la presentación de información y documentación contable. La empresa no  cumplió con ninguno de los pedidos hechos y entonces el 20 de diciembre último  juez Moia designó un coadministrador de SAER, Valentín Cerini.

El 26 de diciembre el evaluador informó a Moia que para dar cumplimiento a la actualización de la valuación de las acciones sociales de SAER «resulta necesario la confección de un estado contable especial al 31 de diciembre de 2023. Planteó que «el Estado de Situación Patrimonial de la Concursada, practicado al 31.12.2023, y emitido con la participación del Sr. Coadministrador, deberá tener como respaldo el sistema contable de la Concursada, lo que brindará un marco de referencia y seguridad»

El 21 de marzo se presentó el coadministrador Cerini «a fin de adjuntar los estados contables período año 2022». En el mismo día se presentó ante el juez el evaluador «y señaló que debido a los días inhábiles desde el jueves 28 de marzo de 2024 al día martes 2 de abril, se reconsidere el plazo para presentar la actualización del Informe de valuación». Solicitó un plazo de 10 días hábiles.

Otra vez aparece el coadministrador Cerini y se explayó en que su labor que debía realizar en 40 días concluye el 3 de abril. Y que evacuar el pedido del evaluador, estado de situación patrimonial de SAER al 31 de diciembre de 2023, requiere de un tiempo más extenso. Y explicó que «a la fecha en la empresa se trabaja en el control de cuentas, y en forma conjunta con el contador externo Cr. Julio Deu, pero no se cuenta con fondos disponibles para el pago de sus honorarios. De ahí que no resulte posible su exigencia, sumado que al personal se le adeudan los salarios del período febrero y marzo/2024 -el 26/03/2024 se abonó 10% faltante de enero/2024. Destacó que el ingreso de fondos por caja es insignificante, y se ha recortado al mínimo la pauta publicitaria estatal», según transcribe en su resolución el juez Moia.

Cerini expresó que el 25 de marzo acudió a SAER el evaluador González «y se le puso a disposición los Estados Contables al 2022, y los registros contables para que pudiera evaluar sus variaciones más significativas a la fecha, a lo que respondió en forma negativa». Advirtió que «no es función del evaluador realizar una auditoría, pero sí considerar los resultados de la misma, para evaluar la integridad y confiabilidad de la información contenida en los mismos, como por ejemplo la salvedad que consta en el informe del auditor evidencia las debilidades en el sistema de registración contable de la concursada».

El juez Moia entendió que «más allá de las vicisitudes del trámite -v.gr. remoción del primer evaluador designado y su revisión por la alzada-, el curso del trámite se ha visto demorado por falencias en la contabilidad de la concursada. Sea por la falta de generación de información confiable o por la demora en cumplir con las
exigencias contables que establece la Ley general de sociedades (…) a la fecha se ha imposibilitado el determinar el valor que permita avanzar en la etapa de concurrencia».

 

«Las distintas observaciones realizadas tanto por el coadministrador designado en autos como por el evaluador dan cuenta de distintos incumplimientos y falencias en la gestión de la información contable. De ahí que deba intervenirse de modo más intenso en la administración de la concursada a fin de subsanar estos obstáculosy permitir el avance del trámite», dice el juez respecto de la respuesta que ha dado SAER en el trámite del concurso judicial. «Al presente, el directorio debería haber elaborado los estados contables y convocado a la asamblea de socios para su consideración (…,). De las constancias de la causa y los reclamos del evaluador se deriva que nada de ello ha sucedido», apuntó el magistrado.

Así, y ante «la falta de información regular disponible, de modo excepcional se deben ampliar las facultades del coadministrador designado en fecha 20.12.23 a fin de que genere la información requerida por el evaluador para cumplir con su cometido».Y reprochó «las falencias en la gestión societaria, por lo que los costos de estas diligencias, así como los honorarios derivados de la misma han de ser considerados como gastos del concurso»

El juez dispuso entonces «ampliar el cometido de la designación del coadministrador, Valetin Cerini, a fin de que arbitre los medios, por sí o por un tercero, para generar las certificaciones contables requeridas por el evaluador», José María González dentro del plazo de 20 días.

De ese modo se podrá llevar a establecer un costo del valor de El Diario y, seguir con el trámite del concurso o dictar la quiebra.

Es un final abierto, muy abierto. Casi una incógnita. O una insensatez. En cualquier caso, un insulto a los trabajadores, casi un centenar -se han sumado nuevos despidos-, que esperan algún día, cuando la maquinaria de la Justicia se active, cobrar las indemnizaciones de ley.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora